HomeProvincialesINTERPELACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL

La oposición prepara una batería de preguntas para Corach y Capitani

Lupa de la UCR en el Senado sobre el reparto de alimentos y recursos para obras en barrios marginados con fines políticos partidarios.

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Luis Rodrigo
El Litoral

Al ministro de Desarrollo Social Danilo Capitani lo esperan con fotos y videos donde se mezclan los alimentos que el Estado compra para familias pobres con candidatos del sector del gobernador Omar Perotti; a su par de Gestión Pública, Marcos Corach, una profusa estadística sobre repetidas casualidades: las obras del Plan Incluir van mucho más a ciudades y pueblos administradas por el partido de gobierno que de la oposición.
Por primera vez, después de casi dos años de gobierno, el Senado provincial decidió recurrir a todas las formalidades constitucionales y las previstas por el reglamento de la Cámara para convocar a dos ministros del Poder Ejecutivo.
Serán interpelados Corach y Capitani, de acuerdo con las dos resoluciones votadas por unanimidad por los senadores de todos los bloques.
Pese a que los integrantes de la bancada oficialista Lealtad defendieron la labor del gobierno al otorgar recursos a ciudades y municipalidades mediante el Plan Incluir, durante el tratamiento de ambas resoluciones no manifestaron su desacuerdo.
Es interesante leer ambos expedientes. En un caso se pone la lupa sobre cómo es el procedimiento para la distribución de la ayuda social; en el otro, sobre los fondos del Estado para que llegue la infraestructura básica a los barrios más pobres de las urbanizaciones con marcadas necesidades básicas insatisfechas.
En el caso de Desarrollo Social se trata de tener la trazabilidad de los bienes que, según la oposición, se reparten como si fueran del partido de gobierno y no del sector público.
En cambio, sobre las obras que llegan a las distintas ciudades y pueblos santafesinos para mejorar la vida en los cordones de pobreza y las villas miseria lo que se busca es desnudar la falta de criterios técnicos, demográficos, territoriales o apoyados en el las necesidades básicas insatisfechas, para probar que la administración discrecional a cargo de los funcionarios termina por discriminar a las localidades según su color político.

Para Capitani

Hace dos años, el hoy ministro de Desarrollo Social era senador por San Jerónimo. Ahora será interpelado por sus ex pares, después de varios intentos por evitar que los famosos “bolsones” con mercadería sean un recurso más de la campaña electoral de los candidatos del oficialismo.
Para el ex precandidato a vicegobernador junto a María Eugenia Bielsa, la oposición redactó 17 preguntas o ítems sobre los que “deberá dar explicaciones” en materia de “ayuda directa con alimentos a personas”. Y otras 6 sobre programas de “asistencia dineraria y no dineraria” de la cartera a su cargo.
Hay preguntas que vale la pena transcribir para imaginar el clima que tendrán las interpelaciones. “¿Intervienen personas ajenas a la administración provincial?; ¿Quiénes son y qué rol desempeñan? ¿Desempeñan funciones en municipios o comunas?; ¿En 2021 intervinieron en alguna instancia de los procedimientos logísticos personas que sean candidatos a concejal o a intendente o a miembro de comisión comunal en la misma localidad donde residen los destinatarios finales de la mercadería?; ¿En alguna localidad los beneficiarios y destinatarios finales de la mercadería tuvieron que retirar la misma en lugares ajenos a la administración provincial?”.
El tercer grupo de requerimientos parece ser el que más incomodará al ministro. “Antecedentes sobre irregularidades con entregas de la tarjeta Plan Alimentar”, es el título del apartado.
Por último, Capitani tendrá que explicar por qué ha llevado adelante lo que el Senado considera “acciones y actividades fuera de las competencias de la Ley de Ministerios”. Se trata de un reproche ético.
El agrupamiento tiene solo dos ítems, pero ambos halan del incumplimiento del artículo 8vo de la ley citada, que lleva el número 13.920, en hechos registrados por la oposición en el departamento San Jerónimo.
El artículo en cuestión exige que cuando un ministro “se encuentre en asuntos de su competencia exclusiva o compartida en cualquier situación que les imponga el deber de abstenerse en los términos de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública” solicitará “al gobernador” que se lo excuse de “intervenir en el asunto”.

De la ley al decreto

La sesión que decidió las interpelaciones contó con un rico debate previo que terminó con la media sanción de un proyecto de ley de Plan Incluir.
La iniciativa es del jefe del bloque justicialista que es crítico del gobierno y vive “con vergüenza” la forma como el Ejecutivo discrimina a la oposición.
“Íbamos volver mejores, a eso nos comprometimos”, dijo Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), quien afirmó que lo que hoy hace la gestión de Omar Perotti antes lo hacían los gobiernos del Frente Progresista: inclinar el platillo de la balanza para el lado de las administraciones de su signo político.
En pocas palabras, según su visión del tema, a las discriminaciones del Plan Abre le suceden las actuales del Plan Incluir.
Cuando terminaba el ciclo de tres gobernadores socialistas a pocos meses del traspaso del poder, se aprobó una ley para regular y obligar a que con criterios técnicos se lleve adelante ese programa. La Ley del Plan Abre contó con un importante consenso en la Legislatura de 2019 pero un decreto 1.184 de 2020 declaró “inaplicable” la ley 13.896 y se creó el nuevo Plan Incluir. Y para subsanar ese procedimiento la ley fue derogada por la Legislatura. Ahora Traferri vuelve sobre el tema, que tiene amplias chances de prosperar en Diputados.
Fue cuando se discutía sobre cómo se distribuyen los beneficios del Plan Incluir cuando los senadores de Lealtad mostraron su respaldo al Ejecutivo y pidieron la abstención.
Sobre cómo se repartía el Plan Abre de la gestión anterior para ejecutar obras de agua potable, cloacas, pavimentos y regularización del servicio de energía eléctrica, no hubo mayores defensores.

Para Corach

Entre preguntas sobre cómo se maneja el Plan Incluir (implementado por decreto) y cómo se resuelven las partidas del Fondo de Obras Menores (dispuesto por Ley), al ministro Corach se le reclamarán criterios más equitativos y el cese de la “discriminación a las administraciones de la oposición”, a lo largo de 18 preguntas e ítems del pliego que contiene las razones de la interpelación.
El ministro deberá explicar algunos puntos que los senadores conocen perfectamente, pero quieren que de sus palabras quede una constancia. Habrá taquígrafos.
El cuestionario se ocupa primero de establecer con precisión cómo son los trámites dentro del Estado, desde que una comuna o municipalidad eleva un pedido hasta que es atendido, o no.
Y de cada etapa hay requerimientos puntuales para establecer, tramo por tramo del periplo de esos expedientes, donde se dividen tirios de troyanos.
Así se requiere información de base como el listado de las solicitudes y las garantías sobre el asiento donde constan esos requerimientos y los beneficios finales otorgados.
Una de las preguntas incluye una afirmación: “¿De qué análisis o estudios deben ser objeto los citados expedientes en los despachos de los señores subsecretario de Comunas y/o del señor secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gestión Pública que expliquen la estadía extendida de varios expedientes en tales despachos?”. Evidentemente, hay datos que los senadores opositores ya tienen.
Se deberá presentar a la Cámara el “listado de todas las solicitudes de financiamiento mediante el denominado Plan Incluir presentadas por los municipios y comunas ante el Gobierno Provincial desde 2020 hasta la fecha, consignando los siguientes datos mínimos: a) Municipio o comuna solicitante; b) Fecha de presentación de solicitud; c) Denominación del proyecto; d) Componentes para los cuales se solicitaba financiamiento en el marco del Plan Incluir; e) Importe de financiamiento o aporte solicitado por el respectivo municipio o comuna”.
Del mismo modo, los “decretos o actos administrativos otorgando el financiamiento o aportes del Plan Incluir consignando como mínimo: a) Número de Decreto o acto administrativo; b) Municipio o comuna beneficiaria; c) Denominación del proyecto; d) Importe del aporte otorgado en el marco del Plan Incluir”.


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