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Vicentin: fiscal rosarino imputará por presunta estafa a todo el directorio

Habrá una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario el próximo martes. En paralelo, acreedores fustigaron la propuesta de pago en el marco de un “espacio restaurativo” impulsado por el juez Lorenzini.

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Juan Chiummiento
El Litoral

Mientras se acortan los tiempos para que Vicentin acuerde su venta en el marco del concurso preventivo, la Justicia penal de Rosario avanza en la investigación contra sus directivos por el presunto delito de estafa. Este martes, el fiscal Miguel Moreno imputará a los máximos referentes de la agroexportadora, planteando su responsabilidad en el falseamiento de la realidad económica financiera en el período previo al default.
Para Moreno, tanto los directores como los síndicos son coautores de haber ocultado el pasivo real de la compañía, a través de la registración irregular de los contratos “a fijar”, un aspecto que ya había sido remarcado por los auditores forenses que actuaron en el expediente concursal, que se tramita en el juzgado de Fabián Lorenzini.
Según pudo conocer este medio, serán 14 las personas acusadas. Entre ellos, se incluye a las máximas autoridades del directorio que formalmente dirigió Vicentin hasta 2020, entre ellos su presidente (Daniel Buaytti), vicepresidente (Alberto Macua) y los directores titulares (Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi). También figurará entre los imputados el ex síndico Omar Scarel, quien desde hace un año preside la compañía.
El fiscal rosarino, titular de la Unidad de Delitos Económicos, siguió la pista de una denuncia que motorizaron los bancos extranjeros, un banco privado argentino y acreedores comerciales de peso (entre ellos, la corredora del vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario). Todos aseguraron haber sido estafados en la etapa previa al anuncio de “estrés financiero”, por un monto cercano a los 600 millones de dólares.
A finales del año pasado, en ocasión de realizar allanamientos en Reconquista y Avellaneda, Moreno había deslizado que la estafa ya estaba probada, pero que se iba a tomar un tiempo para imputar debido a la gran cantidad de material a procesar. Finalmente, ese día llegó: la Oficina de Gestión Judicial ya puso para la audiencia, que tendrá lugar el próximo martes 26, en el Centro de Justicia Penal de la zona sur rosarina.
Además del análisis de la documentación, la Fiscalía esperó a que quede firme la sede donde la causa será juzgada. Los abogados de la agroexportadora querían trasladarla a Reconquista, pero un fallo de primera instancia -luego ratificado en Cámara- anuló esta posibilidad. El principal argumento de los acusadores era que el trazo grueso de los delitos denunciados se realizaron en jurisdicción rosarina, tanto en las oficinas de la firma como en la Bolsa de Comercio. Por su parte, la defensa planteaba que todos los actos fueron presuntamente cometidos “desde la empresa” y por lo tanto debían ser juzgados en su domicilio (Avellaneda).

Ocultamiento

Según la línea investigativa que siguió la Fiscalía, en el período previo al default la compañía falseó su verdadera realidad económica financiera, al no exhibir en sus balances la deuda comercial generada por los contratos “a fijar”, en los que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos. Este punto ya fue analizado por los auditores forenses que participaron de la convocatoria de acreedores, integrado por el estudio porteño Arnaud Iribarne y Asociados y la internacional Deloitte. En un extenso informe, indican que “las toneladas calculadas bajo la modalidad de precio a fijar resultaron ser muy superiores a las reflejadas en los estados contables”.
A propósito del expediente concursal, lo que acontezca estos días venideros en sede penal no implica necesariamente cambios en la causa que se tramita en el Juzgado de distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Reconquista. Sin embargo, es de prever que haya consecuencias. Por empezar, quienes pidieron la investigación representan un grupo importante de acreedores verificados en la convocatoria. Los bancos extranjeros, por ejemplo, tienen poder de veto: sin su apoyo Vicentin no podrá aprobar su acuerdo preventivo, algo para lo que tiene tiempo hasta el próximo 16 de diciembre.
Por lo demás, en la causa que se sustancia en el norte de la provincia, tampoco hay muy buenas noticias para la agroexportadora. Un “espacio restaurativo” creado por el juez Lorenzini arrojó conclusiones que hacen prever un panorama muy complejo para el futuro de la empresa.
Durante varias jornadas, acreedores que representan el 70% de la deuda expresaron sus sensaciones ante un abogado especialista en mediaciones, que coordinó un ámbito de audiencias que oportunamente impulsó Lorenzini. Tanto bancos, como productores, acopiadores y corredores anticiparon su rechazo a la propuesta de pago que hizo rodar recientemente la concursada, calificándola con términos muy duros, como “abusiva e inaceptable” y “totalmente alejada de las expectativas”.
El “espacio restaurativo” es una verdadera innovación en materia concursal, por lo que se desconoce su real impacto en el expediente. Sin embargo, dado que fueron organizadas por iniciativa del magistrado, es posible inferir que sus conclusiones serán tenidas en cuenta en futuros fallos.
Entre otras definiciones, el abogado a cargo de las audiencias planteó que los acreedores consideran que el concurso de Vicentin está signado por “la desconfianza, la desinformación y la falta de comunicación”, en tanto que para un número importante de damnificados “ha habido y hay intereses ocultos” que condicionan su devenir. Respecto al futuro de la firma, los acreedores indicaron que “no es claro el papel que juegan los socios estratégicos”, en tanto que casi la mitad (un 47,5%) “no volverá a trabajar con la empresa Vicentin”, cualquiera sea el resultado del concurso.


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