Chile busca reducir la jornada laboral, un proyecto rechazado en Argentina
El Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric dará urgencia a un proyecto de ley que busca reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales dentro de los próximos cinco años, una de las promesas de su campaña electoral.
El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue impulsado entre otros legisladores por la entonces diputada Camila Vallejo, actual ministra portavoz del gobierno, pero su discusión había quedado detenida.
Ahora, los legisladores revisarán una serie de indicaciones introducidas por el actual gobierno, como la reducción gradual de la jornada y que ésta también alcance a trabajadores de categorías especiales como conductores del transporte público o empleadas domésticas, entre otros.
“Estas mejoras son medios indispensables para acercarnos a un nuevo Chile, que sea más justo”, dijo Boric el martes al anunciar la reactivación del proyecto en una ceremonia en el palacio presidencial.
Jornada laboral bajo análisis
El gobierno progresista promovió diálogos con sindicatos y federaciones de trabajadores junto a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, en momentos que la economía del mayor productor global de cobre se desacelera y enfrenta fuertes presiones inflacionarias tras la rápida recuperación pospandemia.
Una asociación de grandes empresas junto a algunas agrupaciones sindicales, por ejemplo, plantearon al gobierno a inicios de mes que la reducción de la jornada y el aumento de los costos para las empresas no afecte la productividad, insistiendo en la gradualidad del proceso.
El rechazo en Argentina
A mediados de 2021 se había presentado formalmente desde el núcleo duro del kirchnerismo con características similares. La diferencia con Chile recae que en la actualidad la jornada laboral argentina es de 48 horas como máximo, según la ley 11.544.
El diputado Hugo Yasky, dirigente de la CTA, había propuesto reducirla a 40 como atajo para formalizar miles de empleos. Su par ClaudiaOrmaechea, directiva de la Asociación Bancaria, había planteado, en cambio, llevarla a 36, con el argumento de “bajar el ausentismo y cuidar la salud y el estrés de los trabajadores”.
Ambas ideas fueron rechazadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien lo había definido como “impensado”.
