Compromiso de Georgina Orciani con las instituciones educativas.
El problema de las cooperadoras escolares no deja de acrecentarse día a día. La disociación entre los requerimientos de la Inspección General de Persona Jurídica y por el Ministerio de Educación trae como consecuencia el quebrantamiento de un trámite administrativo que debiera garantizar la subsistencia de estas entidades. “Una cooperadora que maneja grandes montos de dinero por decisión del Gobierno Provincial no puede tener su vida legal partida en dos, por simple burocracia infundada”, sentencio la diputada.
La legisladora que desde el inicio de su gestión trabaja a la par de todas las instituciones de la sociedad civil, principalmente las educativas, cuestiona el funcionamiento burocrático que se está desarrollando dentro de la provincia. Hay presentaciones que son válidas para un ministerio y no para el otro, hay rendiciones de cuentas que son aceptadas por una repartición y tachada de ilegal por otra de igual jerarquía. Orciani afirma que “nada de esto es razonable, y los únicos que pagan las consecuencias son los miembros de las cooperadoras, generalmente padres de alumnos o ex alumnos, y los directivos escolares que tienen doble trabajo sin ningún tipo de apoyo del gobierno provincial.”
Este tipo de incongruencias administrativas causan que no solo se atrasen con los trámites, perdiendo su subsistencia, sino que también recaen en consecuencias contables, donde muchas de ellas han sido intimadas por AFIP perdiendo el uso de su CUIT. “Las Cooperadoras quedan libradas a su suerte y a que algún asociado sea un profesional que pueda donar su trabajo. Ningún ministerio de los involucrados, Educación y Justicia, brinda asesoramiento y seguimiento a las cooperadoras”.
Nuestra provincia es muy amplia, las distancias son largas, es por esto que Orciani pretende introducir mecanismos que no flagelen los derechos de nuestros santafesinos y santafesinas. En el proyecto presentado la diputada del bloque UCR Evolución, liderado por Maximiliano Pullaro, le exige al Poder Ejecutivo que reglamente y ordene un sistema de trabajo coordinado entre ambos ministerios que, junto con el apoyo legal y contable requerido, garanticen la actuación ajustada a la normativa de las cooperadoras escolares. “Asociarse con el fin de cuidar la educación santafesina no puede estar encorsetada de esta manera, ya que en los hechos implica un cercenamiento del derecho”, cerró la legisladora radical.
