El juez de Garantías Gabriel Castro le otorgó el beneficio pedido por su defensa, pero dispuso que ello se concrete cuando la medida quede firme, es decir sea ratificada por la Cámara de Garantías.
Concederán la prisión domiciliaria para L-Gante
El juez justificó su decisión en que “de efectivizarse esta medida de coerción podría contribuirse a evitar que algún fanático aislado del detenido pueda perpetrar algún tipo de amenaza o reprimenda hacia cualquiera de las víctimas como se viene aduciendo en autos”.
El juez le impuso a L-gante como “medida de mayor aseguramiento” las obligaciones de “prohibición de mantener todo tipo de contacto con las víctimas y con sus círculos íntimos, por cualquier medio, telefónico, tecnológico e incluso redes sociales, todo ello por el término que dure el presente proceso penal”.
“Ello –agrega la resolución- bajo apercibimiento de revocar el beneficio concedido en caso de incumplimiento o de las obligaciones impuestas”.
La defensa de L-gante había considerado que “la medida de coerción actual deviene desproporcionada, que se está causando perjuicio a una persona con tan solo 23 años de edad.”
Juan Pablo Merlo, abogado de L-Gante.
El propio Valenzuela “refirió que no posee mal intención alguna en los presentes actuados”, justificó su decisión de “no haber brindado la clave de su teléfono celular” como “una estrategia de su defensor anterior” e indicó que “se encuentra a disposición esperando su libertad”.
La Cámara en lo penal de Mercedes revocó la excarcelación que le habían concedido en primera instancia al músico por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.
De esta manera, se dio marcha atrás a la decisión que había tomado el juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro, que le otorgó la libertad por una caución de 20 millones de pesos.
La víctima dijo que junto a su grupo familiar reciben amenazas del entorno del músico y eso fue valorado por los camaristas Carlos Risuleo, Horacio Reggi y Verónica Bainotti.
La pena que enfrenta tiene una expectativa de hasta 15 años de prisión en función de los delitos de amenazas en concurso con privación ilegítima de la libertad.
