40 años de democracia ininterrumpida
Todos los 24 de marzo nos invitan a re pensar el término memoria colectiva, término acuñado en un ensayo publicado en 1945 por el filósofo y sociólogo francés Maurice Halbwachs.
La memoria colectiva es la que se comparte, transmite y construye en y por la sociedad. A los argentinos este término nos remonta a lo ocurrido en la última dictadura cívico militar. Las nefastas consecuencias de esa etapa oscura nos obligan a insistir, cotidianamente, en el “Nunca Más”. En que es con y en democracia donde podemos construir un país donde se nos respeten nuestros derechos.
No fue este el único golpe de Estado en nuestro país, si fue el más sangriento y el último. Y que sea el último, habla entre otros, de Raúl Alfonsín, sus principios y su compromiso con la República, su coraje y coherencia.
A solo cinco días de asumir su gobierno firmó los decretos 157/83 y 158/83, en los que se ordenó el enjuiciamiento a los miembros de las tres juntas militares que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, y a los dirigentes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros.
Todos los responsables de esos tiempos tan oscuros, debían ser enjuiciados. El mismo 15 de diciembre, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que declarara nula la ley de autoamnistía (Nº 22.924) dictada por la dictadura cívico militar.
Una semana después, se convirtió en la Ley Nº 23.040, la primera de la nueva etapa democrática.
El Juicio a las Juntas es un orgullo para todos los argentinos. A la fecha sigue siendo un hecho sin precedentes, reconocido en todo el mundo.
Fue sin dudas el punto de partida que demostró por carriles democráticos, con procesos judiciales acorde a derecho, la existencia de un plan sistemático de imposición del terror, que incluyó eliminación física de miles de ciudadanos, secuestros, torturas, detenciones clandestinas y vejámenes impensados.
Es indispensable inscribir en nuestra historia la importancia del sostenimiento del Estado de Derecho.
El terrorismo de Estado se caracterizó por el uso de la violencia, dentro de un plan pensado y ejercido por el mismo Estado. El Estado que es quien detenta el monopolio legítimo de la fuerza fue quien torturó, persiguió, mató, arrojó gente viva al mar, privó de su identidad a muchos niños y niñas.
En lo personal, y desde que soy madre, ningún delito me pareció más aberrante que tener en cautiverio a una mujer, hacerla parir, quitarle a su hijo de sus brazos y hacerla desaparecer.
En la película 1985, en la escena del llamado de la madre del fiscal adjunto Moreno Ocampo, sentí que se repetía ese sentimiento. La mujer le dice a su hijo, algo así como “no pueden hacerle eso a una madre”.
Para esa mujer fue un quiebre el relato de una psiquiatra que por error había sido detenida y torturada. Y es ahí donde entiendo que todos tenemos que estar de acuerdo: la tortura está mal.
Si la hace un particular o un grupo de personas deben ser sancionadas, enjuiciadas y encarceladas. Y para eso está el Estado. Ahora si es desde el propio Estado donde se cometen estas atrocidades, ¿a quién recurrimos?
El Estado, insisto, único titular del monopolio de la fuerza, es el responsable de usarla de manera legítima: debió detener y hacer un juicio a quienes actuaban al margen de la ley, dando lugar al cumplimiento de garantías constitucionales. Pero jamás puede matar, ni siquiera en los países donde la pena de muerte está permitida, se ejecuta sin juicio previo.
Remarco en el coraje de Alfonsín, porque el Juicio a las Juntas da cuenta de esto: de que el Estado debe ser garante de derechos. Y no fue fácil hacerlo en esa coyuntura.
Él ordenó el enjuiciamiento de los responsables de las fuerzas militares y de los responsables de los movimientos guerrilleros. Lo hizo cuando muchos pedían la amnistía.
Sin perjuicio de las muertes y el terror, la última dictadura triplicó la deuda externa, que fue producto incluso de la estatización de la deuda privada, se elevó de 7 mil 875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45 mil 87 millones de dólares al finalizar 1983; implicó la desregulación laboral; el congelamiento de salarios; ocasionó la muerte de muchos pibes en Malvinas. Es decir, el saldo fue nefasto.
Como Alfonsinista quiero democracia para siempre, reconozco que es perfectible, pero no concibo un sistema superador.
