La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados invitó a directivos de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) a una reunión de trabajo sobre los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo que propicia la creación del sistema provincial de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios dentro del Ministerio de la Producción.
Aseguradoras santafesinas en Diputados por la nueva norma sobre emergencia agropecuaria
La reunión está pautada para este miércoles, al mediodía, en la delegación Rosario de la Cámara de Diputados y será encabezada por el socialista Joaquín Blanco quien preside esa comisión de trabajo. La decisión de invitar a las aseguradoras fue anunciada por los legisladores cuando recibieron a directivos de entidades agropecuarias para conocer también la opinión sobre los alcances del proyecto. “No conocemos estadísticas sobre seguro de riesgo agropecuario en la provincia y el mensaje del Poder Ejecutivo no las tiene” había advertido Blanco.
Desde Adira confirmaron que asistirán al encuentro Julián Alí (San Cristóbal), Santiago Cabral (La Segunda), Gustavo Mina (Sancor Seguros), Carlos Comas (La Segunda) y Julián García (Adira).
El mensaje del Ejecutivo fue derivado a tres comisiones: Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y ninguna ha emitido aún dictamen.
El ministerio de la Producción elaboró el proyecto que apunta a modificar la vigente ley de Emergencia Agropecuaria santafesina. El ministro Daniel Costamagna reiteró que la vigente ley otorga algún tipo de beneficio al dueño de la tierra que hoy tiene escasa participación en la producción agraria. La futura norma pretende contemplar la situación de emergencia -por lluvias, sequías, etc- del productor. El mensaje fue elaborado con la participación de entidades, facultades e institutos como el INTA. Fue aprobado -con algunas reformas- sobre fin de año por el Senado y su sanción es reclamada por el Ejecutivo. No obstante, en la Cámara de Diputados advierten que la ley no es para esta situación de sequía sino para el mediano y largo plazo.
En noviembre, Costamagna junto a Carrizo fue al Senado a discutir el proyecto con los presidentes de comisiones de ambas cámaras. En la foto con Guillermo Cornaglia y Marcelo González. Crédito: Manuel Fabatia.
Gran parte de la discusión de Diputados pasa por si agregar al texto la constitución de un fondo por parte del Estado provincial para apoyar a los productores en esta emergencia. Desde la oposición se calificó de mezquino el aporte del Tesoro provincial ante esta grave contingencia climática.
El objetivo del sistema de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres agropecuarios apunta a prevenir y reducir daños de emergencias y desastres agropecuarios causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos; analizar los riesgos que originan situaciones de emergencia y/o desastres agropecuarios en la provincia de Santa Fe, en el marco de un proceso de cambio climático; fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos de emergencias y desastres agropecuarios, reduciendo la vulnerabilidad de los sistemas productivos; promover el uso de herramientas que permitan mitigar los riesgos, entre ellas los seguros agropecuarios; asistir técnica, económica y financieramente a productores agropecuarios para la recuperación y recomposición productiva, ante situaciones de emergencias y desastres agropecuarios y fomentar el cuidado del ambiente, el uso racional y sustentable de los recursos naturales de la provincia y optimizar el potencial de los sistemas productivos.
En la última sesión de Diputados, Blanco aclaró que esta ley “no viene a reparar las pérdidas de sequía” y le cuestionó el escaso aporte del gobierno provincial ante la situación agobiante que viven productores. Habló de un aporte de solo 700 millones que ni lo gestionan los productores. “El modelo de Santa Fe es de concentración de la tierra y ayuda insignificante” cuando los datos del Banco Central demuestran que hay cuentas oficiales millonarias depositadas en bancos.
En ese ámbito, Marcelo González (UCR) recordó que las entidades agropecuarias propician cambios al texto aprobado por el Senado; Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) instó a preguntar cómo ayudar al sector productivo cuando países vecinos lo subsidian. “En Argentina hay que llevar hasta el ADN del perro para conseguir el certificado de situación de desastre” exageró, para mostrarse partidario de trabajar en una norma sobre seguro multirriesgo para darle previsibilidad al productor.
Ricardo Olivera (PJ) se quejó de la falta de tratamiento en comisiones del proyecto de su bancada para ir a una progresividad en el impuesto inmobiliario “con alícuotas altas para campos con muchas hectáreas y la creación de un fondo para pequeños, medianos productores y economías familiares” y cuestionó los efectos de la reforma de la unidad económica agraria. Oscar Martínez (Frente Renovador) se hizo eco de expresiones del gobernador Perotti al señalar que cuando se apoya al productor, éste lo devuelve con más producción pero pidió sumar a otras entidades a la discusión y no quedarse únicamente en la mesa de Enlace. Mencionó a Metrolsafé, frutihortícolas, apicultores, etc.
Enseguida el radical Fabián Bastia subrayó que “la ley por sí sola no resuelve las consecuencias de la sequía. Es una cáscara, la sequía se soluciona con dinero; se requiere decisión política con la aplicación de normas que tiene el Ejecutivo en sus manos y que Nación aporte recursos”. Acotó que “el campo padece sequía y falta de política agropecuaria tanto en nación como en provincia. Las retenciones no vuelven y las medidas adoptadas por Economía son nefastas para reclamarle al gobierno que deje producir. Coincidió otro radical, Julián Galdeano, en hablar de ausencia de políticas agropecuarias tanto de gobierno nacional como provincial y recordó que el reclamo del sector es que los gobiernos “no le pongan el pie sobre la cabeza, que haya rutas transitables e impuestos razonables”.
Productores
Carsfe insistió en la necesidad de una nueva ley de emergencia, reconoce la iniciativa elaborada por el Ejecutivo provincial, pero aun así, entiende que el texto es mejorable. “Si bien es un proceso lento, es valioso el debate constructivo entre el Poder Ejecutivo, ambas cámaras del Poder Legislativo y los sectores alcanzados por la normativa”, dice la entidad en un comunicado. Más allá de la sanción de la ley, Carsfe pidió más aportes del gobierno “independientemente del debate del nuevo texto para asistir de manera efectiva a los productores con herramientas relevantes y significativas”.
Sin sesiones por Junta de Seguridad
El Poder Ejecutivo invitó para este jueves, a las 16, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, a la reunión de la Junta provincial de Seguridad que encabezará el gobernador Omar Perotti y esa es una de las causas por las cuales no habrá sesión en las Cámaras de Senadores y de Diputados, ámbitos que tienen representación en dicho ámbito.
Además de legisladores, la junta congrega a la Corte Suprema de Justicia, magistrados, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y las asociaciones de familiares de víctimas.
En el caso de la Cámara de Diputados son diez los representantes ya que a los ocho definidos por el decreto de creación del ámbito, se le suman el presidente del cuerpo, Pablo Farías, y Oscar Martínez como coordinador de las asociaciones de víctimas.
De esta manera, más allá de algunas reuniones de comisiones, el pleno de la Cámara de Diputados se reunirá el 9 de marzo donde además realizará el homenaje a la mujer.
