– Fueron seis años de gestión intensa, como quedó reflejado en el informe a la Legislatura. Pero en lo personal, ¿qué rescata de este proceso?.

– Bueno, cuando me postulé yo sabía que eran seis años y terminaba. Pero la verdad es que me cuesta muchísimo soltar este lugar, porque me encantó trabajar aquí. Es un trabajo muy duro, frustrante muchas veces. Entre otras cosas porque se aborda una problemática social que todo el mundo esquiva y que es difícil transmitir a los demás. Entonces, también se recibe muchas críticas, y no es fácil. Es un cargo de mucha soledad, porque si bien hay un equipo de trabajo muy fuerte, es unipersonal, y hay que tomar decisiones muy fuertes, muchas veces muy duras políticamente. Aquí tratamos de compensar eso con horizontalidad, debate, reuniones permanentes. Los cinco defensores regionales fueron parte de los procesos de decisión y, a la vez, fueron mi apoyo. Y lo mismo el personal, en toda la provincia. Trabajé con mucha colaboración, también del sindicato. Porque hubo que organizar muchas cosas que no estaban debidamente normatizadas y reglamentadas, completar la estructura.

– ¿No estaba completa la estructura de personal?

-No, porque mi antecesor (Gabriel Ganón) no quiso completar la estructura. Él solamente completó los funcionarios, los cargos altos. Pero todo el plantel de personal no, porque él no estaba de acuerdo con que pertenezca al Poder Judicial. Y la verdad es que éste es un organismo con autonomía funcional, pero que pertenece al Poder Judicial. Tenemos nuestro propio presupuesto y administración, pero los sueldos se pagan con partidas del Poder Judicial. O sea, hubo que darle contenido a toda la normativa. Ese fue uno de los primeros desafíos. Se logró en diciembre de 2022. En los seis años logramos completar toda la planta de personal. Fue una tarea que llevó toda la gestión. Es decir que a la nueva Defensora le dejamos un Servicio Público perfectamente organizado, con todo normativizado, con las áreas de empleo y de funcionarios todo cubierto. Lo que no quita que hagan falta más recursos, pero con lo que está vigente logramos un verdadero fortalecimiento institucional interno del organismo.

– También a nivel de ejecución presupuestaria, que funciona como indicador de que “se hacen cosas”…

– Claro, pasamos de una ejecución presupuestaria de un 62% a un 83% promedio en estos seis años, y con un notable salto de calidad. Porque en los primeros seis años simplemente se compraron muebles y autos, y una base del sistema informático. En la gestión que a mí me tocó se compraron tres casas: en Santa Fe, Rosario y Rafaela tenemos sede propia. En toda la provincia tenemos siete edificios, y nuestro lugar en todas las sedes nuevas del Poder Judicial. Todo esto es fortalecimiento institucional.

La mirada punitiva

– En la opinión pública siempre está mucho más presente el Ministerio Público de la Acusación, la mirada está puesta más ahí…

– Claro, porque la expectativa es la persecución de la criminalidad. Y eso tiene que ver con un mensaje punitivo, demagógico, que viene corriendo en los últimos años; no solamente acá en Santa Fe, ni solamente en Argentina. Es innegable que hay una tendencia a huir hacia el Derecho Penal, buscar ahí la solución de todos los problemas sociales. El problema de la droga, del que consume, se trabaja desde el ámbito penal y no desde la salud pública. Lo mismo el problema del ambiente, en la cuestión de género. A todos los temas se les da un abordaje penal, cuando es muy reducido el número de casos que debieran abordarse desde lo punitivo. Hay que trabajarlo desde otros ámbitos, de construcción social, pero parece que el Derecho Penal da una respuesta rápida que parece que satisface las necesidades sociales. Y nosotros vemos que todo el colectivo de víctimas de lo que sea no tiene una respuesta satisfactoria, porque el Derecho Penal no soluciona los problemas. Actúa sobre hechos que ya pasaron, y hay que trabajar sobre los hechos que vienen, sobre las causas de los hechos. La respuesta penal tiene que ser mucho más acotada.

– Igualmente usted considera que la imagen pública de la Defensoría se fortaleció…

– Sin duda. El ejemplo claro fue la repercusión que tuvo el informe que di en la Legislatura justo antes de concluir mi mandato. Una repercusión enorme. Y lo noto también en los medios de comunicación, porque también tuvimos una política comunicacional bien marcada, muy delineada, de la que me hice cargo personalmente. Un poco apelando a mi formación docente, tarea que ejercí toda mi vida. Es necesario comunicar eficazmente, porque si uno pregunta la gente tiene claro lo que hace un juez, lo que hace un fiscal, pero no siempre entiende lo que hace un defensor, y cuál es la importancia de la defensa pública. Nos critican mucho, pero yo he notado un cambio a lo largo de estos seis años. Que nos permite, por ejemplo a través de los medios, mostrar por qué defendemos a las personas, por qué defendemos las condiciones de encierro. Que nosotros no defendemos el delito, sino que somos la garantía viva del Estado, que permite la democratización de los juicios y que permite que un juez pueda bajar un martillo y dar una condena.

– Es decir, tratar de que los inocentes no sean condenados, y los culpables tengan un juicio justo. Y después, que también sea justa la aplicación de la pena.

– Exacto. Que tiene que ser en una cárcel sana y limpia, y no para castigo, sino para seguridad del reo, y estoy recitando la Constitución Nacional. Y donde hay que trabajar para la resocialización. Ahora, todo eso está pensado en función de la paz social. No aisladamente del bienestar de los presos. Y es nada más y nada menos que la aplicación de la Constitución Nacional. Y una de las principales garantías que tienen los habitantes de la República Argentina es el derecho de defensa en juicio. Porque si no, cualquiera puede ser perseguido y sometido a la fuerza punitiva del Estado en forma injusta. Que es lo que pasó, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, donde la Constitución no regía. Porque el poder punitivo del Estado es un poder peligroso. Si no tiene un control, si no tiene un límite, tiende naturalmente a aumentar y a recaer sobre las personas. Entonces, el contrapeso, el límite al poder punitivo del Estado lo pone el Derecho Penal. Y se ejerce a través de la Defensa, que es la que controla ese límite.

La crisis carcelaria

– Parece que la situación es más compleja en la siguiente etapa, la de cumplimiento de las penas. Justamente, un tema que la Defensoría puso en agenda sostenidamente es el estado de las cárceles.

– Es que es terrible. Ahí tuvimos también una política sobre la violencia institucional, que ya se venía trabajando desde la gestión anterior. Se cambió a un estilo no agresivo, pero se profundizó el trabajo con una fuerte presencia dentro de las cárceles. Con un crecimiento de todo lo que es el área incumbencia del registro de violencia institucional y de tortura que nosotros llevamos adelante. Se creó un programa de visita permanente a las cárceles, cuyos integrantes son nexo con los defensores y también con las familias de los internos. Es un programa de asesoramiento y de contención. También es un trabajo sumamente duro. Y se creó un protocolo para atención y seguimiento de casos de violencia institucional. Esto porque la Defensa Pública en la primera gestión se constituía como querellante, pero los jueces nunca lo admitieron; así que a mí me pareció que no tenía sentido seguir insistiendo con eso. Entonces creamos este protocolo y acompañamos a estas víctimas buscando que los representen en esas querellas, por ejemplo, abogados de los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) o de determinadas ONG. Y nosotros seguimos el caso, lo monitoreamos desde este programa.

La Corte tomará juramento este jueves a los fiscales y defensores provinciales y regionales

– Hubo muchos habeas corpus por las condiciones de detención…

– Si, y con resultados 100 % a favor. Pero los jueces dan la orden y el Poder Ejecutivo tiene dificultades para cumplir. Porque el problema es más estructural.

Se necesitan más cárceles, por supuesto. En la provincia se concentran en Santa Fe y Rosario, pero en el sur no hay otra, para la zona del oeste no hay. Sí hay para el norte, la de Santa Felicia, en Vera. Que es la mejor cárcel de la provincia: está en el medio del campo, y desde la Defensa cuidamos mucho que no se llene más de la cuenta, sobre todo con personas que vienen de otras zonas, con idiosincracias totalmente distintas. Porque esa cárcel se construyó para la gente del norte. Y que además, por ejemplo, el perfil de los detenidos está asociado a delitos como el abigeato y las agresiones contra la integridad sexual. Y se trabaja mucho y muy bien con talleres de concientización, cría de animales, oficios; con presos que prácticamente están en una situación de libertad de circulación, porque están en medio del campo. Lo que es mucho mejor para la resocialización de los presos, y también para los penitenciarios, que viven en las mismas condiciones…. Que venga gente de Piñero, por ejemplo, genera un conflicto que afecta ese trabajo.

– En las otras cárceles el panorama es totalmente distinto

– Totalmente. En Piñero, Coronda o Las Flores es así. Es el encierro en espacios acotados, a nivel multitudinario, con una vida casi totalmente ociosa, una fuerte carga de violencia institucional para sostener el orden, con afectación a la alimentación, la salud, las visitas. Instalaciones que no resisten y condiciones de vida que se resienten dramáticamente.

No creo que a esto lo pueda resolver ningún gobierno en cuatro años. Aquí tiene que haber un trabajo de los tres poderes para consensuar y coordinar todos los elementos de la política criminal.

Porque si uno tiene fiscales que para cumplir su trabajo acusa y pide cárceles, y jueces funcionales a eso, y que consideran que tiene que haber un 40 % de prisiones preventivas (cosa con lo que no estoy de acuerdo, me parece una barbaridad), el sistema carcelario tiene que estar acorde. Acá no se tuvo en cuenta que el nuevo sistema iba a incrementar la punitividad. Y pasamos de 3.500 presos a casi 10 mil desde 2014 y se construyó solo la nueva unidad 3 (y nunca se pudo vaciar la vieja), y acá en Santa Fe la alcaidía de Las Flores.

– Coronda está excedida de internos…

– En un tercio. Tiene 733 presos de más. Se armó un ala sur y un ala norte, según la procedencia de los presos, por los conflictos entre ellos, con 800 plazas cada una. Pero hay 733 de más. Es como una tercera ala, pero mechada dentro de las otras. Y Coronda tiene el 50 % de la gente que no terminó la primaria. Es decir, 1200 personas, y un cupo educativo para 50. Además no hay vidrios, hay mucha gente enferma. Entre otras cosas porque no se accede al aire libre, ni hay suficiente oxígeno: los patios son espacios cerrados. Muchas veces sin electricidad, porque las instalaciones no resisten. En Las Flores la cocina es para 400 personas, y comen 1500; ni siquiera se puede cocinar correctamente la comida. Todo esto se traduce en una violencia institucional esctructural, que no es el golpe o el maltrato, sino las condiciones en que viven. Incluso los penitenciarios.

Serían necesarias más cárceles, pero no mega institutos, sino más chicas. Donde se pueda trabajar, y que la persona que cumple una pena se encamine a la resocialización. A lo mejor tener una posibilidad de insertarse que antes no tuvo: terminar la escuela, acceder a la atención médica, adquirir hábitos de alimentación regular. Pero en estas condiciones es imposible.

Formación

Balangione destacó también la creación y funcionamiento del Instituto de Capacitación, con cursos anuales sobre violencia institucional y defensa pública (abiertos a todos los interesados y otorgando puntaje para la carrera judicial) y sobre perspectiva de género, por aplicación de la ley Micaela.

Pero el que considera el mayor aporte es el documento que establece los estándares de actuación de la defensa pública, que compendia y ordena en función del trabajo concreto toda la normativa internacional, nacional y provincial sobre cuestiones de género, para establecer pautas concretas de acción que aclaren dudas y otorguen seguridad en el desenvolvimiento.

“Es una herramienta jurídica fundamental, obligatoria para los defensores, pero de gran utilizdad para los fiscales y los jueces”, consideró.

Y especificó que se aborda en tres anexos la cuestión del lenguaje (“no sexista, pero encuadrado en lo que corresponde a un ámbito judicial”), abordaje de los casos en que los varones son los acusados, y también para aquellos en que se acusa a una mujer, pero en un contexto de violencia de género.

Una defensa bicéfala

– Aquí estuvimos hablando de defensa penal. ¿Pero qué pasa con la civil, o de otras materias?

– Nosotros en Santa Fe tenemos la defensa pública partida en dos. La defensa civil sigue en el ámbito de la Corte Suprema, sin autonomía. O sea, los defensores, que son una parte en el juicio, dependen de los jueces. En todos los juicios está el juez, que es un tercero imparcial, alguien que acciona y alguien que defiende, que es el abogado. El abogado público es obligatorio en el ámbito penal, y en el ámbito civil también. El Estado tiene la obligación de garantizarlo, porque la defensa pública es la puerta de acceso a la justicia. Pero en el ámbito penal hay una defensa pública autónoma, que tiene mayores garantías, y que está acorde a lo que marcan las convenciones internacionales de Derechos Humanos. Y cuyo accionar depende sólo del interés del defendido. Es una defensa que se parece mucho más a la defensa privada, donde al acusado lo tiene que atender obligatoriamente en persona el defensor y no un empleado. Donde se lo acompaña, donde se recibe a la familia. Hay una diferencia entre lo que es civil y penal, generando distintas posibilidades de acceso.

– ¿Cómo es eso?

– Pasa que el ciudadano que no ha incurrido en una conducta disvaliosa de tipo penal (digamos, no mató, no robó), pero por ejemplo tiene un problema de violencia familiar, o un hijo con consumo problemático de sustancias que a lo mejor roba en la casa, va a la defensa civil y si tiene alguna propiedad a su nombre, aunque sea un auto viejo, ya no se lo atiende. Entonces, en el marco de la crisis económica que atravesamos, con la clase media muy deprimida o sin herramientas para manejarse en el mundo jurídico, la persona no se puede pagar un abogado ni acceder a la defensa pública. Lo mismo pasa con situaciones laborales, cuestiones de derecho del consumidor.

Y los conflictos nunca son solamente penales. Por ejemplo una cuestión de género, normalmente viene precedida o por una situación de violencia familiar, o un despido laboral, el no reconocimiento de un hijo. Y nosotros sólo nos abocamos a la defensa en lo penal, lo anterior queda afuera, y quizás podría prevenir la derivación penal. Santa Fe es la única provincia que está en esta situación: una defensa civil en una órbita con una determinada impronta, y una defensa penal que trabaja en otra órbita, de otra manera, y ajustada a los estándares internacionales.

Esto lo hemos trabajado mucho, y el senador Alcides Calvo lo presentó como proyecto propio, pero durante la pandemia quedó paralizado en comisiones. Creo que sería una reforma muy importante, y con impacto en la paz social.