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Desde el Concejo piden que el gas en garrafa se declare servicio público con precios regulados

Desde el Concejo Deliberante venadense solicitan al interventor de Enargas que presente el proyecto de Ley a los poderes ejecutivo y Legislativo nacional.

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A través de un proyecto de Resolución el edil justicialista, Pablo Rada solicita al Interventor el Enargas Federico Bernal, realice manera urgente la presentación del Proyecto de Ley al Poder Ejecutivo Nacional y por consiguiente al Poder Legislativo Nacional, a los efectos de dar tratamiento urgente al pedido efectuado por el Presidente Dr. Alberto Fernández, la oposición, organismos de defensa al consumidor y la comunidad toda, en cuanto a la declaración como servicio público al sistema de gas a través de garrafas de gas licuado (GPL) en todo el territorio nacional

“Transitamos tiempos estacionales y sociales donde nos debemos la discusión y el debate sobre la situación del otro sector de la población generalmente de menores recursos o sectores más desprotegidos, que no cuentan con este servicio y que necesitan de manera imperiosa acceder al sistema de gas a través de garrafas de gas licuado (GPL)”, planteó el edil justicialista Pablo Rada,

En su análisis recordó que las garrafas tienen un precio de referencia fijado por el Estado a través de la Ley correspondiente, pero en la práctica se impone la ley del mercado, donde si bien  las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen valores que determina la Secretaría de Energía de la Nación,  los precios al público son muy distintos en cada ciudad.

“La garrafa de 10 kilos se estaría pagando a $550, $700 y hasta $1000 en diferentes puntos del país siendo generalmente los únicos lugares donde se consiguen al precio oficial,  los depósitos de fraccionadoras y distribuidoras, donde la oferta es generalmente escasa, las distancias y las formas de movilizarse para nuestros vecinos y vecinas son complicadas, en consecuencia deben acceder al servicio domiciliario, donde se incrementa notoriamente el valor”.

En otro punto, Rada advirtió   que las personas que no poseen gas de red “son las de menor poder adquisitivo, y en muchos casos se debe a que en las viviendas precarias no es posible la instalación por cuestiones de seguridad o porque no tienen poder adquisitivo suficiente para pagar la red ni los trabajos necesarios para cumplir con las condiciones de seguridad adecuadas exigidas por las prestatarias”.

Ratificando en consecuencia la necesidad que esta situación se limite declarando el gas licuado en garrafa como servicio público, con precios regulados por el Estado.


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