Amsafe General López: ¿cómo sigue el proceso judicial contra Maurino y Gonzalo?

El asesor legal de las delegaciones de Amsafe de General López y Rosario, Carlos Marcelo Lesgart brindó precisiones en torno al proceso judicial contra los ex secretarios del gremio Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, quienes se encuentran imputado por los delitos “Administración Fraudulenta” y “Calidad Simulada”. Cabe señalar que la semana pasada, en audiencia cautelar, se resolvió trabar un embargo a los acusados por la suma de 750 mil pesos y se les prohibió salir del país sin previa autorización judicial.

A su vez se invitó a las partes a lograr una salida del conflicto, tal como lo prevé el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que puede ser una condena abreviada, una probation o un resarcimiento monetario, entre otros.

“Esta es una audiencia que estaba postergada desde el mes de diciembre, cuando el fiscal Damián Casullo, que hizo un excelente trabajo, resolvió imputar a las dos personas implicadas (Maurino y Gonzalo) y nosotros solicitamos una medida cautelar, por supuesto que sean alternativa a la prisión porque son delitos que no tienen esa posibilidad”, comentó Lesgart en diálogo con el programa “A pesar de todo” (LT29).

En este sentido, el abogado recordó que la investigación surge a partir de la denuncia que hizo el actual secretario de la seccional General López de Amsafe, Javier Delgado, luego de encontrar que en los últimos días del mandato de Maurino y Gonzalo, en el año 2016, hubo un movimiento de dinero muy importante, con emisión de cheques, pagos, por una cifra significativa, cercana a los 4 millones de pesos. “Vimos que hubo una utilización infiel del fondo de los afiliados y por ello se decide hacer la denuncia que la firma el propio Delgado, ya que las delegaciones de Amsafe no cuentan con representación legal, sino que están centralizada en el gremio a nivel provincial, a quienes le enviamos la invitación y le solicitamos la actuación sin lograr una respuesta”, detalló.

Para el abogado, las resoluciones judiciales “dan cuenta de que hubo una verosimilitud en lo que planteamos allá por noviembre del 2016”. En todos estos años pasaron cuatro fiscales y “recién el cuarto, Damián Casullo, logró la imputación de estas dos personas”, exclamó.

Es importante rememorar que en el año 2017 se solicitó una pericia a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y se nombró a un profesional para que la realice. En sus informes se demuestra que estos movimientos denunciados existieron. “También aportamos testigos, sobre todo por las obras que quedaron pendientes en Rufino y Firmat”, puntualizó.

Necesidad de justicia

Lesgart adelantó que se hará el pedido de elevación a juicio para que se los juzgue por los delito imputados y si en ese proceso hay vías alternativas, “se puede evaluar”, indicó. Y añadió: “Lo que se trata es que haya una reparación económica y, además, una condena o probation, que marque la responsabilidad en el manejo de fondos que es lo que la actual comisión quiso demostrar y lo esta haciendo”.

En caso de llegar a juicio, estos delitos de administración fraudulenta prevén una pena de 1 a 6 años de prisión.

“Entendemos que hay una necesidad de justicia para los afiliados y los docentes que se han visto afectadas por la administración anterior. El resarcimiento económico puede ser una alternativa, porque además de devolver algo de lo que les pertenece, es una forma de reparar el daño que se le provocó a la actividad gremial”, enfatizó.