(Por Ignacio Hintermeister) – Entre el segundo semestre del 2019 e igual período del 2022, “se observa que el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI, dentro del cual el gasto en planes asistenciales (sin incluir la AUH), pasó de 0,7% al 1,8% del PBI. La inflación pasó del 53% al 85% anual. La cantidad de pobres pasó de 10 millones a 11,5 millones de personas”.
La “foto” que ofrece el ortodoxo Instituto para el Desarrollo Social Argentino es parte de un informe según el cual “el incremento de las erogaciones produjo una aceleración de la inflación que llevó a que más gente tenga ingresos que no superan la línea de pobreza”.
¿Hay más pobreza porque hay más planes? El enfoque fiscalista del centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina tiene su lógica contable cuando señala que el déficit fiscal incrementado por el gasto social ayuda a generar la inflación que licúa el poder de compra de los planes. Lo mismo, hay que agregarlo, sucede con los salarios, lo que explica más pobreza a menor desempleo.
De la misma manera se puede decir incluso que la inflación es lo que genera más pobres aun cuando hay menos desempleo, por su impacto depredador en el salario. Las cifras de las que se jacta el gobierno incluyen como “empleados” a los beneficiarios de programas sociales. Y asalariados o asistidos, tienen menos poder de compra por efecto de la pérdida del valor de la moneda.
La paradoja es que, si se toma por cierta la premisa de Idesa, según la cual “el incremento del gasto asistencial aumenta la pobreza”, no se puede omitir que eliminar planes asistenciales, también lo hace. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la Tasa de Pobreza de 2022 era de 43,1%, pero sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas, el cálculo alcanzaba el 50%.
La billetera asistencial del Estado evitaba el año pasado un 6,1% más de pobres. Ahora los especialistas del ODS/UCA calculan que el 39,2% de las personas que viven bajo la línea de pobreza (medición por ingresos según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec), superarían el 50% sin los planes.
Pero hay un singular plano de sintonía entre el planteo de Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, y el del equipo de Collina. Para el primero de ellos, la inflación de tres dígitos promete este año 45% de pobreza medida por el Indec, a lo cual habría que agregarle 10 puntos y más si se sacan los planes, por efecto de la inflación.
¿El dilema se resuelve empalmando una baja de inflación con condiciones económicas que generen más actividad, empleo formal, aporte fiscal y menor déficit? Se dice fácil. El Frente de Todos creó los “Potenciar Trabajo”; lo que logró fue cambiar el nombre del asistencialismo sin generar más producción,
“Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible. Durante los últimos 40 años el crecimiento promedio apenas fue del 1% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas, o para dar un salto en ciencia y tecnología, o para responder a justas demandas sociales, y, sobre todo, permitir invertir en el capital humano de las nuevas generaciones”.
El párrafo no viene de la ortodoxia sino del último informe del Observatorio de la Deuda Social. Sirve para observar que el crecimiento con justicia social, incluso el criterio de redistribución de riqueza requiere primero producir/enriquecer para solventar la asistencia. No es lo mismo el Estado Presente que el Estado de Bienestar, como es diferente repartir dinero impreso que generar condiciones equitativas de progreso.
O como diría Anthony de Jasay (la lógica del liberal no invalida en este caso un legítimo progresismo): “No es que sea imposible poner el carro delante del caballo, sino que no resulta muy práctico. Ni prueba que el caballo no pueda tirar”.
