No ha habido ni habrá actos administrativos relevantes hasta el próximo martes, en el marco del concurso con el que se pretenden renovar las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Sí, el gobierno provincial define por estas horas la estrategia con la que esperará a la oposición el próximo martes. Ese día, funcionarios del Poder Ejecutivo recibirán a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para despejar dudas y sospechas pero también, para ratificar el proceso.
Concursos del sistema penal: la previa de una reunión política que será clave
Según pudo saber El Litoral, el gobierno sostendrá el procedimiento y defenderá su continuidad, ofreciendo “medidas excepcionales” de claridad y transparencia. En ese orden se menciona, por ejemplo, que la realización del sorteo para completar las vacantes que se hayan generado en el cuerpo evaluador, sea comunicada con la suficiente antelación para que quien lo desee, pueda presenciarlo.
Ello tropezará con la postura que llevarán algunos referentes de la oposición, sobre todo del radicalismo, quienes plantearán que el jurado debe ser constituido nuevamente en su totalidad. Plantean borrón y cuenta nueva; que renuncien todos y se vuelva a integrar de común acuerdo. Para intentar limar asperezas, la Casa Gris está entablando contactos y mantendrá diálogo con algunos legisladores de aquí al martes.
Estado de situación
Hasta aquí, por renuncias, excusaciones y recusaciones, nueve integrantes del jurado original dieron un paso al costado. En el caso de las dimisiones, siempre se argumentan “razones personales”. Lo cierto es que la escalada de bajas en el cuerpo evaluador comenzó a generarse después de que se difundiese un audio en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain, que compromete al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.
El concurso estuvo inmerso en una fuerte tensión con la oposición desde sus inicios, pero la difusión del audio aludido elevó los decibeles de la discusión a la que se sumaron, incluso, otros actores institucionales. Fue así que por decreto, se decidió apartar a Somaglia del procedimiento. Pero ello no fue suficiente para acallar la polémica. La oposición cerró filas y estuvo a punto de pedir la interpelación de la ministra de Gobierno, Celia Arena; y del fiscal de Estado, Rubén Weder. Ambos quedaron a cargo del proceso tras el apartamiento de Somaglia. Y si no se avanzó con ese trámite legislativo, fue porque el gobierno logró desactivarlo a partir de la invitación a la oposición para conversar el próximo martes.
Legalidad
Fuentes del gobierno consultadas por El Litoral aseguraron que desde el punto de vista jurídico, el concurso “no está impugnado”; y acotaron que el propio reglamento establece cómo proceder para salvar la situación derivada de las renuncias y las respectivas vacantes. Pese a ello, se admite que una decisión política puede frenar y hasta hacer caer el trámite.
Tras la inscripción de los postulantes y la presentación de los planes de trabajo, el Consejo de la Magistratura debe avanzar aún en la admisibilidad de los interesados. Esto implica un análisis de los datos y requisitos objetivos de cada participante – título, años en la magistratura o en la profesión, por ejemplo- para “admitirlos” en el proceso. Posteriormente, el jurado deberá tomar las entrevistas pero antes, deberán ser cubiertas las vacantes. Restan resolver también las excusaciones y recusaciones formuladas en el marco del proceso.
En las últimas horas, se sumó a los de la semana pasada, el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Rosario. La institución se ofrece como anfitriona de una “mesa de diálogo” con todos los actores, que permita garantizar la continuidad del proceso con transparencia.
