Emerio Agretti
La formalidad que iba a presidir la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, como arranque puramente reglamentario del procedimiento para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no tardó en ser arrasada por la virulencia del discurso político, que no se privó ni siquiera de revisar la historia institucional del Poder Judicial y del gobierno de Juan Domingo Perón.
Pero más allá del encuadre conceptual de este procedimiento (el legítimo ejercicio de una facultad constitucional para el oficialismo, el montaje de un “circo” con otros fines para la oposición), la presencia de Juntos por el Cambio en el recinto, una vez garantizado el quórum por los partidarios del gobierno, sirvió para definir las primeras escaramuzas de lo que ya quedó definido como un enfrentamiento encarnizado, y también para anticipar el cronograma de las que se vienen.
Ese cronograma fue leído por la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, que dirigió la reunión en el anexo del Congreso con una corrección que no tardaría en ser desafiada por el tenor del debate. “Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, avisó, en un intento de transmitir tranquilidad o acaso formular una advertencia.
En ese registro, dejó sentado que la próxima reunión será el 2 de febrero y en ella se escuchará a los autores de los 14 proyectos, entre los que hay diputados, la senadora Juliana Di Tullio -jefa de Unidad Ciudadana-, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cinco particulares. En tanto, el 9 de febrero es la fecha en que se analizará el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas es factible avanzar con el proceso.
Punto por punto
Por lo demás, la reunión sirvió para dejar establecidas confrontaciones conceptuales de fondo, que sin duda atravesarán todo el trámite, y también para definir o preanunciar otras, vinculadas sobre todo a lo reglamentario. A saber:
ADMISIBILIDAD: El vice de la comisión, Juan López (Coalición Cívica) propuso citar a asociaciones de magistrados y académicos antes de abrir los procesos contra los jueces, dado que “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”. “Las citaciones están reguladas en la etapa de prueba”, intervino el jefe del oficialismo Germán Martínez, rechazando esta instancia previa.
Martínez también rechazó una oferta de Álvaro González para que una subcomisión sea la que defina si avanzan los juicios políticos. “Hay malos antecedentes: en 2002 se intentó y nunca se reunieron. Preferimos que el pleno sea el que defina la admisibilidad”, se negó el jefe de bloque.
CITACIÓN A TESTIGOS: Más allá de los 35 invitados que ya definió el oficialismo, la oposición contraatacó proponiendo sumar al ministro de Economía, Sergio Massa, debido a su rol de líder del Frente Renovador, una de las tres patas que integra la coalición oficialista. También al ministro del Interior, Wado de Pedro, como partícipe de las negociaciones para intentar un acuerdo en el caso de la coparticipación de CABA. En tanto, Gaillard confirmó, ante una consulta de Graciela Ocaña, que los gobernadores que apoyaron el pedido estarán invitados.
COMPARECENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA CORTE: La oposición considera que es una facultad de los denunciados, que está al margen de la voluntad política del bloque oficialista. El artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone que “se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados”, y además puede hacerlo por escrito. No obstante, el pedido firmado por Alberto Fernández establece que “sin perjuicio de la facultad contemplada” por ese artículo, “solicitamos se cite a la Comisión de Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Otra de las batallas que se vienen, una vez dispuesta la admisibilidad y abierto el período de pruebas.
USO DE “CHATS” ILEGALES: Uno de los ejes del oficialismo para fundar el “mal desempeño” son los supuestos vínculos con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su incidencia en el fallo sobre la coparticipación de CABA. Y se apoya para ello en los chats que se filtraron entre Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y funcionarios del gobierno porteño, declarados inadmisibles como prueba por la Justicia, pero que al entender del Frente de Todos eso no impide que sean tomados en cuenta en el debate político.
Juntos por el Cambio, apoyados en la doctrina del fruto del árbol venenoso, rechazará que se utilicen como esos chats como evidencia. El diputado Fabio Quetglas se refirió expresamente a este punto: “Acá tenemos dos caminos. O no lo tomamos en cuenta porque se trata de prueba ilegal, o si lo tomamos en cuenta somos cómplices de una situación institucional muy delicada, porque esto tiene la misma naturaleza que una confesión obtenida bajo tormento”.
“Entonces, una cosa es que se filtre y vaya a los medios de comunicación, cosa que me repugna absolutamente, y otra cosa es que el Parlamento argentino a esto le dé un tratamiento. Por dos motivos también de naturaleza ética. Porque estamos avalando una actividad prohibida y porque estamos generando incentivos para que se siga haciendo”, remató.
EL JUICIO POLÍTICO: El debate estuvo atravesado por una cuestión que sin duda estará presente en cada una de las instancias, y es la naturaleza del proceso abierto, en atención a los objetivos del oficialismo. Esta discusión fue abierta formalmente por el mendocino Omar de Marchi, que lo cifró en “una puesta en escena que nos ofrece el presidente, porque es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario, tiene principalmente dos objetivos” que son “no hablar de los problemas importantes del país” y la intención del Gobierno “con intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial”. Germán Martínez, que fue el último orador, aseguró (respondiendo a distintas consideraciones efectuadas a lo largo de la reunión) que desde su espacio “no nos victimizamos nunca” y “si estamos acá es porque hay tres poderes y nosotros queremos ejercer las competencias que la Constitución nos da”. “Nosotros no venimos a ensuciar a nadie”, aseveró y afirmó que no hay “ningún intento de avanzar contra nada”, al tiempo que “lo electoral no tiene nada que ver”.
Néstor lo hizo
La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. De ellos, solamente los 2 últimos fueron destituidos. Como se marcó ahora en el debate, una de las diferencias principales fue que entonces había consenso político para avanzar en ese sentido.
Textuales
EL LADO OSCURO: “Si se preocupan por la inflación, la Suprema Corte también es parte de este problema, porque no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital. ¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento? Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro” (Marisa Uceda, FdT).
¿QUE MÁS QUERÉS?: “En mayo de 2019, la Corte tomó recursos en la causa Vialidad y ahí se generó una situación de tensión que venía existiendo pero que se consolidó” porque “la Corte tomó los recursos pero no frenó el juicio por el que fue condenada el año pasado la vicepresidenta”. “En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional, por eso ustedes atacan a la Corte” (Juan López, JxC).
NO TE TENEMOS MIEDO: “No me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade (en alusión al diputado kirchnerista”. (Alejandro “Topo” Rodríguez, Identidad Bonaerense).
LOS INTOCABLES: “Las decisiones políticas generan alineamientos, no es que nosotros busquemos alimentar la grieta, no es culpa nuestra que se hayan alineado para defender su Corte porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido’. Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial” (Leopoldo Moreau, FdT).
SUEÑOS COMPARTIDOS: “Con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron” (Alejandro Finocchiaro, JxC).
“Unos 60 hechos” bajo la lupa
La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) y miembro del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley consideró que el trabajo de los legisladores oficialistas en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja “estuvo sólido y coordinado”.
“Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos -por Juntos por el Cambio (JxC)- asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios”, señaló Siley en declaraciones formuladas a la radio AM750.
La legisladora afirmó que la Comisión tendrá que analizar 14 denuncias que se presentaron contra los magistrados que integran el máximo tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y debe analizar la conducta de los jueces “en unos 60 hechos”.
“Cada uno hizo un debate político y está bien que eso suceda. En definitiva, de eso se trata en un juicio político. Una vez que las denuncias son admitidas, algo que sucederá el próximo 9 de febrero en la Comisión, se analizan los hechos atribuidos a diferentes personas, explicó la legisladora.
En ese sentido, indicó que “hay distintas etapas, en las cuales la Comisión hace un proceso de investigación y para impulsarlo se requiere una mayoría simple de 16 miembros, y el FDT los tiene”.
“Luego empieza la investigación, hay que llamar a testigos, y todo será público. Tendremos que sacar más adelante un dictamen acusatorio y para eso también se necesita una mayoría simple”, fundamentó Siley.
Y en ese sentido, agregó: “Si bien se requiere dos tercios para que el proyecto de juicio político sea aprobado para ser tratado en recinto, la vigencia del dictamen dura tres años. Con lo cual puede ser tratado en el 2023, 2024 o 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación”, aseguró.
La diputada le bajó el tono además a un cruce que mantuvo con el legislador de Juntos por el Cambio (Mario Negri), a quien tildó de “machirulo” porque la interrumpía “constantemente” durante su intervención en el debate de la Comisión.
“Lo de Negri fue un detalle. Me interrumpía como interrumpe a todo el mundo y justo lo hacía cuando yo hablaba de la designación de dos jueces por decreto, pero lo importante fue la reunión en sí misma”, puntualizó.
