Los aumentos de las tarifas que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pide en la audiencia pública de este viernes 17 de febrero para los clientes residenciales hablan de “un promedio del 44,8%”, y no ya del 39% que había dejado trascender. En rigor, la segunda cifra corresponde a un cálculo técnico que tiene presentes a las grandes y las pequeñas demandas. Ahora está claro que para los hogares no será así. Y bajo ese casi 45%, en los cuadros que la EPE mostró para el debate, aparecen otras cifras. Con extremos que van del 30% al 63%.
EPE: para la oposición la suba pedida superará en 20 puntos a la inflación
Curiosamente, el impacto será mayor en los sectores que gozan de una tarifa social subsidiada respecto de los que tienen que pagar la tarifa plena o de los que reciben una ayuda estatal menor. En los términos técnicos que impuso la segmentación tarifaria nacional, habrá más aumentos para el nivel 2 que para el 3 y el 1.
La explicación es que, en el caso de Santa Fe, los subsidios nacionales a la energía eléctrica en el mercado mayorista que benefician a los clientes regulares menos pudientes (mediante la segmentación) se sumaron a las tarifas sociales que la EPE ya tenía. Ambas medidas, de la Casa Rosada y la Casa Gris hicieron que durante 2022 un cliente residencial con doble subsidio (nacional y provincial) pagara un 75% menos que otro que tiene subsidios parciales (en la franja media de la escala de ingresos).
Mauricio Caussi aseguró que para una familia que por bimestre gasta unos 600 kw y pertenece al nivel 2 de la segmentación tarifaria (de más bajos ingresos) el impacto del aumento será de solo unos 400 pesos. Crédito: Archivo El Litoral
Ahora, con los nuevos cuadros propuestos que revisará la Casa Gris, esa diferencia será del 25% en lo que respecta al VAD, el Valor Agregado de Distribución, es decir, al tercio de la tarifa con que se queda la EPE. Los otros dos son para el precio del insumo (los megavatios que se compran a las generadoras y su transporte) y para las cargas impositivas.
Jamón del sándwich
La segmentación nacional identifica a los clientes residenciales de nivel medio con el tercer nivel. La sigla es N3. En cambio, N1 es para quienes tienen bienes o altos ingresos que los excluyen de cualquier subsidio estatal nacional (los sectores de mayores recursos o quienes no se anotaron). El N2 corresponde a los usuarios más vulnerables, que reciben la tajada mayor de la ayuda estatal.
El N2, de los usuarios más pobres, es ampliamente mayoritario según los datos oficiales de la Epe, pero no todos son alcanzados por tarifas sociales de la empresa provincial.
En el N3, fácilmente identificable con la clase media que pidió al Estado Nacional mantener el subsidio, verá una amplia dispersión del impacto tarifario de la EPE. Si sale tal como se lo ha pedido, irá de 44,9% al 57,9%. (Ver cuadro adjunto).
“Cláusula gatillo”
Del debate de los oradores y las exposiciones a cargo de la empresa pueden sacarse algunas conclusiones. La primera es que será clave la decisión a cargo de la ministra Silvina Frana de convalidar o no el aumento tarifario tal como se lo ha previsto, con una suerte de “cláusula gatillo” por si se dispara la inflación, que ya operó en septiembre de 2022, con un tope idéntico al de ese año: 20% más.
Estudio tarifario propuesto desde la EPE.
Así, en lugar de 44,8% a partir de marzo de 2023 habría que añadir otro peldaño de 20 puntos más que, según uno de los participantes de la audiencia pública, podría llegar al 89,6% “para los dos segmentos con menor poder adquisitivo”, es decir los niveles 3 (medio) y 2 (el más vulnerable), de acuerdo con los cálculos que expuso Antonio Salinas, titular de la oficina del Consumidor de Rosario.
Los dirigentes de la oposición que participaron del debate sumaron además las subas nacionales producto de la quita de subsidios que busca la Segmentación Tarifa y calcularon que el impacto final en la boleta de la luz al cabo de 2023 será unos 20 puntos superior a la inflación. Todos dieron por descontado que habrá un reajuste en septiembre 2023 si se aprueba sin cambios lo pedido por la EPE.
Evitar un déficit de $37 mil millones
El presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, pidió que la demanda adopte un “consumo inteligente” que evite gastar kw innecesariamente, en un “contexto de déficit que nos ha tocado transitar” en distintos aspectos del sector energético en general, a lo largo de su gestión. Antes agradeció la relación directa y permanente que mantuvo con los periodistas y los medios de comunicación en estos primeros tres años.
Muy especialmente habló de los 3.900 trabajadores de la EPE en un día especial, a poco de la penosa noticia de que un operario perdiera la vida en busca de restablecer cuanto antes el servicio, en Rosario. Ese hecho enlutó la audiencia y todos los oradores se solidarizaron con sus deudos y compañeros de trabajo.
La intervención del titular de la empresa fue breve y describió los lineamientos políticos que recibió del gobernador para una empresa estatal que esté cerca de los problemas de los usuarios santafesinos y acompañe al sector productivo.
La EPE ha estimado que en 2023 necesitará cubrir erogaciones por 183.395 millones y que podrá recaudar con las tarifas actuales solo 150.116. Se trata de cubrir un déficit de 37.279 millones con boletas más caras.
El gerente general, Jorge Tarchini, desplegó los argumentos para enfrentar el debate y las fuertes críticas que tuvieron dos diputadas de la oposición: la socialista Clara García y su par Agustina Donnet, del bloque Igualdad. En menor medida, el tercer miembro de la Cámara baja que habló en la audiencia, Oscar Martínez, alcanzó a esbozar un pedido para que la suba de tarifas no supere la evolución de los salarios. Se extendió con gráficos que muestran que los haberes de los empleados estatales no han alcanzado a la inflación, pidió para ellos restablecerles la cláusula gatillo y cuando iba a exponer sus ideas de fondo sobre el debate se le había agotado el tiempo.
García y Donnet lanzaron dardos fuertes, pero con datos, que merecen un desarrollo particular y se expondrán en próximas publicaciones sobre inversiones y subsidios estatales, en cada caso. Lo mismo, las quejas del sector industrial que aporta el 41% de lo que recauda la compañía distribuidora y sufrirá un fuerte aumento.
Buena parte del discurso de la empresa a cargo del gerente apuntaron a demostrar que la EPE había hecho todos los esfuerzos para cumplir con lo ordenado por la ministra Frana, en su resolución 80 de 2022 de la audiencia pública anterior. Y desgranó cada ítem, con información detallada sobre lo hecho. Es un criterio saludable, que no siempre se observa en otras audiencias públicas.
En esa enumeración, dijo que hubo 4.341 millones de pesos del Tesoro santafesino para subsidiar las tarifas sociales de la EPE en sectores sociales vulnerables. Que en 2022 se vivió el primer invierno sin cortes graves en los barrios populares, donde siempre saltaban las protecciones de los transformadores por el mal uso de la energía eléctrica con sistemas de calefacción bajo condiciones de servicio muy precarias.
En otras palabras, explicó que haber convertido enganchados en clientes regulares con tarifas sociales había disminuido los cortes. Dijo que se hizo con casi 185 millones, que se subsidió además con 70 millones a clubes y con otros 42 a empresas recuperadas.
Destacó que 397 mil usuarios de la empresa estatal y otros más de 40 mil de las cooperativas de zonas vulnerables urbanas tienen esos beneficios. Y que se usaron 26 millones para compensar a cooperativas de agua potable, que pone el tesoro provincial y que también hubo ayudas para pequeñas áreas industriales de comunas.
“Pudimos cumplir con la meta de recuperación de un punto (-1%) de las Pérdidas No Técnicas”, es decir sobre el hurto de la energía en sectores que pueden pagar y la disminución de los enganchados en zonas excluidas, fue otro de sus anuncios más importantes. Y agregó en otro orden que “hoy la morosidad está como antes de la pandemia. Un nivel inferior al 9%”, indicó. Abundó en gráficos y datos sobre el aumento de costos dolarizados en materiales y otros en servicios y mano de obra también multiplicados por la inflación, que nadie refutó.
