La Provincia advierte que hubo "errores" en la presentación contra Anses ante la Corte

A menos de una semana de que concluyera la gestión anterior, el por entonces ministro de Economía, Walter Agosto, detallaba a la prensa el estado económico y financiero en el que entregarían la provincia apenas unos días después. En el marco de esa mismo diálogo con los periodistas, el actual diputado provincial revelaba que la provincia había demandado a la Anses por no girarle a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe los fondos destinados a financiar parte de su déficit. La presentación ante la Corte de la Nación se había efectuado en setiembre, pero no había trascendido hasta el momento de la conferencia de Agosto.

Desde la nueva administración, interpretan que dicha demanda constituye uno de los principales pleitos que deberá llevar adelante la provincia desde el punto de vista judicial. Sin embargo, advierten acerca de aspectos formales que no se habrían cumplimentado de manera correcta. El planteo provino del nuevo Fiscal de Estado, Domingo Rondina. En diálogo con El Litoral, el funcionario sostuvo que dicha presentación "tiene algunos problemas".

El cuestionamiento

"Como se ve -dijo Rondina-, hubo una decisión política (de la gestión anterior) de ingresar dicha presentación (ante la Corte) antes de irse. Y no se cumplieron ciertos pasos que nos impone la reglamentación para la presentación de esas acciones. Por lo tanto, hay defectos que habrá que subsanar".

El fiscal de estado Domingo Rondina.

En segundo término, sostuvo que "es una acción sobre la que no hay constancias en Fiscalía respecto de cómo se arribó al monto que se está planteando en el reclamo. Y eso también lo tenemos que revisar". Para el Fiscal, la provincia "presentó a las corridas una demanda por 400 mil millones de pesos contra Anses que tiene que ser revisada". A modo de adelanto, expresó que desde la administración actual están convencidos de que el monto a reclamar "es muy superior" al incluido en la demanda.

Juicios en contra

Consultado sobre los juicios que se tramitan contra la provincia, Rondina dijo que "el empleo público" constituye la causa principal de las demandas. "Durante muchos años, el empleado público ha sido destratado y también se lo ha alentado al litigio. La Administración no resuelve internamente sus conflictos laborales, sino que se alienta el litigio, algo que también ocurre en el Estado Nacional. A la vez – acotó-, se generan muchas veces decisiones gubernamentales motivadas políticamente que luego acarrean problemas, por ejemplo, los 13.000 ingresos que dispuso el gobierno de Perotti incrementando en un 10% la planta de la administración y que va a generar conflictividad y litigiosidad porque hay muchos de esos ingresos que fueron totalmente ilegítimos". "Entonces – continuó Rondina-, cuando el gobierno por especulación partidista y electoral otorga falsos beneficios, en verdad se está abusando de la gente dejando una situación de inestabilidad jurídica para tirarle esa pelota al que viene atrás".

- Precisamente, ¿cuál será el rol de la comisión revisora de esos decretos y que usted integrará?

- El gobernador con buen criterio dictó el decreto 38 en el que dispone revisar la legalidad de todas las incorporaciones, titularizaciones y contratos que se dieron el último tiempo. Pensemos que el último día hábil, el 7 de diciembre, hubo decretos que incorporaron a miles de personas. Y así se vino haciendo los últimos seis meses. Desde que advirtieron que los números de las primarias les eran desfavorables, empezaron un proceso de incorporación de gente. Pero ésta no es una Comisión rescindidora o expulsadora; se revisará la legalidad de esas decisiones porque la gran mayoría de los ingresos tienen que ver con una situación real de precarización en que el gobierno de Perotti tenía a muchísimos empleados públicos. El caso más concreto es el de la pandemia; se incorporó personal que era y sigue siendo necesario. Pero bajo la excusa de la gente que estaba precarizada, se coló a un montón de personas; funcionarios políticos, arribistas, paracaidistas, que en verdad estaban en una función política, no eran empleados ni eran necesarios y se los hace aparecer como que ya venían desempeñando funciones. Hay situaciones espantosas de falsedad; gente que dice que se venía desempeñando de tantos meses y no aparecen transferencias bancarias para pagarle antes. O contratos donde, por ejemplo, se dice que están exentos de prestar servicio en algún lugar para encubrir que en verdad no trabajaban. O gente que estaba desvinculada de la administración, que hacía meses que no cobraba y que luego pasa a planta. Entonces, lo que la Comisión hará es revisar todos los ingresos a planta y todas las titularizaciones de 2023. Cuántos son los ilegítimos, eso lo va a determinar la Comisión Revisora. La Comisión no va a perjudicar a la masa de trabajadores verdaderos; va a evitar que se consoliden situaciones injustas porque los vecinos no pagan impuestos para que se incorporen ñoquis o gente que no sabe trabajar.