Ni impasse, ni paralización, ni freno. Pese a las observaciones diversas y dudas generadas en torno del concurso para renovar autoridades en el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, Celia Arena defendió la transparencia del proceso y ratificó su continuidad. Como ministra de Gobierno, quedó al frente del procedimiento – junto al Fiscal de Estado- después de que uno de los audios difundidos en el marco de la causa sobre presunto espionaje durante la gestión de Marcelo Sain, comprometiese al actual secretario de Justicia.
Celia Arena ratificó el avance del concurso para renovar fiscales y defensores en la provincia de Santa Fe
Gabriel Somaglia es también quien preside el Consejo de la Magistratura y, tras aquella difusión, se excusó de seguir interviniendo en este concurso en particular y el Poder Ejecutivo convalidó el corrimiento. En las últimas horas, otro elemento volvió a sumar volumen a la polémica. Uno de los integrantes del cuerpo evaluador – Arsenio Domínguez- fijó domicilio legal en el estudio jurídico de Somaglia. El hecho no constituye una incompatibilidad, pero la desprolijidad terminó forzando la renuncia del profesional al jurado – es el noveno que da un paso al costado, entre dimisiones y excusaciones-, y enardeció la discusión política en torno de un proceso que generó controversias desde su origen.
Para aplacarlas, y para frenar una posible interpelación en la Cámara de Diputados a los funcionarios que ahora pilotean el proceso, el oficialismo convocó a la oposición. Funcionarios y jefes de bloques se reunirán el 18 de octubre próximo para intentar zanjar dudas y sospechas. No habrá definiciones administrativas mientras tanto, pero tampoco el proceso se detendrá.
Así lo expresó en diálogo con El Litoral, la ministra Celia Arena. “Ratificamos la continuidad del proceso y hay un fuerte compromiso no sólo nuestro, sino también de todos los postulantes que se han inscripto”, aseveró.
En tal sentido, destacó que la gran mayoría de inscriptos – 93 sobre 112- presentó sus planes de trabajo en el plazo previsto. “Por lo tanto – sostuvo-, muchos de los cuestionamientos que vinieron de algunos sectores de la oposición, no fueron vividos por los propios interesados. Así que seguimos adelante.
– ¿En qué instancia se encuentran hoy los concursos?
– En este momento estamos evaluando las renuncias y excusaciones de los integrantes del jurado, evaluando cómo queda a la vez la admisibilidad de cada una de las personas que se inscribieron para saber si cumplen o no con los datos formales. Respecto de los planes de trabajo, es importante decir que son anónimos; eso tiene un código que se revela el día de la entrevista. Allí, cada concursante define su plan y se profundiza en esa línea. Pero reitero, 96 sobre 112 demuestra un compromiso. Respecto de la transparencia, todo está ajustado a la normativa existente y hay una decisión de avanzar en profundizar esa transparencia. Por eso el gobernador tomó la decisión cuando se puso en marcha este concurso de que todas las entrevistas fuesen transmitidas en directo para que las personas que quisiesen participar, pudieran hacerlo. Todos los que quieran ser veedores este proceso, podrán serlo.
– ¿Cuándo serán esas entrevistas?
– No hay plazos estipulados. La fecha de cambio de autoridades es en abril de 2023, pero nuestra idea es poder avanzar en los próximos meses para tener el proceso terminado.
– ¿No se piensa, como lo está sugiriendo la oposición, en constituir un nuevo cuerpo evaluador a partir de las vacantes que se produjeron?
– No, por eso justamente se sortean titulares y suplentes. La decisión es continuar con este jurado y evaluar las excusaciones y renuncias; se cubrirán las vacantes con los suplentes y eventualmente se tomarán las medidas necesarias (un nuevo sorteo, por ejemplo), para completar los lugares que hagan falta.
– ¿Los postulantes no pueden objetar que se cambió ese jurado ‘a mitad de camino’?
– No, porque en realidad sí hay un período de tres días después de que los nuevos nombres se publican para efectuar las eventuales recusaciones u objeción.
– ¿Somaglia seguirá estando a cargo de los demás concursos que se tramitan en el Consejo de la Magistratura?
– Sí, sólo se ha excusado y así se le ha aceptado, para no participar de este concurso que pretende renovar autoridades en el MPA y MPD. Estamos a cargo el Fiscal de Estado y yo. En el resto de las cuestiones sigue funcionando todo de la misma manera. Claramente hay una decisión respecto de este concurso en marcha de poder trabajar particularmente, no sólo con la transparencia que mencionaba, sino con un diálogo permanente hacia todos los involucrados porque pensemos que es un concurso que se hace cada seis años y con las autoridades que estarán a cargo de la política de persecución penal de los próximos años. Están todos los esfuerzos puestos allí.
– Habla de diálogo entre todos los sectores y hay una oposición que objeta el concurso y que deberá aportar los votos cuando deban aprobarse los pliegos. ¿Se dialoga con ellos?
– Sí, por supuesto. El diálogo está presente siempre, más allá de las expresiones que plantean diferencias, sobre todo, a través de los medios.