(Por Ivana Fux) – Con la pretensión de que se realice antes de fin de año, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg solicitarán en los próximos días la audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que ya fue imputado Marcelo Sain. Ante la consulta de El Litoral, evitaron confirmar si pedirán la prisión preventiva, aunque tampoco la descartaron; sólo adelantaron que la decisión será conversada con las partes intervinientes, esencialmente, los querellantes.
El ex ministro de Seguridad y siete colaboradores de su gestión fueron imputados por asociación ilícita; una organización que se dedicaba a cometer otros delitos como espionaje, malversación de caudales públicos y peculado. Sain también fue imputado por abuso de autoridad, destrucción de elementos de pruebas y encubrimiento agravado.
Al exministro se le atribuye haber comandado dicha asociación que se proponía -en términos generales y según los fiscales- recopilar de manera ilegal y violando la Ley Nacional de Inteligencia (espionaje) información sobre empresarios, políticos, sindicalistas y periodistas. Además, hacerse de dineros públicos para beneficio propio (peculado). “Se apropiaban de parte de los recursos de los Gastos Reservados del Ministerio. A partir del 20 de cada mes, había movimientos y comunicaciones entre ellos que aludían al cobro de un dinero; a veces lo hacían de modo solapada y otras no”, describió Hernández.
Asociación ilícita es el delito más grave de los imputados este martes; prevé una pena mínima de cinco años. “De todos modos – aclaró el fiscal-, es una gran cantidad de delitos la que se ha atribuido y en función de las reglas del concurso real del ordenamiento nacional, se deben sumar los máximos”.
Defensas y competencia
La primera reacción de los abogados defensores tras las audiencias fue cuestionar la imputación de espionaje; tanto Hernán Martínez (defensor de Sain) como Juan Lewis (defensor de otros cinco imputados) adelantaron que harán un planteo de competencia porque consideran que se trata de un delito que debe investigar la Justicia Federal. El fiscal Hernández disintió, y advirtió que la competencia federal es “excepcional”. “De ninguna manera la ley que nosotros citamos, que es la de Inteligencia Nacional, prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba ser de competencia federal”, insistió.
Martínez, por su parte, cuestionó por “deficiente” la imputación; habló de “hechos dudosos y aseguró que las conductas que se imputan “forman parte de la función que tiene un ministro de Seguridad o un Organismo de Investigaciones”. Asimismo, objetó “la selección arbitraria” que se hizo de la evidencia. “Por qué sólo llegan (los audios y evidencias) hasta el ministro y no hasta el gobernador, hacia arriba; y por qué no hacia abajo, siendo que hay muchos miembros del propio ministerio de Seguridad que no están involucrados”, se preguntó. A su criterio, también hubo arbitrariedad en la selección temporal de la investigación. “Las conductas que se identifican aquí ya se llevaban adelante en 2019, durante la gestión de Maximiliano Pullaro”, planteó.
Lewis, por su parte, consideró que las imputaciones fueron “de una vaguedad extraordinaria; en algunos casos, no se dice ni por qué persona, ni en qué momento ni en qué lugar, ni de qué manera se estaría dando la ilicitud”. Sostuvo que la evidencia “no tiene el más mínimo peso”, y habló de un “serio error jurídico”. “El delito que pretenden imputar (espionaje) tiene un elemento normativo; la recopilación de información tiene que ser hecha de manera ilegítima y en los casos en los que intervinieron mis defendidos, siempre fue legítima. (Los fiscales) no han entendido el contexto normativo; hay una falla seria sólo para empezar. Si pienso con buena intención – continuó-, debo decir que están muy equivocados porque tal vez estudiaron poco la causa y, como son delitos no habituales, incurren en esos errores. Pero también hago otras especulaciones; esto podría tratarse de una maniobra para quedar bien posicionados en un concurso, para levantar el perfil político de alguna persona o para deshacerse de algún adversario político”, manifestó.
Qué dijo Sain
Durante su exposición en el marco de la audiencia, Sain acusó a los fiscales de “salir a reclutar querellantes”, e insistió con el argumento de una “persecución política y causa armada” en su contra. Negó haber incurrido en acciones ilícitas, y sostuvo que la recopilación de información fue siempre “legítima, legal e inherente” a las funciones propias de un ministro de Seguridad. “Ustedes tal vez piensan que el ministerio no debía mover las manos y ser un apéndice de la Corte Suprema”, ironizó. “La política y las estrategias de persecución del crimen que desarrollamos eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador -expresó-. Teníamos como eje trabajar fuertemente en los delitos de poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Fue un mandato del gobernador. Desde el Ministerio recibimos directivas expresas; el gobernador siempre estuvo al tanto de todo lo que nosotros desarrollamos en esta materia”.
Sain asegura que Perotti “estaba al tanto de todo”, pero en paralelo niega los hechos que se le imputan. El dilema pasa entonces por dilucidar la legalidad de ello, porque las acciones que según Sain eran lícitas y estaban en conocimiento del gobernador, para los fiscales son ilegales y constituyen delito. El fiscal Hernández ante la consulta de El Litoral, dijo que, por las evidencias reunidas hasta aquí, la investigación no alcanzaría a la figura del gobernador.
La “herencia”
“En el desarrollo de esas estrategias para combatir el crimen y la connivencia con las estructuras de poder -explicó Sain-, había que producir algo básico que es el análisis criminal de aquella problemática sobre la que teníamos que desarrollar acciones institucionales concretas. El grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Acá nadie ha tenido información sin la debida autorización”, aseveró. Y advirtió que esa metodología de trabajo le vino heredada de gestiones anteriores. “La verdad, la forma de trabajo haciendo análisis criminal sobre fuentes públicas se inauguró con un nivel de sistematicidad importante en las gestiones precedentes, sobre todo, en la de Pullaro. Allí había áreas en el ministerio específicamente avocadas a la producción de información de análisis criminal sobre fuentes públicas que han hecho gran cantidad de informes. Hacían perfilamientos áreas como la Secretaría de Análisis Criminal al frente de Rolando Galfrascoli o la secretaría de Seguridad Comunitaria a cargo de Angel Ruani. No digo que esto sea ilegal; digo que esto también lo hacían en la gestión anterior. También la Dirección de Investigación Patrimonial a cargo de Margarita Zabalza y Nicolás Rolón. Allí se perfiló, por ejemplo, a Jorge Molina. Si esto para ustedes es una asociación ilícita, en todo caso empezó con Pullaro y ustedes deberían hacer un estiramiento para atrás…”, reprochó.
