(Por Emerio Agretti) – La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la designación de Martín Doñate como representante de la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura, por la vía de revocar el decreto parlamentario que lo establecía y fuera judicialmente impugnado por Luis Juez, desató una tormenta política cuyos efectos institucionales aún están en proceso de definirse. Y, a la vez que responde a criterios absolutamente jurídicos, se inscribe en un contexto fuertemente político. Y lo quiera o no, habilita la instancia de una nueva partida, para la cual el Tribunal delimita jurídicamente el tablero, pero que quien deberá jugar es la política. Una partida que para algunos consiste en una meticulosa batalla de ajedrez, y para otros, una taimada confrontación de póker. Y que, más allá de lo que se pueda decidir para los días que restan hasta entonces, tiene como plazo el 18 de noviembre, fecha en la que se renueva el Consejo.
Consejo de la Magistratura: la Corte marcó el terreno de juego, ahora le toca a la política
Cómo empezó
Cuando se produjo el fallo de la Corte el PRO, por entonces segunda minoría, propuso a Luis Juez. Pero Cristina Fernández de Kirchner demoró la decisión y, en el interín, el bloque del Frente de Todos se dividió en dos, e identificó a cada una de sus partes con un nombre propio. Considerando que el grupo de diputados desagregado del bloque original constituía ahora la segunda minoría, Cristina Fernández notificó al Consejo de la Magistratura que el elegido para representarla era Martín Doñate. Esa es la decisión que Luis Juez impugnó judicialmente y que, tras ser rechazada en primera y segunda instancia, tuvo respuesta favorable de la Corte.
La misma matriz de pensamiento en función de la cual, en la misma semana, Hebe de Bonafini volvió a convocar a “echar” a los miembros de la Corte, acusándolos de encubrir a los responsables del atentado contra Cristina. A tal efecto, que el Alto Tribunal no haya tenido ningún tipo de intervención en esa causa es un dato secundario e irrelevante. Como también lo es para el grueso del oficialismo que esta misma composición tenga antecedentes de pronunciamientos que contrarían a quienes están en el poder (como le pasó a Mauricio Macri con el aumento de las tarifas eléctricas, al punto que se habló de la “mayoría peronista” de la Corte). Aunque vale recordar que en este caso no se trata de políticas o medidas de Estado, sino de imputaciones delictivas a una persona en particular, por supuestos actos en beneficio propio (en todo caso, valiéndose para ello de los resortes del Estado).
Pero luego de esos embates iniciales, se abrió un período de replanteo de estrategias, así como también de incertidumbre, en el que no solamente el oficialismo cometió errores
Qué puede pasar
Mientras los cuatro consejeros de la oposición reclamaron a Horacio Rosatti que, como presidente del Consejo de la Magistratura, tome juramento de inmediato a Juez como miembro, el propio legislador cordobés se lo pidió por carta. Se trata de una pifia no menor, inducida acaso por la doble condición de Rosatti, porque en realidad el juramento debe ser tomado por la Corte. Pero a la vez, solamente en cuanto el Senado (cumpliendo debidamente el fallo) haya formalizado la designación. Trance en el que el oficialismo todavía no ha resuelto qué hará: si insistir con Doñate, como anunció en primer término o si, como acto de resistencia pasiva, no designa a nadie en su lugar. No ha dado muestras por ahora que acceder a la petición del PRO esté en el menú de opciones, lo que puede dar lugar eventualmente a nuevos planteos judiciales, a la par de la pulseada política.
Lo cual lleva a consignar, en último término, cuáles son a futuro las implicancias del fallo de la Corte, más allá del caso en particular que, como todo pronunciamiento judicial, agota sus efectos concretos.
En tal sentido, el Tribunal reivindicó su función de control constitucional, aplicado a la composición de un organismo del Estado. Lejos de interferir en la dinámica interna de otro poder (como arguyó el kirchnerismo), se limitó a considerar no inválida, pero sí “inoponible” la división del bloque, en un párrafo demoledor: “El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”.
Las reglas del juego
La Corte asume así un rol constitucional que evita ampararse en el criterio de “no intromisión” que la Justicia suele blandir en los hechos de contenido político, y que es el que primó en las dos instancias anteriores.
Pero también reivindica un criterio jurídico basal como el de la “buena fe”, en este caso violentado por lo que define como “un ardid”. “Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre –y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación–la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente PRO”, sostuvieron los jueces de la Corte. Una referencia cronológica que el oficialismo no tiene manera de refutar, aunque a sus miembros les molesten los titulares que hablan de “maniobra” y pretendan desviar el eje del debate forzando un pretendido conflicto de poderes o menoscabando a los magistrados.
Ese aspecto del fallo es el que, en un orden jurídico y republicano que aspire a mantener su cauce, debería ser un punto de referencia a futuro: que no se debe hacer trampa (el principio de buena fe), y que las cosas no varían su naturaleza por mucho que se les llame de otra forma. El principio del sentido común, que también es un criterio de interpretación jurídica, y cuya utilización no le vendría mal a la política.
