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Multas por ignorar pedidos de informes: una infeliz votación que expone al Concejo

El proyecto del edil Darío Jeannot se erigió en el tema sobresaliente de la sesión semanal. El oficialismo lo rechazó por mayoría. El problema es real y de larga data, pero debe solucionarse a través del diálogo político. Forzar votaciones en estos casos sólo contribuye a desprestigiar la actividad legislativa.

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En la sesión legislativa local de este miércoles el tema del día fue el proyecto de multas para los funcionarios municipales que no contestan los pedidos de informe de los concejales. Como ya se informó en Sur24, la iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que impuso sus cuatro votos y sumó una vez más ‘el quinto’ con el apoyo macrista, superando el número de voluntades que avalaban las severas sanciones a los incumplidores impulsada por el edil Darío Jeannot.

No es inédita la propuesta del bloque unipersonal Venado Renace, sino que estas imposiciones pecuniarias a funcionarios de gobierno se debatieron en los últimos tiempos en ciudades de distintas provincias, y en algunos casos esas iniciativas prosperaron.

Sin embargo, el Concejo local debió ahorrarse el tratamiento, sin antes profundizar lo suficiente, de un tema que no tenía entidad para erigirse en el eje de la sesión semanal. Con tono épico, Jeannot comunicó en sus redes que “el oficialismo y sus aliados hoy hicieron fracasar un proyecto histórico”. No es histórico, ni mucho menos. Ni siquiera dará lugar a un mínimo costo político para los ediles que contrariaron la iniciativa, aunque si hay un ganador, sin dudas que es el creativo concejal renacentista, que no sumó en lo institucional, pero en lo personal obtuvo una generosa renta en protagonismo y visibilidad; en cambio, el Concejo se desprestigió un poco más, aunque no por el resultado de la votación, sino por haber desembocado en ella sin ninguna necesidad.

… el Concejo se desprestigió un poco más, aunque no por el resultado de la votación, sino por haber desembocado en ella sin ninguna necesidad.

No estaba en debate, como se pretende magnificar, la transparencia en la función pública, sino apenas una variable (la contestación a los pedidos de informes) entre tantas otras, pero que llevó a una inoportuna medición de fuerzas con la misma facilidad que en la burbuja porteña del poder político nacional, la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires se dan el lujo de generar un conflicto con la presencialidad escolar y derivar en la mismísima Corte Suprema de Justicia, siendo que meses antes, cuando las elecciones nacionales estaban lejos, y los halcones descansaban, lo hubieran resuelto cara a cara en una de sus tantas cordiales reuniones.

Tampoco esta votación doméstica sirvió para alinear a los buenos de un lado y los malos del otro, como buscan simplificar los amantes de la grieta. Tanto es así que los tres respaldos que recibió Jeannot son ex funcionarios de los gobiernos justicialistas que precedieron al intendente Leonel Chiarella (Liliana Rostom, Pablo Rada y Emilce Cufré), y ninguno de ellos resistiría el archivo si se indagara cuántos pedidos de informe dejaron sin responder cuando integraban el Departamento Ejecutivo Municipal (la misma consideración cabe para el ex secretario de José Freyre, Patricio Marenghini, ausente en esta última reunión).

También se planteó en el desarrollo del debate una verdad que todo conocen, y es que muchas veces los secretarios elaboran las respuestas técnicas en tiempo y forma, y luego las mismas son interceptadas por comisarios políticos antes de su llegada a destino, porque se considera ingenuo facilitar ciertos detalles de la gestión a la oposición, o incluso como venganza por “lo que antes nos hacían a nosotros”.

Tampoco esta votación doméstica sirvió para alinear a los buenos de un lado y los malos del otro, como buscan simplificar los amantes de la grieta.

Urge poner un punto final a esta situación irregular, pero que está naturalizada y se remonta, cuanto menos, al inicio de la democracia moderna en el país, en diciembre del ’83. Sin embargo, es inviable hacerlo mediante una votación a las apuradas, sin antes agotar el diálogo que debiera llevar a las partes a fijar un cero en la escala, un punto de partida, en otras palabras, un pacto político de damas y caballeros para que, desde un determinado momento, ese trámite siempre polémico del pedido de informes sea de cumplimiento estricto para el gobernante de turno.

Claro que será difícil progresar en este sentido con una campaña electoral en ciernes, pero en algún momento habrá que volver sobre el tema, aprovechando las experiencias, y estudiando seriamente un procedimiento para incentivar la observancia de los funcionarios. En la práctica, la verdad es que si los concejales lo deciden, podrían obligar a un miembro del Gabinete a dedicar la mitad del tiempo laboral a contestar informes, pues aun cuando en parte los redactara un colaborador, la revisión final siempre corresponderá al secretario, que responde con su firma, y más aún si, como pretendía Jeannot, el piso de la multa fuera de 130 mil pesos, un monto mayor que el sueldo mensual de un funcionario de esa categoría.

Si bien el gobierno local acostumbra a enviar secretarios al Concejo, una alternativa es profundizar ese mecanismo, practicarlo con mayor frecuencia, y en todas las áreas, al estilo de los informes periódicos ante el Congreso del jefe de Gabinete de la Nación, que recibe previamente un sinnúmero de interrogantes de los legisladores y luego se presenta para contestarlos, e incluso someterse a preguntas complementarias.

Seguramente hay muchos procedimientos funcionales a los objetivos de fortalecimiento democrático y transparencia republicana que todos pregonan, pero sí o sí tendrán que surgir de un diálogo maduro, paciente y constructivo, sin puestas en escena que más allá de algún beneficio personal o sectorial, degradan al Concejo Municipal.

 


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