HomeProvincialesPresunto espionaje ilegal 

Caso Sain: la defensa denuncia una “grave adulteración de pruebas” 

Tras la apertura y peritaje de dispositivos informáticos, se detectó que la computadora de una de las funcionarias investigadas – Nadia Shujman- no poseía su disco rígido. Hernán Martínez (h), abogado del ex ministro, denunció que no se preservaron correctamente las evidencias, y que se interrumpió la cadena de custodia. 

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Ivana Fux 

Este miércoles, y tal como informara El Litoral, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez levantaron la reserva de las actuaciones en el marco de la causa en la que se investiga presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain. Este jueves, en tanto, el abogado defensor del ex funcionario denunció “una grave” adulteración en parte del material informático secuestrado. Ello, tras una prueba pericial que se realizó en la ciudad de Rosario sobre siete dispositivos informáticos incautados durante los allanamientos de fines del año pasado en las oficinas de la cartera ministerial. 

Consultado por El Litoral, Hernán Martínez (h) reveló que tras procederse a la apertura de computadoras, teléfonos celulares y tablet, sorprendió que una de las notebook carecía de su disco rígido. Se trata de la computadora que pertenecía a Nadia Shujman, quien se desempeñara como titular de la Agencia de Control Policial durante la gestión de Sain. “Eso nos llamó la atención – dijo Martínez-, por lo que dejamos hecho el planteo correspondiente tanto a los fiscales que llevan adelante la causa, como al juez. Al momento de abrir esa computadora, el disco rígido no estaba; para nosotros, eso es una irregularidad muy grave”, advirtió. 

Acerca de las razones que habrían derivado en esa situación presuntamente irregular, el abogado insistió en que “los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad fueron ilegales, como lo venimos sosteniendo desde el principio”. Asimismo, denunció que “la preservación de la evidencia fue absolutamente deficiente; no se aplicaron fajas de seguridad como corresponde, y no se cumplieron las cadenas de custodia. Esto que sucedió ayer ratifica lo que venimos sosteniendo. Es imposible pensar que al momento de los allanamientos, alguien pueda abrir una computadora, volver a cerrarla y dársela nuevamente al personal policial que realiza el allanamiento, más con las características que tuvo ese operativo, cuando irrumpieron en el Ministerio, incomunicaron a todos los presentes y les quitaron los celulares. Algo sucedió con ese disco entre el 26 de noviembre y ayer que se abrieron los equipos”, aseveró. 

 

Otros equipos 

Martínez dijo que también llamó la atención que la computadora del ex secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro – ése fue otro de los dispositivos peritados este jueves- permaneciese encendida. “Que después de tres meses, el equipo continuara encendido, también llama la atención. Es necesario terminar de verificar desde lo técnico si es posible que esto sea así desde el momento del secuestro, o si alguien la encendió después. En los dos casos llamaría mucho la atención”, advirtió. 

Martínez reveló que como primera medida, denunciaron la situación generada ante los fiscales de la causa (Hernández y Jiménez) y ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria. “Pedimos que se tome nota de lo sucedido y que realicen la investigación pertinente en el marco de este proceso; evaluaremos después en el devenir cómo seguir”, planteó. 

 

Querellante 

Para este viernes, estaba prevista además, la audiencia para definir si el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, era aceptado o no como querellante en la causa. Martínez adelantó que en esa audiencia, volverán a oponerse y a objetar dicha posibilidad. “Hay una razón de pura lógica; el querellante es el penalmente ofendido. Al día de hoy, nosotros no tenemos audiencia imputativa, no hay atribución fáctica ni un hecho delictivo. Entonces, si no conocemos cuál es el hecho delictivo, no podemos saber si hay alguien penalmente ofendido”, concluyó. 

Hasta el momento, sólo la provincia ha sido aceptada como querellante tras el planteo que hiciese el Fiscal de Estado a pedido del gobernador; y después de que ninguno de los demás actores formulasen objeciones. 

  

 


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