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Sain negó espionaje ilegal y denunció enemistad de los fiscales

Tras hablar de "lawfare" y de un intento de "golpe blando" contra el gobierno de Perotti, cargó contra los allanamientos. Dijo que si en las oficinas del ministerio se procesaban datos de manera ilegal, "debían haberle requisado el teléfono" a Jorge Lagna.

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Por Emerio Agretti e Ivana Fux (El Litoral)

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain negó “rotundamente” que en la cartera que encabezó hasta marzo se hayan llevado operaciones de recolección de datos por fuera de causas judiciales. Dijo que se trató claramente de un operativo en su contra, y reivindicó al gobernador Omar Perotti.

En una entrevista con El Litoral, Sain descartó por completo que en su gestión se hayan producido “carpetazos”, entiendo por tales “seguimiento físico e informático de empresarios, dirigentes políticos, periodistas, para despues apretarlos, extorsionarlos. Eso es violatorio de la ley de Inteligencia nacional, está procesado el ex presidente Mauricio Macri por ese delito”.

– ¿Pero se hacía recopilación de datos?

– Lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio de Seguridad, que está dentro de sus funciones, es analizar las problemáticas criminales, para dos cosas fundamentales. Una es formular políticas de seguridad. Si uno no conoce el ámbito criminal, dificilmente pueda elaborar estrategias. Y en segundo lugar, y esto ya más vinculado a las causas judiciales, para abastecer a la Justicia de los requerimientos que la Justicia hace a las distintas reparticiones.

Muchas de las investigaciones sobre estructuras criminales complejas, han tenido la intervención de la Policía provincial a traves de distintas unidades: Asuntos Internos, Agencia de Investigacion Crimanal, Agencia de Control Policial. A veces de manera conjunta con el Organismo de Investigaciones, a veces con otras fuerzas federales. Todo eso requiere un análisis, tareas de perfilamiento, eso es parte de la función propia de la investigación criminal. Pero eso no es espionaje ilegal. Espionaje ilegal sería el seguimiento de personas en un sentido integral por razones ajenas a una causa judiciales.

-¿O sea que sí se hacían perfilamientos de personas, pero siempre vinculados a causas judiciales?

– Pero es que tiene que ser así. Cuando uno tiene una orden judicial, y se investiga a un determinado número de personas, eso es lo que hay que hacer: qué propiedades tiene, si tiene armas, conocer el recorrido de policías que eran investigados por hechos de corrupción o abusos. Datos que además se recaban sin necesidad de autorización judicial. Éso es investigar, si no ¿qué es investigar?. En cambio, si hay que acceder a las cuentas de una persona o interceptar el teléfono, éso sí solo puede ser hecho con autorización judicial.

– Y estos perfilamientos no incluyeron a personas no vinculadas a causas judiciales…

– Para nada. Siempre en el marco de asistencia a la Justicia. Otra cosa es decir “vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona” y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades.

– Usted habló de “lawfare”, de persecusión política, de un intento de “golpe blando” contra el gobierno provincial. ¿Cuál es la causa de todo ésto?

– Es el vuelto por las grandes investigaciones que nosotros llevábamos adelante. ¡Si fue la gestión ministerial y la gestión dentro del Organismo de Investigaciones que hizo las más importantes investigaciones de los últimos tiempos!. Yo fui el denunciante de la causa Oldani, por intermediación financiera ilegal, que es un delito federal, y operaciones de lavado de dinero. Y hoy hay procesamientos firmes. Entonces, no estábamos tan equivocados cuando decíamos que ahí había algo más complejo que una agencia de viajes. Y a esa investigación la tuvo la Fiscalía Regional de Santa Fe durante seis meses, sin avanzar en nada, no secuestraron el dinero que estaba allí. Pero después en la investigación terminan apresando a un farmacéutico inocente, al que quisieron presentar como el autor intelectual del homicidio.

– Usted habló de enemistad manifiesta del fiscal regional Carlos Arietti. ¿Lo mismo corre para los fiscales Hernández y Jiménez, que llevaron a cabo el operativo?

– Son fiscales que responden a Arietti, y sin dudas también tienen una enemistad manifiesta. Lo que han hecho el viernes es un allanamiento ilegal, sin orden judicial y sin testigos, requisando teléfonos, carteras y maletines, y secuestrando bienes personales de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad. Eso da cuenta de una ilegalidad flagrante. Allanaron las oficinas contiguas a las del ministro, en un lugar que no es restringido, donde estaban “funcionarios de Sain”. Pero yo no soy ministro desde marzo. El ministro es Jorge Lagna, que durante el allanamiento estuvo reunido con los fiscales en la oficina de al lado. La pregunta es, si ahí funcionaba una central de inteligencia: ¿por qué no le secuestraron el teléfono al ministro? Él estuvo ocho meses circulando por esas oficinas donde supuestamente se hacía espionaje ilegal. Si ahí se estaban rompiendo pruebas, lo estaban haciendo en la cara del ministro. Entonces, ¿por qué no le secuestraron el teléfono a él? Es una pregunta técnica. Pero lo que pasa es que ésto fue claramente un operativo perfilado contra Marcelo Sain, un lawfare contra mí, que hace meses que no entro ahí. Y aparte, por una cuestión de sentido común: si hubiésemos montado una central de inteligencia, no lo húbieramos hecho a 20 metros de la oficina del gobernador, en una oficina pública y despúes ‘uy, nos olvidamos las carpetas allí’.

– ¿El gobernador estaba al tanto de todo lo que usted hacia como ministro?

– Por supuesto, yo no hice nada que no estuviera dentro del marco de los lineamientos de política pública y de las directivas del gobernador, como todos los ministros.

– ¿Como vio el hecho de que el gobernador deje todo en manos de la Justicia, y abra una investigación interna? ¿Esperaba una mayor defensa?

– Yo creo que lo que Perotti dijo es correcto, lo que hizo es correcto. También se debió haber hecho en otras ocasiones, como en el caso del senador Armando Traferri, que se niega a ser imputado pese a la enorme cantidad de pruebas que hay en contra de él y denuncia a los fiscales. Yo creo que el gobierno debería haber sido contundente en la condena a esa actitud.

– ¿Cómo tomó la renuncia masiva de sus funcionarios?

– Ellos son gente grande, que decidió respaldar a la gestión de Perotti quedándose después de mi renuncia para asistir al ministro Lagna. Y esto fue algo aceptado y convenido con el gobernador Perotti, sobre quien tenemos un enorme cariño y reconocimiento personal y político. Es una buena persona, una persona honesta, a la que vale la pena apoyar. Lo que pasa es que en los últimos meses se había construido la tesis del complot. Y la verdad es que estos funcionarios estaban haciendo un sacrificio enorme en el Ministerio de Seguridad, que no era la embajada argentina en Noruega, sino un trabajo con salarios iguales a los de la universidad pública, y donde hay que poner el pecho a cuestiones complejísimas por las que no tiene que atravesar ninguna otra cartera de Seguridad. Ese enorme sacrificio no puede ser interpretado como que está desestabilizando la gestión gubernamental. Entiendo que sintieron que estaba agotada la gestión y ya había decidido dejar los cargos, no hay nada extraño allí. Ya estaban ordenando los papeles para irse.

 


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