A días de que se lleve a cabo la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico de Argentina en Washington, se publicó el documento oficial correspondiente a la cuarta revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado para el país.
El mismo cuenta con una serie de pedidos concretos de ajuste para reducir la meta de acumulación de reservas y el balance de los criterios de desempeño cuantitativos hasta fines de diciembre de 2022 de la gestión del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.
El Directorio Ejecutivo del FMI exigió en primera instancia “limitar el impacto fiscal” de la moratoria previsional aprobada por el Congreso el pasado 28 de febrero mediante “regulaciones estrictas” para que ingresen solo “aquellos de necesidad”.
Gita Gopinath, número dos del Fondo advirtió en el texto que “el costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”.
La conclusión de la cuarta revisión del acuerdo SAF de 30 meses de Argentina permitió un desembolso inmediato de alrededor de US$ 5.400 millones (DEG 4.000 millones), lo que sitúa el total de desembolsos en el marco del acuerdo en alrededor de US$ 28.900 millones.
Luego, iniciando el argumento respecto a la tarifas energéticas, reconoce que la sequía produjo un desajuste de los planes previstos en el acuerdo original para el 2023, por lo que reconocer la necesidad de reducir las metas de acumulación de reservas, que este año eran de u$s12.400 millones, y que se reducirían en u$s2000 millones.
“Dada la magnitud del shock climático, se justifican algunos ajustes a la baja en los objetivos de acumulación de reservas, aunque será necesario un paquete de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad y mantener el papel de ancla del programa”, indica Gopinath.
Por este motivo aclara que “será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”.
Otra de las exigencias centrales apunta al aumento del valor del dólar oficial. Gopinath pidió evitar las intervenciones en el mercado cambiario paralelo utilizando reservas o instrumentos de deuda externa a corto plazo.
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Este punto también establece que en la medida de lo posible y abordando los desequilibrios, las medidas de gestión de flujos de capital, las prácticas de moneda múltiple y las restricciones cambiarias también deberían eliminarse.
El balance
A pesar de las exigencias, el Directorio concluyó que “todos los criterios de desempeño cuantitativos hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen, respaldados por una implementación más firme de la política macroeconómica en el segundo semestre de 2022″.
Más adelante detalla que aprobó “modificaciones a la meta de acumulación de reservas para acomodar parcialmente el impacto de la sequía severa, junto con políticas más firmes para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa, manteniendo al mismo tiempo la función de ancla del programa”.
Según el organismo, el programa proporciona a la Argentina apoyo para la balanza de pagos y el presupuesto, vinculado a la implementación de políticas destinadas a fortalecer las finanzas públicas, abordar la inflación persistente y alta, mejorar la cobertura de las reservas y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible e inclusivo.
