La defensa del capitán del Ejército Argentino denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral por una subalterna solicitó la aplicación de un “criterio de oportunidad”, que fue homologado por el juez Federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez. Con el consentimiento de la víctima, la causa por los hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé concluirá sin llegar a juicio.
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El ofrecimiento fue realizado por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, representante del capitán Lucas Gonzalo Díaz. En su resolución, el juez valoró que “se cuenta con el consentimiento expreso de la víctima directa del hecho por el cual se encuentra procesado Díaz”, quién “explícitamente ha solicitado la imposición de ciertas condiciones al ofrecimiento originariamente realizado por el imputado, las que han sido receptadas en el acuerdo propuesto”.
“A ello se suma que conforme se desprende del correo electrónico enviado por la Dirección de Género del Ministerio de Defensa, la denunciante ha sido reincorporada al Ejército Argentino, comprometiéndose a abonarle los salarios de forma retroactiva desde el inicio del reclamo ante ese organismo”. En diciembre de 2019 el Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini, ordenó su baja obligatoria a pesar de que la Junta Médica le diagnosticó un trastorno ansioso depresivo -como consecuencia del hostigamiento- que no guardaba relación con los actos de servicio.
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“Es posible afirmar que no existe controversia en cuanto a la aplicación del acuerdo presentado y que la solución propiciada aparece razonablemente justificada por la satisfacción de los intereses de la víctima, la voluntad del imputado expresada en el ofrecimiento realizado y la inexistencia de un interés público que prevalezca sobre la voluntad de aquéllos”, señaló el juez Rodríguez.
El magistrado homologó el acuerdo al que arribaron las partes, haciendo lugar al ofrecimiento de Díaz, quien en “el término de un año contado a partir de su notificación” deberá cumplir una serie de obligaciones: un pedido de disculpas a la denunciante, que se realizará a través de una publicación en el diario El Litoral, el pago de $3.000.000 -a ejecutarse en pagos mensuales- “en concepto de la reparación de los daños sufridos”, la realización -y acreditación- de un curso y/o capacitación sobre perspectiva de género en ámbitos laborales, y la prohibición de contacto con víctima por cualquier medio.
La causa
La causa federal inició en julio de 2021 con la denuncia de la cabo, y estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez. Los hechos por los que el capitán terminó siendo procesado ocurrieron entre 2018 y 2019 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé.
En junio de 2018, cuando la denunciante estaba comenzando su carrera militar (con 21 años), el capitán Díaz era su superior inmediato. En este contexto, “realizó un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual, tanto verbales como escritas vía whatsapp, referidas a las características físicas y cualidades” de la cabo.
En agosto de 2019 la mujer debió ser intervenida a raíz de la ingesta de pastillas. Se constató que sufría una crisis de angustia, que según sostiene la causa federal estuvo motivada en el hostigamiento que venía sufriendo.
El fiscal encuadró el accionar de Díaz en el artículo 249 bis del Código Penal: “El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado”.
Luego, el capitán fue indagado y procesado por el juez Federal Marcelo Bailaque, quien sostuvo que “es posible afirmar que Díaz maltrató y perjudicó arbitrariamente a la ex cabo mediante la realización reiterada y sistemática de actos hostiles y humillantes mientras se desempeñó como su autoridad superior jerárquica”.
