Acuerdo por la deuda: llegó la letra chica y se acrecienta la discusión
Por Ivana Fux
Los alcances y derivados del acuerdo entre provincia y nación para saldar la histórica deuda de copartipación monopolizaron la discusión política de toda la semana. Y el tema promete seguir en cartelera. El debate logró correr, al menos de la superficie y transitoriamente, las movidas y cónclaves por los futuros armados electorales.
Con la sucesión de reuniones que se promovieron desde la Casa Gris, el Poder Ejecutivo intentó clarificar y contrarrestar la andana de críticas con las que la oposición recibió la noticia del acuerdo. Los sectores no oficialistas hicieron planteos que objetaron desde las cuestiones de forma hasta el corazón del convenio. En cuanto a lo primero, criticaron las convocatorias “improvisadas” del gobierno y la decisión suscribir el texto “de manera unilateral y a espaldas de la Legislatura”. Respecto de lo segundo, polemizaron sobre el monto a cobrar, el índice de actualización, el instrumento con el que se saldará, la necesidad de enviar el convenio a la Legislatura y, sobre todo, cuestionaron un segundo convenio firmado con AFIP.
La oposición sostiene que lo que debería haber sido motivo de festejo, por poco no terminará siendo perjudicial para Santa Fe. Desde el gobierno se interpreta que la verdadera razón de las disidencias radica en la circunstancia en la que se termina generando la noticia del cobro de la histórica y millonaria deuda. “La piedra en el zapato (de la oposición) es que la sentencia de la Corte se terminó dictando durante la gestión de Omar Perotti”, resumió el ministro de Gestión, Marcos Corach.
Es cierto que, en algunos aspectos, la discusión decantó. Después de los encuentros con entidades, legisladores e intendentes, se aceptó que la determinación del monto a cobrar, así como la tasa de actualización, no fueron responsabilidad de provincia o Nación, sino de la Corte, que fijó esos criterios. De igual modo, se concedió que no había muchas chances de cobrar que no fuesen a través de bonos. Ello no implica que se haya desvanecido la profunda preocupación por saber qué utilidad real tendrán dichos títulos en el contexto volátil e incierto por el que atraviesa la economía.
No evolucionó demasiado el debate sobre si el convenio debe ser remitido o no a las cámaras; mayoritariamente la oposición insiste en que así deber ser, mientras que el Poder Ejecutivo sostiene que no hay razones técnicas ni jurídicas para que el acuerdo sea ad referéndum de la Legislatura.
Pero hubo un aspecto cuyas controversias ni los hechos ni dichos producidos durante la semana pudieron disipar. En rigor, las acrecentaron y profundizaron. A diez días de la rúbrica que debía ser histórica, la principal objeción de la oposición está focalizada en el acuerdo que la provincia suscribió con AFIP (al que el gobierno sigue definiendo como “preliminar”). Dicho entendimiento implicará en la práctica que se le volverá a detraer a Santa Fe el 1,9% de su coparticipación federal – unos 8 mil millones de pesos anuales- para financiar al organismo nacional. A cambio, la provincia recibirá “información relevante” para mejorar su recaudación. La simultaneidad en el anuncio de ambos acuerdos generó dudas en la oposición, que deslizó sospechas sobre un supuesto “chantaje”; ello, fundado en el razonamiento de que Nación pagaría su deuda, si antes Santa Fe se comprometía a conceder a AFIP una porción de la coparticipación. El Ejecutivo lo negó; en público y en privado desde el gobernador hasta sus funcionarios, ante la prensa y ante los legisladores dijeron que “una cosa no tenía que ver con la otra”; que “eran convenios independientes”, y que los temas no debían mezclarse. Sin embargo, cuando los textos llegaron a la Legislatura, pudo leerse ya en el título del paper que el acuerdo de AFIP era “complementario” – se presume- al suscripto por la deuda-; allí, se alude directamente en el primer punto de los considerandos al “acuerdo de ejecución de sentencia entre provincia y Nación” que había sido firmado ese mismo día. Lo que implicaría que los acuerdos sí estaban relacionados, aunque hayan constituido rúbricas independientes. La situación irritó al presidente de la Cámara de Diputados; desde su banca como legislador, Pablo Farías trató de “mentiroso” al gobernador. Una aseveración inusitadamente fuerte, que tuvo su correlato con nuevas aclaraciones formales de la ministra de Gobierno, Celia Arena, garantizándole al legislador que no habrá acuerdo si la Legislatura no lo avala. Farías no se retractó, aunque si prefirió no insistir con imputaciones personales. Pero las discrepancias se mantienen. La deuda que permanece, en cualquier caso, sigue siendo el diálogo.
