El MPA resuelve sobre la destitución de una ex funcionaria de confianza de Sain
Por César Rodríguez
Débora Cotichini, ex funcionaria de confianza de Marcelo Sain, podría ser destituida el próximo lunes del Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia, luego de que pasara a un cuarto intermedio hasta entonces la audiencia desarrollada este jueves.
Actualmente, Cotichini está suspendida en su rol de directora de Inteligencia Criminal Zona Sur, pero el Tribunal de Disciplina podría dejarla fuera del cargo de manera definitiva. Durante la tarde del jueves, desde las 14 y hasta aproximadamente las 22, sus integrantes escucharon a los testigos, entre ellos el propio Sain a través de zoom.
La reunión fue a puertas cerradas, por lo cual no trascendió ninguna de las actuaciones, que serán retomadas el lunes, también a las 14 y también en este caso con modalidad virtual.
Cotichini fue imputada este martes como partícipe de una asociación ilícita que comandaba el ex ministro Sain y que se dedicaba al espionaje ilegal y a la malversación de fondos, entre otros delitos. Pero en paralelo, afronta un proceso administrativo que se inició en la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de María Cecilia Vranicich, y que este jueves tendría un punto cúlmine cuando dé a conocer su veredicto. El Tribunal de Disciplina que evalúa su conducta la juzgará por haberle filtrado audios a Saín sobre investigaciones que se llevaban adelante en el organismo, pero cuando Sain ya era ministro de Seguridad. Ello constituye una falta grave por el rol que ocupaba la funcionaria, y por esa razón ya había sido suspendida preventivamente en el cargo hace más de un año.
El Tribunal
El tribunal que juzgará a Cotichini está compuesto por el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini ; el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, la diputada Lionela Cattalini, el senador Alcides Calvo (en reemplazo de Armando Traferri que se excusó) y la rafaelina Gabriela Caponi Fiorilllo por el estamento de los abogados.
Cotichini, en tanto, estará patrocinada por el ex ministro de Justicia de la provincia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis, quien también ejerce su defensa en la causa penal por la que acaba de ser imputada.
El origen
La investigación contra Cotichini surge a partir de una denuncia que se formulara en setiembre de 2021 a través del director a cargo del OI (tras la salida de Sain), Víctor Moloeznik. El funcionario se presentó ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura, y dio cuenta en ese ámbito de cómo la funcionaria le pasaba información confidencial y grabaciones de escuchas judicializadas a Sain, a pesar de estar este último a cargo del Ministerio de Seguridad. Moloeznik contó, incluso, que Cotichini había vaciado y cerrado con llave su oficina; y reveló que cuando pudieron acceder a ella, la computadora había sido formateada.
Vranicich, en tanto, respondiendo a una convocatoria que había planteado la Comisión de Acuerdo, presentó a los legisladores documentación – contenida en 600 en fojas- en la que constaba que Cotichini había enviado en agosto de 2020 a los analistas del Organismo, un informe “sobre la trayectoria política y policial junto a los antecedentes de la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione”.
Tras esa presentación en la Legislatura, al retirarse, Vranichich decía a El Litoral que en términos generales, la falta en la que habría incurrido Cotichini consistía en “haber utilizado recursos e información desde el OI, y haber transmitido determinados datos de modo indebido con fines ajenos a los institucionales”. Y asentía que había “indicios” de que esa transmisión había sido al por entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain.
Consultada en la ocasión por este medio respecto de si el intercambio de información entre diferentes poderes del estado era correcta y frecuente, Vranicich respondía: “Hay relaciones dentro del marco que son naturales y que no tenemos que asustarnos porque existan entre los diferentes poderes, porque son necesarias. Lo que no es tolerable es que información que proviene de investigaciones judiciales penales sea utilizada o al menos transmitida, que es lo que nosotros estamos observando, por fuera de la institución que es el MPA o por fuera de una investigación penal”.
