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Cómo impacta el cepo en una planta con faena Kosher

Tras la advertencia de la embajadora de Israel sobre "buscar otros lugares" para proveerse de carne si Argentina insiste en discontinuar los envíos, desde el frigorífico de Hughes explicaron el daño sufrido por la medida oficial.

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Juan Manuel Fernández

jmfernandez@ellitoral.com

“Si la Argentina no nos va a vender carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”, dijo ayer la embajadora israelí en Argentina, Galit Ronen, y sumó otra gota de combustible al incendio que prendió el gobierno con el cierre de las exportaciones de carne el mes pasado.

La advertencia es de lo más lógica si de relaciones comerciales se trata: ningún cliente se sentiría atraído por un proveedor que incumple intempestivamente un contrato. Lo más razonable sería cambiar por otro más confiable.

Aunque cabe para cualquier mercado, Israel es un caso particular para la carne argentina por cuanto la mercadería debe ser producida respetando el ritual judío en la faena, a cargo de un equipo de rabinos. Ronen explicó que llegaron casi un centenar de religiosos poco antes del cepo y ahora no saben si van a poder concretar los embarques.

En el sur santafesino, la firma Black Bamboo Enterprises de Hughes es una de las plantas con faena Kosher (la certificación religiosa). Su presidente Matías Ferrari explicó que “la situación es compleja” y, posiblemente, se podrían ver “otras reacciones en otros países”.

En la planta cuentan con 10 rabinos, cuya estadía y trabajo corren por cuenta del cliente, que sufre un doble perjuicio: “manda el rabinato, lo tenemos en la planta y no puede trabajar; y no podemos hacer la entrega que está esperando y eso retrasa toda la cadena de pagos“, dijo, ya que reciben anticipos para costear la tarea de los religiosos.

Hasta el momento han podido elaborar parte de la mercadería gracias a los permisos tramitados antes del cepo. Pero aclaró: “a fin de junio se nos terminan las autorizaciones”, por lo que sería muy complicado para la firma si no se revierte la medida. “Esperemos que el gobierno pueda corregir este grave error”, que no solo afecta a la industria sino también “la imagen de la Argentina hacia el exterior” con el posible impacto en la pérdida de mercados.

De todos modo, aún si se levantara en tiempo y forma la prohibición no pasará desapercibida, en función del daño que ya causó: de faenar un promedio diario de 700 animales bajaron a 450, una caída muy importante que “también impacta directamente en el bolsillo de nuestra gente” por menos horas trabajadas.

“Es una medida muy grave”, insistió Ferrari, que además afecta garantías constitucionales porque “el Estado no puede avasallarnos de esta manera, porque hoy es la carne y mañana será otra actividad; así no se puede trabajar”.

Por ello, como mensaje, planteó: “la sociedad en su conjunto tiene que estar atenta y solicitar que el gobierno defienda nuestros productos, porque Argentina necesita exportar, necesita divisas y crear puestos de trabajo y esto va en contra de esos objetivos”.

Sobre la idea del gobierno, que hizo pública el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, de implementar un Plan Ganadero como estrategia para facilitar el acceso a la carne bovina de los consumidores argentinos, el directivo se mostró escéptico. “Todos los planes que presenta el gobierno, lo único que hacen es crear más distorsiones en toda la cadena productiva”, sostuvo.

Se intenta -agregó- “incorporar conceptos y mecanismos que en el pasado no tuvieron éxito”, por lo que “no somos muy optimistas” sobre cómo los funcionarios están tratando de contrarrestar la suba en el precio de la carne. Especialmente se refirió a la idea de negociar con exportadores porque “es muy difícil controlar un mercado”. Además, remarcó lo que ya se dijo hasta el cansancio: “lo que nosotros exportamos, la vaca china, no compite (en la góndola) porque no lo demanda el mercado interno”.

Sobre la inutilidad de estos argumentos técnicos ante los funcionarios, Ferrari recordó que los analistas ven en esta obstinación “una forma de generar su rédito político”. Y advirtió que hay una gran preocupación de los empleados y de toda la comunidad de Hughes. “Esto pone en jaque la continuidad de la empresa”, afirmó, dado que el 80% de la producción de la planta está orientada a la exportación “y de un día para el otro, como tomó el gobierno esta medida, no podemos transformarnos en un frigorífico para la venta al mercado local; es prácticamente inviable esa alternativa”. Y comparó que, así como muchos comercios debieron cerrar por la pandemia, “el gobierno con esta medida nos obliga a cerrar”.


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