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Ciancio propone que sea obligatoria la capacitación de funcionarios en derechos de niñas, niños y adolescentes

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La diputada provincial Silvia Ciancio, presentó un proyecto en la Legislatura de Santa Fe para que sea obligatoria la capacitación en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes para las personas que se desempeñen en la función pública. Esto abarca a todos los niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial santafesinos.
Ciancio, explicó que el objetivo es que se universalice el conocimiento de estos derechos para fortalecer el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral dispuesto por la Ley 12967. Además, sostiene que se debe capacitar a quienes son agentes del Estado en la corresponsabilidad que tienen en relación a la garantía de ejercicios de los derechos.
Silvia Ciancio, indicó que es “vital” que los funcionarios que integren los distintos poderes del Estado reciban capacitación en esta temática. Para la presidenta de la Comisión de Salud en la cámara Baja, es crucial la “elaboración de hojas de ruta” para una efectiva articulación interinstitucional entre las áreas de corresponsabilidad que deben dar respuesta frente a “hechos de vulneración de derechos, evitando de esta manera la re victimización, así como demoras innecesarias”, sostuvo la legisladora.
Debe recordarse que Argentina asumió el compromiso internacional de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos de Niños Niñas y Adolescentes como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual dispone de jerarquía constitucional conforme artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. “Por eso entendemos, que, en tiempos de pandemia y de vigencia del aislamiento, la capacitación no debería ser relegada en el tiempo y deben buscarse formas alternativas de proporcionarla. La virtualidad es el camino en el momento tan difícil que atravesamos como sociedad”, destacó.
Finalmente, ponderó: “La dimensión y la gravedad de esta forma de violencia ejercida contra las infancias vuelven sumamente relevante el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas. La capacitación sistemática y obligatoria de los funcionarios, debe buscar como objetivo último el fortalecimiento del sistema, que a su vez favorezca el reconocimiento como sujetos de derecho y la protección integral de sus derechos como ordenador conceptual del sistema”.

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