"40 años de democracia", proyecto del ICES ante el histórico 10 de diciembre

Por Martina Enrico, Daiana Lazarte, Milagros Maldonado y Carolina Stefania (*)

Se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina. A lo largo de estas cuatro décadas, nuestro país ha avanzado en materia de derechos. Hoy, la democracia parece amenazada por ciertos discursos que ponen en discusión su sentido. Es común leer o escuchar expresiones publicadas por quienes ocupan cargos públicos o ciudadanos en un amplio rango de edad, que nos interpelan, como argentinos, a reflexionar en torno a la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la aceptación de las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder. El movimiento de tropas que se venía produciendo desde el martes 23 de marzo en Capital Federal y otras localidades y guarniciones del país culminó, a poco de iniciado el día 24, con el derrocamiento y la detención de la presidenta María Estela Martínez de Perón y la toma del poder por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, integrada por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, el comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando R. Agosti. 

Unos días después, el general Videla fue designado presidente de la Nación. Junto con la evidente demostración de fuerza que representaron los miles de efectivos militares fuertemente armados desplegados en las calles de la capital y las principales ciudades, ocupando sitios definidos como objetivos estratégicos (como aeropuertos, estaciones de radio y televisión y plantas fabriles), el golpe también tuvo sus formalidades. Se dieron a conocer el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, sus propósitos y objetivos, y la proclama suscripta por los miembros de la Junta, transmitida a las 3.20 de la madrugada por la red oficial de radiodifusión, donde se consignaba que ante el “evidente vacío de poder existente” y “tras haber fracasado todos los intentos de lograr una solución para la grave crisis que afecta a la Nación a través de los mecanismos políticos”, las Fuerzas Armadas asumían los mandos del Estado. 

La Junta Militar anunció la caducidad del mandato de la presidenta y los gobernadores de provincias, disolvió el Congreso, legislaturas provinciales y concejos municipales, dispuso la remoción de los miembros de la Corte Suprema, tribunales superiores de las provincias y del procurador general de la Nación y suspendió la actividad política y gremial. Ello se efectivizó en las primeras horas del 24 de marzo, cuando oficiales de las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del edificio del Congreso cumpliendo con la decisión de disolver el parlamento, y asumieron las nuevas autoridades en las provincias: interventores militares que en su mayoría ostentaban el grado de coronel del Ejército. La presidenta fue trasladada al sur del país en calidad de detenida a disposición de la Junta Militar, y se concretó el arresto de funcionarios, legisladores, exgobernadores y dirigentes sindicales, en su amplia mayoría miembros del Partido Justicialista (PJ). 

El 24 de marzo, en el acto de asunción de la Junta Militar, se dieron a conocer los “documentos básicos” del Proceso de Reorganización Nacional: la Proclama, el Acta, las Bases, el Estatuto, donde se enunciaban los propósitos y objetivos del gobierno que se iniciaba. Los primeros postulaban: restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstituir el contenido e imagen de la Nación; erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional, basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores, a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino. 

Durante esta dictadura militar, las acciones represivas se centralizaron y coordinaron para tener un alcance nacional. Con el objetivo de aniquilar al “enemigo interno”, las Fuerzas Armadas desarrollaron una estrategia clandestina cuyo circuito represivo consistía en el secuestro del “subversivo”, su posterior cautiverio en un centro clandestino de detención y culminaba, en la mayoría de los casos, en la desaparición de los detenidos. La amplitud del concepto "subversivo" queda perfectamente expresada en las siguientes declaraciones del general Videla: "Por encima de todo está Dios. El hombre es criatura de Dios, creado a su imagen. Su deber sobre la tierra es crear una familia, piedra angular de la sociedad, y vivir dentro del respeto del trabajo y de la propiedad del prójimo. Todo individuo que pretenda trastornar estos valores fundamentales es un subversivo, un enemigo potencial de la sociedad y es indispensable impedirle que haga daño. El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana”. En suma, como explica Pilar Calveiro, dada la vaguedad del concepto, cualquiera podía entrar en la categoría de subversivo e, incluso, en la de terrorista. Los centros clandestinos de detención fueron, en cientos o miles de casos, la antesala de la desaparición; una de las modalidades específicas y originales de la represión en la Argentina (y sin dudas, su marca más perdurable). La condición de desaparecidos implicaba no sólo el ingreso y muchas veces la muerte en el circuito represivo ilegal, sino el borramiento de las huellas, el ocultamiento deliberado de los cuerpos, de las identidades de las víctimas y de los registros de aquella actuación esencialmente clandestina. 

Debido al retorno de viejas discusiones en los medios de comunicación masivos sobre temas que para el ámbito académico de la Historia ya están resueltas, tales como la “teoría de los dos demonios”, es necesario recalcar que lo sucedido en la Argentina en el período 1976-1983 no fue una “guerra” desatada por las organizaciones de la izquierda armada, en la que las Fuerzas Armadas se vieron “obligadas” a intervenir. Y ello porque lo sucedido antes y después del golpe no fue un enfrentamiento entre ejércitos beligerantes ni una guerra civil, sino que se trató del despliegue de una brutal represión implementada por las Fuerzas Armadas del Estado, que monopolizaban el ejercicio de la violencia definida como legítima. 

La historiadora santafesina Gabriela Aguila plantea lo que podríamos llamar “geografía de la represión”, la cual se organizó diferenciando determinadas “zonas” en el territorio nacional donde se ubicaban las principales autoridades militares, equivalentes a los cuerpos del Ejército. La Zona 2, donde se encontraba el Segundo Cuerpo del Ejército (con sede en Rosario) nucleaba a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. La provincia de Santa Fe fue dividida en dos áreas: la 212 que correspondía al norte de la provincia, y la 211 que nucleaba a la parte sur de la provincia. 

Los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que correspondían a la zona sur de Santa Fe se encontraban ubicados en dependencias policiales, militares, en casas o fincas que fueron destinadas para ese uso. En consonancia con las investigaciones históricas actuales, podemos enumerar los siguientes CCD: el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, la Calamita en Granadero Baigorria, la Quinta de Funes, el Batallón 121, la Fábrica de armas Domingo Matheu de Rosario, la sede del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército (el actual Museo de la Memoria), la escuela técnica Magnasco en Rosario, la Intermedia (Timbúes) y la fábrica de armas de Fray Luis Bertrán en Rosario. Se han encontrado al menos tres casas más destinadas a tales usos: “el Fortín” y “la Española” en Funes, y otra en el barrio rosarino de Fisherton. Los delitos sexuales durante la dictadura cívico-militar fueron particularmente crueles y humillantes, produciendo severas afectaciones en la integridad de mujeres y varones. En el caso de las mujeres, constituyó un tipo especial de violencia ligada a su condición de género. Este plus se evidenció en el mayor ensañamiento, en las violaciones diarias y grupales, en los embarazos forzados, en los partos violentados, en la apropiación de hijos nacidos en cautiverio, en la burla y la humillación hacia todo lo femenino. Hoy es una verdad indiscutible que la violencia sexual desplegada por el terrorismo de Estado fue masiva y reiterada ya que la mayoría de las víctimas denuncian haber sufrido algún tipo de violencia sexual (violaciones, abusos, amenazas de violación, embarazos y abortos forzados, acoso sexual, esclavitud sexual, esterilización forzada, desnudez forzada). Los agresores pertenecían a las distintas fuerzas involucradas en la represión y a distintas jerarquías. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de género, en el año 2021 se reconoció a la violencia sexual como parte del aparato represivo de la última dictadura. Antes se los consideraba como hechos aislados, producto de voluntades individuales, y por ello se los relegaba a la prescripción e impunidad. Las escasas sentencias que revelaban los abusos y violaciones englobaban bajo un mismo manto jurídico: el delito de torturas, negando así la especial afectación que producen en las personas las agresiones sexuales. 

Para entender la transición a la democracia que transitó la Argentina y el final de la dictadura, tenemos que hacer referencia a la Guerra de Malvinas. Este proyecto bélico fue impulsado por el general Galtieri y las FFAA. Despertó una ola de entusiasmo nacionalista en la sociedad argentina, que operó como elemento principal de legitimación de un gobierno cuestionado y desacreditado. La noticia de la derrota cayó como una bomba en el ánimo de la población, que había querido creer la versión difundida por los medios locales, según la cual las pérdidas del enemigo eran tan grandes que no tardaría en desistir. Miles de personas indignadas salieron a las calles. Como consecuencia de esto, el 16 de junio los generales obligaron a Galtieri a renunciar, mientras la Armada y la Fuerza Aérea se retiraban de la Junta buscando cargar éste y los demás fracasos del régimen sobre la espalda de sus pares de tierra. Estos designaron entonces en soledad al general retirado Reynaldo Bignone para encabezar un nuevo gobierno. Y Bignone anunció inmediatamente el inicio de la transición a la democracia. 

La UCR, a diferencia del PJ, experimentó una profunda renovación durante la transición; proceso que tenía mucho que agradecer tanto al esfuerzo de Balbín por mantener activa a esta fuerza, como a su desaparición (había fallecido en septiembre de 1981): sin su presencia, el alfonsinismo -hasta entonces minoritario- se impuso en la interna y liberó al partido del lastre de haber querido entenderse con el Proceso, ubicándolo oportunamente a la vanguardia de la denuncia de sus crímenes. Alfonsín presentó a la UCR como el “partido de la democracia” y logró atraer a un electorado que excedía con creces al suyo tradicional, a derecha e izquierda del espectro, incorporando incluso votantes populares hasta entonces fieles al peronismo. Su campaña tuvo tres pilares fundamentales: investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de estado, democratizar las instituciones y en particular los sindicatos, y reactivar rápidamente la economía para recuperar los niveles de empleo y salario. El común denominador fue la sobrestimación de las posibilidades de cambio, motivada no sólo por las necesidades políticas del nuevo gobierno, sino por el optimismo generalizado de la sociedad, que quería creer que por fin era posible dejar atrás los males que venía padeciendo. Las evidencias sobre los crímenes, que habían ido acumulándose desde el final de la guerra de Malvinas con el descubrimiento de cientos de fosas comunes, las confesiones de algunos represores arrepentidos y la difusión de los testimonios de los familiares, generaron un enorme apoyo a los reclamos de “verdad y justicia”. 

El presidente Raúl Alfonsín en la celebración de los 100 años de Venado Tuerto, el 26 de abril de 1984. 

El entonces candidato radical, a diferencia de su par peronista, no aceptó la autoamnistía que la Junta dictó en su propio beneficio poco antes de los comicios. Y se esmeró en delinear lo que serían sus iniciativas al respecto: promover el juicio a los principales responsables de la represión ilegal como asimismo a las cúpulas guerrilleras, para equilibrar las cosas entre “los dos responsables de la violencia política”, y a un número acotado de represores paradigmáticos que hubieran cometido actos abiertamente ilegales (aunque no estaba claro a quiénes se incluiría en esta categoría, dado que todo el plan represivo tenía ese carácter), disculpando a aquellos que sólo habían “obedecido órdenes”. Con la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 la política de Derechos Humanos cobró centralidad. Se creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) formada por decreto presidencial el 15 de diciembre de 1983, encargada de recolectar testimonios de familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la represión. Y a partir del informe de la Comisión se crea el libro Nunca Más. A fin de que la estrategia gubernamental fuera posible, era necesario asegurar la sanción de otras dos leyes, una debía derogar la Ley de Pacificación Nacional (o de Autoamnistía) sancionada a último momento por el gobierno militar y otra debía especificar el alcance de la responsabilidad penal y la jurisdicción en la cual se realizarían las prosecuciones ordenadas. El 14 de febrero de 1984 el Congreso aprobó casi por unanimidad la sanción de la Ley 23.040 que derogaba la Ley de Autoamnistía y la Ley 23.049. La reforma al código militar autorizaba a los tribunales civiles a hacerse cargo del proceso en caso de que la corte militar demorara injustificadamente más de 6 meses el trámite de los mismos. 

El Juicio a las Juntas, llevado a cabo en abril de 1985, fue un hito importante no solo para la historia nacional, sino que tuvo un gran impacto en los países latinoamericanos, e incluso a nivel internacional. Catalina Smulovitz sostiene al respecto: el Juicio a las Juntas, fue una demostración muy fuerte de que nadie, poderosos o débiles, están por encima de la ley. En este sentido, ese fue uno de los elementos más importantes del juicio. En una nueva democracia, que recién se estaba asomando, el mensaje fue que no había, en relación a cómo comportarse respecto de violaciones a la Constitución, personas que pudieran estar por encima de las normas. Así, el juicio constituye una señal muy relevante: envía un mensaje según el cual poderosos y débiles están en igualdad ante la ley. Siguiendo esta línea, debemos tener en cuenta que si hablamos de los juicios el tema no se cerró. La autora explica que el tema se reabrió y eso no es estrictamente una responsabilidad de Alfonsín. De hecho, se reabrió; y esto debido a que en el caso argentino existió una militancia y una organización por parte del movimiento de derechos humanos que continuó reclamando, denunciado e investigando cuestiones ligadas al respeto de los derechos humanos. La victoria moral de la democracia sobre el autoritarismo que emanaba de los juicios era tan necesaria para consolidar el régimen como para mantener la ventaja del oficialismo frente a la oposición, que lo criticó desde un comienzo por los déficits económicos y sociales. Por las razones expuestas anteriormente, es necesario advertir que en nuestro país los crímenes de lesa humanidad no prescriben, que pueden ser expuestos y denunciados en cualquier momento, y que actualmente serán juzgados. En la provincia de Santa Fe se siguen llevando a cabo investigaciones y procesos judiciales sobre los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el viernes 14 de abril de 2023 a 7 años de prisión a Julio Adelaido Ramos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, cuando se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia del Ejército en Santa Fe. Ramos fue considerado autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados sufridos en 1977 por Luis Felipe Solé, un joven estudiante de Ingeniería Química y militante peronista. Otro Juicio reciente comenzó el 4 de octubre de 2023, se trata de “Causa Requena", en la que están imputados Ricardo Carrouché, retirado de la Policía Federal; y Germán Raúl Chartier, Wenceslao Claudio Bertolino y Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, los tres ex integrantes de la policía de Santa Fe. En este juicio se abordarán los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, robo y abuso deshonesto perpetrados a partir de la tarde del 5 de mayo de 1977 en la ciudad de Santa Fe. 

Desde una perspectiva local, podemos afirmar que en Venado Tuerto había un gobierno de estructura continuista, designado por los militares. Ernesto De Mattia gana la intendencia gracias a su crítica del gobierno municipal oficialista durante la dictadura, al cual señala como un gobierno a espaldas del pueblo. (18) El candidato radical se presentaba como la renovación frente a los demás contrincantes. “Somos la única posibilidad renovadora de gobierno” titulaba un diario local. Era propuesto como el candidato más joven (tenía 33 años) cuyo optimismo se basaba en que el radicalismo iba a volver a ser una alternativa válida de vida democrática para los argentinos, en particular, para Venado Tuerto. De Mattia, al igual que el candidato radical a nivel nacional, supo leer la nueva coyuntura en la que ingresaba el país post dictadura. Hacía explícito su repudio a la dictadura y al gobierno municipal venadense que había actuado “a puertas cerradas, sin participación popular”. 

Hoy, a 40 años de la restitución de la Democracia, promulgamos la importancia de la memoria colectiva construida a partir de la conciencia de un pasado que nos une e identifica, y enfatizamos el rol de los educadores que atraviesan desafíos, sobre todo en la actualidad, cuando las memorias de la historia reciente están marcadas, entre otras cosas, por la fragmentación. También insistimos en la importancia de dar a conocer la función de los organismos de Derechos Humanos, que defienden la libertad, y luchan por seguir buscando la memoria, verdad y justicia, enarbolando la causa del Nunca Más. 

(*) Estudiantes de 4° Año del Profesorado de Educación Secundaria en Historia.