“Cristina Ferraro fue suspendida por la Sesión Conjunta de ambas cámaras legislativas a la espera de la confirmación de su situación procesal, ahora confirmada esta instancia en la justicia federal, corresponde reabrir el proceso de remoción”, le dijo a El Litoral el diputado justicialista Leandro Busatto.
El jefe de la bancada oficialista de la Cámara baja se refirió al caso tras confirmarse el procesamiento de la justicia federal contra la fiscal Ferraro, por su actuación en la denominada causa Oldani, que se desató tras el asesinato del comerciante del rubro turismo.
“La causa Oldani es un verdadero escándalo institucional en el que el MPA miró para otro lado. Un crimen en el que desaparecieron un millón de dólares y pruebas luego de un homicidio”, sostuvo Busatto. Ferraro fue la primera fiscal interveniente en la causa que en estos días está tramitando el juicio oral y público a otros dos posibles participantes del grave suceso. Los ahora fiscales del caso Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedogni expusieron las pruebas en las que basaron su acusación contra el custodio Juan Manuel Ruffino y el relacionista público Andrés Federico Kaipl. El veredicto de esta parte del juicio se conocería la semana venidera.
Volviendo al tema Ferraro, Busatto recordó que “el 24 de noviembre de 2022 decidimos suspender por cinco meses a la fiscal. Su actuación hubiera merecido apenas una sanción de 60 días para el MPA. Pero advertimos que la investigación se suspendía y que si la justicia avanzaba la Legislatura retomaría el proceso”, agregó.
Esta semana, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Ferraro por supuesto encubrimiento agravado y abuso de autoridad porque “permitió que sacaran en forma clandestina el dinero” que había en una caja fuerte y en oficinas de una agencia de turismo horas después del asesinato de su dueño, Hugo Oldani, en febrero de 2020. La plata se la llevaron la hija y el yerno de Oldani y un matrimonio amigo, pero sin que el hecho “quedara documentado formalmente”, dice la resolución del tribunal de alzaga. El monto total es una incógnita, aunque un peritaje que solicitó el fiscal federal Walter Rodríguez –que investigó el caso- lo estimó en un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos.
Ferraro estaba procesada desde junio de 2022 por el juez Carlos Villafuerte Ruzo –subrogante en el Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe- quien la imputó por presunto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa que se inició por la denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, en junio de 2020. El procesamiento se extendió entonces al empresario José Luis Hernández –yerno de Oldani- y a dos amigos de su esposa: la abogada Virginia Venetucci y Diego Medero. La hija de Oldani, Virginia y una empleada de la empresa están procesadas en otra causa por supuesta “intermediación financiera no autorizada” que pasó a juicio oral en febrero de 2022.
La Cámara Federal de Rosario confirmó sólo el procesamiento de Ferraro y de Medero porque Hernández y Venetucci no apelaron.
Sesión conjunta
“La lógica del justo medio, clave para preservar la negociación política, se impuso para la suerte de la fiscal del MPA, Cristina Ferraro, suspendida por 150 días sin goce de haberes, por su actuación en el marco de la llamada Causa Oldani”, escribió Luis Rodrigo en este diario sobre la sesión conjunta que en noviembre aplicó la sanción.
Agrega Rodrigo que “buena parte de la sanción votada por “mal desempeño”, que logró los votos a favor de todos los presentes, se decidió antes, en la reunión de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que aconsejó a la Sesión Conjunta de ambas Cámaras partir por partes iguales a quienes pedían una sanción menor por un lado y la separación del cargo por otro. Dos elementos pesaron en favor de Ferraro. La tozuda decisión de convocar a la unanimidad del presidente de la bicameral, el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y sus antecedentes impecables hasta ese hecho, según quienes revisaron su caso tras el avocamiento de esa comisión, y la denuncia formulada por la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Además de la decisión adoptada por el Poder Legislativo de Santa Fe, mediante un procedimiento que exige quórum y mayoría de cada Cámara por separado en un mismo ámbito de debate, la fiscal Ferraro afronta una causa en la Justicia Federal. Si en esa instancia el caso avanza, la Legislatura volverá a discutir sobre la fiscal suspendida”. Ahora, Acuerdos deberá volver a activar el mecanismo sobre esta fiscal aunque con la decisión ya firme de la Cámara Federal de Rosario.
