Adepa contra la propuesta de matrículas para periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su preocupación por el intento de reimplantar la matrícula para ejercer la profesión, al tiempo que alertó sobre el aumento de los hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital, y la no renovación de acreditaciones para coberturas.

En la reunión mensual del Consejo Ejecutivo de la organización, se analizaron diversas situaciones que afectan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la Argentina.

“Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa. En definitiva, el derecho a la libre expresión”, dice la comunicación.

Además, llama a la reflexión al gobierno por avanzar con ideas anacrónicas: “Hubiera llamado la atención que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida, establecida por una ley de 1946 (la número 12.908), que además de no haber sido nunca exigida en la práctica para el ejercicio periodístico, debe ser considerada derogada desde la ratificación por la República Argentina del Pacto de San José de Costa Rica, en 1994. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 5, de 1985, de modo unánime sostuvo que “la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículos para expresar o transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En otro pasaje del documento, la organización advierte sobre las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos del país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales. “El trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública. Para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias. Adepa espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible”, afirma.

Finalmente, la entidad “condena todos los hechos de violencia física y verbal contra periodistas y comunicadores ocurridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas en los alrededores del Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases. Y también alerta por el crecimiento de los ciberataques y hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital (y replicados en ocasiones por funcionarios y políticos) contra periodistas, medios y organizaciones que los nuclean, en ciertos casos incluso a partir de noticias falsas o manipuladas”.