Apelaron la prescripción de la causa “Banco Provincial” de Santa Fe
El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe recibió el pasado viernes, el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de que el juez de primera instancia, Pablo Busaniche, dictara la prescripción de una causa histórica: el vaciamiento del exbanco provincial de Santa Fe.
Cinco agravios fueron formulados por la fiscal Mariela Jiménez, quien se encuentra al frente de la unidad que investiga delitos económicos; y que el pasado 13 de agosto se opuso a que fuera declarada la prescripción de la causa en una audiencia multipropósito celebrada en la Sala 1 del subsuelo de los tribunales santafesinos.
El escrito de apelación fue recibido el viernes 27 de agosto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de segunda instancia, y además de la firma de Jiménez, cuenta con las rúbricas del fiscal regional Carlos Arietti y del coordinador de Unidades Fiscales de Santa Fe, el Dr. Jorge Nessier.
No a la impunidad
La apelación -con reserva de recursos extraordinarios- ataca la resolución del 18 de agosto, mediante la cual se hizo lugar a los planteos de las defensas de 11 exdirectivos que pasaron por la entidad bancaria entre 1983 y 1990.
Allí, el juez Busaniche declara “extinguida la acción penal por haber operado la prescripción respecto a todos los hechos que fueran denunciados el 27 de agosto de 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y por el Banco Central de la República Argentina que motivaran el presente proceso penal”.
En términos genéricos, para la fiscalía “la resolución impugnada causa un gravamen irreparable, de carácter serio, concreto y real, toda vez que al declarar extinguida la acción penal impide continuar con la prosecución de la acción penal pública respecto a delitos de extrema gravedad, garantizando la impunidad de un sinnúmero de hechos delictivos, todo lo cual puede acarrear responsabilidad internacional del Estado”.
Nexo familiar
Concretamente, de los cinco agravios, es el primero el que mayor impacto tiene y que casi no necesita una explicación técnico legal para ser comprendido. Bajo el título de “Afectación de las garantías de imparcialidad e impartialidad del juzgador” (Agravio Nº 1) el MPA da cuenta de una incómoda situación, sobre la que tuvo conocimiento tras el revés judicial de la semana pasada, al enterarse de que el padre del juez que dicta la prescripción era uno de los deudores de entidad bancaria.
“Al celebrarse la audiencia del 13 de agosto de 2021, esta fiscalía no tenía conocimiento acabado de las personas físicas integrantes de sociedades o grupos económicos que formaban parte de los deudores del banco (más de 200 deudores particulares) atento el volumen de la documentación y la complejidad del caso. El 22 de agosto de 2021 el periódico Pausa publica una nota titulada ‘Ningún vaciador privado pagará por la quiebra del Banco de Santa Fe’, donde se pone de manifiesto que la empresa Piedras Blancas SRL, era de titularidad de Dante Osvaldo Busaniche (como de otros con el mismo apellido), quien es el padre del juez que dictara la resolución que se ataca”, se narra en la apelación.
La información fue chequeada por el MPA, que además tomó conocimiento de que “Piedras Blancas SRL se encuentra entre un grupo de 30 de los principales deudores que más perjuicio le causaron al banco”.
“Debió apartarse”
Atento a ello, la fiscalía sostiene que el juez “debió apartarse” y no fallar “en un caso donde tiene interés personal, atento ser el hijo de un beneficiado directo de las políticas de los directores del Banco en el período 1983- 1990 que en la presente causa se investiga y, además, el heredero forzoso de ese patrimonio”.
“El hecho de que no se haya inhibido de intervenir en este caso no hace más que sumar desconfianza al ciudadano común de nuestra provincia, reforzando la idea de una hipotética vinculación entre el entramado judicial y el poder político y económico y que en esta causa ocasionó y ocasiona, como consecuencia directa, dilaciones y falta de compromiso e interés en una seria investigación del fuero federal”, sostiene la parte acusadora, que reclama que “la resolución deberá ser declarada nula”.
Por último, proclama que “existe un deber del Estado de investigar y permitir conocer a todos los santafesinos qué ocurrió con el Banco de Santa Fe, es una obligación poder saber de qué modo el Estado provincial perdió su instrumento financiero”.
