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Acuerdo “maduro” en Diputados para tratar la nueva ley santafesina de educación

El tema figura entre las preferencias y tiene dictámenes de dos de las tres comisiones. La base es el proyecto votado en la anterior composición de la Cámara y que no prosperara en el Senado. Dispone obligatoriedad desde los 3 años hasta la finalización de la escuela secundaria.

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Mario Cáffaro
El Litoral

La Cámara de Diputados tiene, entre los proyectos con preferencia para este jueves, la futura ley de Educación y la decisión de la mayoría de los bloques políticos es votar el texto y girarlo en revisión al Senado. El asunto tiene los dictámenes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda y resta el de Asuntos Constitucionales que llegaría el jueves al mediodía. En caso de no alcanzar el dictamen, será tema de la próxima sesión. El acuerdo está maduro.
Será la segunda ocasión en que la Cámara Joven se pronuncie sobre un tema muy sensible. La anterior fue en septiembre de 2018, un dictamen que llegó con fuerte consenso pero que no avanzó luego en el Senado donde hubo objeciones de los obispos católicos y de un grupo de escuelas privadas, especialmente por la inclusión del capítulo de Educación Sexual Integral (ESI).
La iniciativa ahora a debate tiene como origen el proyecto de ley ingresado en mayo del año pasado por Rubén Giustiniani y Agustina Donnet del bloque Igualdad. Al mes siguiente fue la socialista Claudia Balagué la que encabezó con su firma y de otros socialistas un proyecto para regular el derecho a la educación en el territorio santafesino.  El tercero, también de junio de 2020 fue ingresado por Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) acompañado por Donnet, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Ricardo Olivera (PJ). “La presente iniciativa reproduce textualmente el articulado del proyecto unificado de Ley de Educación Provincial que, habiendo obtenido media sanción en esta Cámara, ha perdido recientemente estado parlamentario. Quisiera primero destacar que este texto fue producto de un amplio análisis y debate de seis proyectos que junto al de mi autoría fueron presentados por los siguientes diputados: Verónica Benas, Patricia Chialvo, Rubén Giustiniani y Carlos Del Frade, proyectos a los que luego se sumó también un mensaje del Poder Ejecutivo”, dice en los fundamentos.
Balagué admite que el texto en discusión es muy similar al votado en 2018 “pero con algunas mejoras”. Giustiniani también le dijo a El Litoral que se trabajó sobre la media sanción que fue con amplio consenso. En aquel momento, el segundo era diputado y la primera era la ministra del área en el gabinete de Miguel Lifschitz.
En octubre del año pasado, la Comisión de Educación dictaminó el asunto con fuerte consenso. Entre las firmas está Balagué -ex ministra del área y presidenta del grupo-  Silvana Di Stefano (UCR), Donnet, Erika Hynes (PS), Mónica Peralta (Gen), Boscarol y Marcelo González (UCR).
En cambio, Juan Domingo Argañaraz (Somos Vida) emitió un dictamen en minoría. “Nos oponemos a que una ley de tamaña envergadura sea tratada en un momento tan inoportuno” en referencia a la pandemia que estaba en ese momento en momentos de incertidumbre. Pero también advirtió que el dictamen de mayoría no fue “fruto de un debate plural, amplio y consensuado, se emite como resultado de un tratamiento apurado, sesgado y sectorizado. En ningún momento del debate en el seno de la Comisión se dio la oportunidad a las escuelas de gestión privada de expresar sus posturas”, señaló. Hizo notar la poca consulta de gremios y de cooperadores. “Abogo por una ley verdaderamente plural, con participación efectiva de todos los sectores de la sociedad, basada en premisas con sustento objetivamente científico y producto de un debate responsablemente abordado”, afirmó en el dictamen.
En junio de este año llegó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde sumó su firma el oficialista Olivera. El jueves será el turno de Asuntos Constitucionales pero el acuerdo político permite anticipar que llegará al recinto donde se escucharán muchas voces en una Cámara que volverá a una mayor presencialidad.
El artículo 1 del dictamen dice que “la presente ley regula el ejercicio del derecho a la educación en el territorio de la Provincia de Santa Fe conforme a los principios consagrados por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales incorporados a ella, la Constitución Provincial, la Ley 26206 de Educación Nacional y a los que en esta ley se determinan”. En el segundo afirma que “la educación es un derecho social y un bien público garantizado por el Estado. La educación santafesina es pública, gratuita, laica, universal, plural e intercultural, democrática, humanista e inclusiva, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo” y la define como obligatoria desde los 3 años hasta la finalización de la educación secundaria.

Asamblea

Para este jueves, a las 13, está convocada la Asamblea Legislativa para tratar el pliego de Oscar Biagioni para integrar el Tribunal de Cuentas por un nuevo período. No obstante, la reunión pasaría para el jueves 14 a pedido de la Comisión de Acuerdos que recibió hasta ayer apoyos y objeciones al candidato. La comisión además fijó la entrevista con Biagioni para el miércoles 13.

Nuevo puente Santo Tomé – Santa Fe

A través de un proyecto de comunicación, el diputado Palo Oliver (UCR) insistió en su pedido para que el gobernador y los representantes de Santa Fe en el Congreso Nacional, asuman un rol activo en la gestión que conduzca al llamado a licitación para la construcción de la nueva interconexión vial entre Santa Fe y Santo Tomé.
Recordó que ya se han cumplimentado todos los pasos técnicos y administrativos previos dispuestos por la ley para el llamado a licitación. El último fue la aprobación, por parte de Vialidad Nacional, del proyecto ejecutivo presentado por la empresa adjudicataria. Este acto administrativo data de noviembre de 2014, sin que los sucesivos gobiernos nacionales hayan avanzado en el llamado a licitación para la determinación de la empresa que se haga cargo de la ejecución de la obra. A partir de esa fecha, los presupuestos nacionales elaborados por las diferentes gestiones gubernamentales nunca consideraron seriamente la afectación de los recursos necesarios para avanzar en la concreción de esta ansiada obra.
El legislador entiende que “el gobernador debe convocar a quienes tienen la posibilidad material de influir en el diseño final del presupuesto, que no son otros que los actuales representantes de la provincia en el Senado de la Nación, a los efectos de que en defensa de los intereses provinciales trabajen para que se incluya esta importante obra en las previsiones presupuestarias”.
Señaló que “desde la intendencia de Santo Tomé empujamos y gestionamos sin descanso, logrando que la tramitación alcance el punto actual: la aprobación del proyecto ejecutivo. Restaba solamente la decisión política de asignar recursos y llamar a licitación para la adjudicación de la obra. Desde esa fecha estamos reclamando insistentemente para que esto ocurra. Este pedido al gobernador va en esta misma sintonía. No vamos a bajar los brazos, aún cuando debamos chocar contra el desinterés o la desidia”.


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