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Real: “Las entidades bancarias están obligadas a incrementar medidas para evitar las estafas”

El diputado solicita al Nuevo Banco de Santa Fe y al resto de la entidades bancarias que operan en el territorio provincial; que refuercen e incrementen las medidas de seguridad.

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El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, presentó un proyecto de Comunicación (Expediente N.º 43.933), donde solicita al Nuevo Banco de Santa Fe, que es el agente financiero del Estado Provincial, y al resto de la entidades bancarias que operan en el territorio provincial; que refuercen e incrementen las medidas de seguridad tendientes a evitar y neutralizar las estafas bancarias de las que son víctimas los mismos clientes y usuarios de sus servicios.

En la misma iniciativa, se solicita suspender el cobro de las cuotas de créditos personales, de aquellos clientes que manifiesten haber sido estafados y acompañen la correspondiente certificación de denuncia realizada ante las distintas Unidades Fiscales del territorio santafesino. Esto, hasta tanto se pueda determinar fehacientemente la trazabilidad de las operaciones efectuadas y descartar la responsabilidad de las entidades bancarias en la vulnerabilidad del sistema de seguridad.

A partir de indagar sobre el tema, observamos cómo se profesionalizan estas metodologías, y ahora se suman otros instrumentos de estafa, como por ejemplo la App Mobile Vale de Red Link, admitidas por el Nuevo Banco de Santa Fe. Cualquier obtención de datos personales por medios inescrupulosos permite a los delincuentes poner en funcionamiento alguna metodología para vulnerar el sistema de seguridad de los bancos. Las denuncias se multiplican, como consecuencia de hechos cada vez más frecuentes, comprobados por el accionar de la justicia”, dijo el legislador del PDP.

En el caso particular de las estafas en la cuales logran solicitar un crédito personal a nombre de la víctima para transferir luego ese dinero a otra cuenta, la propia institución bancaria, le indica al cliente el mecanismo delictivo utilizado, pero paradójicamente comienza a beneficiarse con dicho accionar, al cobrar las cuotas del crédito generado. A su vez, dichas entidades, amparándose en la legislación que resguarda el secreto bancario, rechaza los pedidos de informes remitidos desde las Unidades Fiscales, sin considerar que dichas investigaciones son generadas por denuncias de sus propios clientes, lo cual dificulta el esclarecimiento de los hechos.

Los bancos están obligados a llevar registros y es su deber contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados, que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente y que puedan advertir situaciones sospechosas”, finalizó Gabriel Real.


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