El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, abrió en Rosario el año judicial con un discurso con fuertes referencias a la violencia en esa ciudad. Junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, ante un auditorio compuesto por los titulares de los demás poderes y autoridades municipales, Erbetta agradeció “especialmente” a los “familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo”. Dijo que “a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad”.
Con Rosario como eje, la Corte abrió el año judicial
“No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia pero si reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten”. Dijo que “los operadores judiciales deben desarrollar una especial sensibilidad frente a las lesiones a la dignidad humana, para no naturalizar situaciones inaceptables y para que la técnica jurídica elevada a ontología que proponen algunas corrientes jurídicas, no nos lleve al lugar de aquel famoso guillotinador que todas las mañanas limpiaba la cuchilla para no ensuciar a la víctima”.
“Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder”, a lo largo de su exposición, el Papa sería citado en casi una decena de oportunidades.
Sostuvo que “la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales”.
Tras enumerar la “genealogía de esta complejidad”, hoy existe un “escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia”.
Señaló a las “financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales”.
Afirmó que “a este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas”. Más adelante, en clara referencia a las lamentables expresiones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que “no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral”.
“El plan de acción debe necesariamente ajustarse al mandato constitucional y a ese pilar básico de la democracia argentina que, con el consenso multipartidario, institucionalizó las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, advirtiendo que la violación de cualquiera de ellas pone en riesgo la estabilidad democrática y que la apelación excluyente a las instituciones de la política criminal y, peor aún, la eventual militarización de la seguridad, nos coloca en el riesgo cierto de comenzar a caminar hacia el precipicio”, observó.
Políticas públicas
Admitió que existe una crisis judicial describió “patologías” en los “poderes judiciales” en el país, cuyos integrantes “tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia”.
Dijo que “la política que debe recuperar el estado para la política, recuperar la democracia con partidos políticos no mediáticos” y que la interpelación es también para “el aparato judicial y del mismo modo para el campo académico, en tanto necesidad de repensar nuestros saberes y doctrinas, para construir la nueva institucionalidad del siglo XXI”.
Al concluir su mensaje citó nuevamente al jefe de la Iglesia Católica en su mensaje a la Asociación de Magistrados de Italia: “Sin justicia, toda la vida social permanece atascada, como una puerta que ya no puede abrirse, o termina por chirriar y crujir, en un movimiento farragoso”.
Autocrítica
Erbetta sostuvo que en Santa Fe “por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio MPA”.
Agregó que “las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”. En otro momento de su discurso reclamó “la garantía de plena autonomía al MPA que ha sido legislativamente debilitada”.
Describió problemas, entre ellos, “las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación” de la reforma del proceso penal. Mencionó como “una deuda enorme” al “juicio por jurados populares”
La Corte Federal
Erbetta no habló sobre el pedido de juicio político a la cabeza del Poder Judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso; sí se expresó sobre la necesidad de la reforma y de modernizar la estructura judicial. Mencionó que por ejemplo “luego de casi 4 años de vacancia recién en estos días la Procuración llamó a concurso el relevante cargo de Fiscal general de Rosario”. Reconoció “el acuerdo político de nuestros representantes ha posibilitado la presentación y tratamiento la ley de fortalecimiento de la justicia federal”.
“Debe debatirse necesariamente -siguió- la reforma de integración y función de la CSJN, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta, en tanto ningún país desarrollado concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad (algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve), el gobierno del poder judicial y también la presidencia del CMN. ¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?”, cuestionó. Y subrayó “no sólo es la más reducida de los países occidentales”, sino que es “la más chica de toda la República Argentina”.
Privilegios porteños
El juez Daniel Erbetta, titular de la Corte de Santa Fe, dijo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es “un lugar por cierto muy particular, donde no hay campos, ni vacas, tampoco soja o trigo, ni fábricas, ni siquiera cárceles, cuenta con la policía mejor paga del país y el más alto ingreso per cápita, y hasta reciben un aumento del coeficiente de coparticipación en materia de seguridad por vía de una cautelar judicial que la justicia jamás otorgó a las provincias de San Luis, Córdoba o Santa Fe; un dato anecdótico a propósito de lo dicho por el papa Francisco sobre la necesidad de un federalismo sano.
Un campo de lucha
Para el juez Daniel Erbetta en el país ha existido recientemente “la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político partidaria” y recordó que esos “fenómenos de patología institucional” se “han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019”.
