Desde el gobierno nacional anticiparon que “por el momento” no habrá nuevos operativos de control de precio en los que participen afiliados al gremio de Camioneros, una medida que desató fuertes críticas políticas e incluso una denuncia penal contra funcionarios de la secretaría de Comercio.
El gobierno frenaría el control de precios a cargo de Camioneros
La polémica se produjo luego de que la secretaría de Comercio de la Nación le pidiera auxilio al gremio para verificar el cumplimiento del programa Precios Justos. Sumado a los cuestionamientos de economistas y dirigentes políticos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el teléfono del 911 está a disposición para denunciar controles de precios ilegales hechos por “patotas sindicales”.
En el marco de la lucha contra la inflación, militantes de organizaciones sociales cercanas al Gobierno asumieron el rol de recorrer las grandes cadenas de supermercados y de monitorear que no falten productos incluidos en el programa Precios Justos. También numerosos municipios del interior sacaron a la calle a los inspectores que tienen a su disposición con el mismo objetivo. En los centros de distribución se dio la gran polémica, ya que la fiscalización estuvo a cargo del gremio de Camioneros.
Este martes, antes de que trascendiera que el gobierno nacional estaba dispuesto a “poner un freno” a la medida, ya se había reducido la presencia de los gremialistas en los centros de distribución, suspendiendo dos “visitas” que habían anunciado y que se iban a sumar a las realizadas la semana pasada. De todos modos, oficialmente insisten en que el rol de Camioneros se limitó a “aportar información”, ya que son quienes transportan las mercaderías.
En este marco, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, consideró que la estrategia del gobierno significa “armar una fuerza paraestatal para amedrentar y hostigar. Es un nuevo atropello a los derechos de los ciudadanos, de los comerciantes, de todos aquellos que quieren ejercer el legítimo derecho a trabajar, a comerciar”, sostuvo el funcionario de la Ciudad.
Luego del anuncio del Gobierno nacional, Felipe Miguel subrayó: “Respaldamos a quienes trabajan y viven dentro del marco de la ley. Si hacen la denuncia al 911, van a contar con todo el apoyo de la Ciudad y de la Policía de la Ciudad”.
“Cuando las ilegalidades provienen del propio Gobierno nacional la gente no termina, por eso salimos a dar claridad: las inspecciones están en manos de los gobiernos, no se puede delegar en sindicalistas ni en piqueteros”, añadió.
Sobre la misma base, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini.
En la denuncia, que también lleva la firma de los diputados nacionales diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se los acusa por “los delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos”.
Para Carrió y sus colaboradores, el Gobierno apeló a una “patota paraestatal” a fin de “eludir los mecanismos legales de contralor de precios, a través de sus inspectores, con auxilio de la fuerza pública y, con eventuales allanamientos pedidos a la Justicia”.
Los legisladores expusieron que el objetivo de la medida fue “amedrentar y disciplinar a supermercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley y obviando toda la burocracia estatal”.
A través de Twitter, la referente de la Coalición Cívica consideró que participación de los dirigidos por Pablo Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de grupos parapoliciales, y apuntó contra el Frente de Todos por estar “quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia”.
