Control legislativo: los fiscales cuestionaron el fallo de la Corte
La Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación expresó su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que avaló el control legislativo sobre su desempeño, por considerar que “lo resuelto conforma un menoscabo a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal”.
La ley ahora avalada -13807- fue iniciativa propia de la Legislatura, sancionada sobre fines del año ordinario parlamentario en 2018 tras un rápido tratamiento en el recinto de ambas cámaras y promulgada por el entonces gobernador Miguel Lifschitz el 17 de diciembre, pese a planteos en contrario del propio titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, y de los cinco fiscales regionales, entre ellos el hoy renunciado y detenido en prisión domiciliaria Patricio Serjal (Rosario).
En la ley que reguló el funcionamiento del MPA -13.013 del año 2009- las faltas graves de los fiscales debían ser analizadas por un tribunal colegiado. El cambio, fue la decisión legislativa de noviembre de 2018 cuando se sancionó la ley 13.807 que se otorgó para la Legislatura esa potestad para todo tipo de conductas que ameritaran una investigación o análisis. La norma fue declarada inconstitucional por la Cámara Laboral de Rosario. Hubo luego otra sanción legislativa que dejó en manos de las cámaras únicamente los casos considerados graves por la Auditoria de Control de Gestión del propio MPA.
Fiscal regional N° 3 del MPA de Venado Tuerto, Matías Merlo.
La norma vigente fue denunciada por inconstitucional por el fiscal rosarino Adrián Spelta, que tiene abierto un proceso disciplinario en la Legislatura por haber acordado una excarcelación a Emanuel ‘Ema Pimpi’ Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo. Sandoval fue asesinado cuando cumplía prisión en un domicilio en octubre del año pasado.
Este martes, la Corte se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley. Cuatro ministros formaron la mayoría: Roberto Falistocco (actual presidente), María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. En tanto, Mario Netri y Daniel Erbetta consideraron inconstitucional el procedimiento derivado de la ley 13.807, sancionada a fines de 2018. Antes, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, también se había pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma.
“En virtud de lo dispuesto en los autos de referencia ante el recurso presentado oportunamente por el Poder Ejecutivo, destacamos una vez más que desde el MPA se mantiene y promueve el respeto por el Estado Constitucional de Derecho, las disposiciones constitucionales, las leyes vigentes y los fallos judiciales que se susciten”, aclaran los fiscales en el pronunciamiento emitido este viernes.
“Asimismo, luce pertinente señalar que el referido respeto no obstaculiza expresar una manifestación institucional contraria a la tesitura adoptada por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (CSJSF), pues lo resuelto conforma un menoscabo a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal”, añaden.
En tal sentido, remarcan que “la Junta de Fiscales reitera y ratifica las diferentes manifestaciones realizadas en oportunidad de sancionarse las leyes provinciales números 13.695 y 13.807, en tanto modificaron el régimen disciplinario de Fiscales y Fiscales Adjuntos originario previsto en la ley provincial número 13.013”. No obstante, consideran “importante destacar la coincidencia con lo manifestado por tres miembros de la CSJSF al momento de exhortar al Poder Legislativo a considerar y concretar disposiciones que doten al sistema disciplinario de una mayor claridad y previsibilidad, fortaleciendo así la autonomía funcional del MPA”.
“En síntesis, consideramos que, las modificaciones legislativas adoptadas por las leyes 13.695 y 13.807 y las decisiones jurisdiccionales que las sustentan implican un menoscabo en la independencia y autonomía del MPA”, concluye el documento.
Firman el fiscal general Jorge Baclini, y los cinco fiscales regionales: Carlos Arietti (Fiscal Regional 1 – Santa Fe); María Eugenia Iribarren (Fiscal Regional 2 – Rosario); Matías Merlo (Fiscal Regional 3 – Venado Tuerto); Rubén Martínez (Fiscal Regional 4 – Reconquista); y Diego Vigo (Fiscal Regional 5 – Rafaela).
