Crece la tensión entre Venezuela y España por las detenciones ordenadas por Maduro

El gobierno de España reclamó a Venezuela información oficial y verificable sobre los ciudadanos de su nación en el país americano junto a otros extranjeros bajo acusación de estar vinculados a un supuesto complot contra Nicolás Maduro, pero la respuesta que recibió complicaba la situación entre ambas naciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores español también exigió una "aclaración de los cargos de los que se les acusa", señaló el ente en un comunicado.

"La embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales", prosiguió. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el sábado último la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo, acusados de estar involucrados en un supuesto complot para atacar al líder chavista y "desestabilizar" el país.

Calificados de "terroristas" y "agentes encubiertos"

En las últimas horas, Maduro calificó como "terroristas" a dos ciudadanos españoles detenidos en el país, a quienes vinculan con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la nación europea. Sin embargo, ya el domingo, España negó "rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela". Y desmintió que los dos detenidos formen parte de la agencia de espionaje española CNI u "otro organismo estatal". Pero a través de la televisión estatal, el mandatario venezolano aseguró que los detenidos participaban en una grave conspiración desestabilizadora contra su Gobierno.

Maduro afirmó que los dos españoles son "agentes encubiertos" del CNI y rechazó las versiones ofrecidas por los familiares de los detenidos, quienes aseguran que ambos se encontraban en Venezuela como turistas tras visitar Colombia. "Ya los medios españoles tenían el relato para tapar el crimen, decir que eran unos turistas", expresó. El presidente denunció que "esos supuestos turistas tenían relaciones con una red de prostitución y comunicación con un cheque que pertenece a un grupo de mercados llamado el Comando AZ, que funciona en Europa".

Añadió que "el Centro Nacional de Inteligencia española (CNI) ha contactado agentes de varias partes del mundo, ha repartido tareas aquí en Venezuela, y saben que estos caballeros trabajan para ellos". Según Maduro, ambos detenidos, identificados como Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, fueron capturados en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y se encuentran "convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera".

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, también se refirió al tema y alertó que, aunque el CNI está adscrito al Ministerio de Defensa de España, a su juicio es un "ente totalmente autónomo" que lleva a cabo "operaciones en el mundo entero cumpliendo las instrucciones que da la CIA".

Acción diplomática

El canciller de Venezuela, Yván Gil, sostuvo en las últimas horas una reunión con Gladys Gutiérrez, embajadora de Venezuela ante el Reino de España, quien fue llamada a consultas el pasado 12 de septiembre. El encuentro se centró en analizar la situación diplomática actual entre ambas naciones y en definir las acciones a seguir en defensa de la soberanía venezolana.

"Hemos llevado a cabo una reunión con Gladys Gutiérrez, embajadora de Venezuela en España, tras haber sido llamada a consultas para analizar la situación diplomática actual y definir las acciones a seguir en defensa de la soberanía venezolana", informó el canciller Gil. La consulta de la embajadora Gutiérrez ocurre en respuesta a las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien el pasado jueves calificó al gobierno venezolano de "dictadura".

Estas afirmaciones, consideradas por Caracas como "insolentes, injerencistas y groseras", fueron señaladas por el canciller venezolano como un factor que provocó un deterioro en las relaciones bilaterales. Además, en el marco de esta tensión, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores convocó al embajador de España en Caracas, Ramón Santos Martínez, con quien ya se reunió el viernes pasado. El gobierno venezolano insistió en que defenderá su soberanía frente a cualquier injerencia extranjera y está evaluando los próximos pasos en sus relaciones diplomáticas con España, como se abordó en la reunión.

Informe lapidario contra el régimen chavista

Una misión de la ONU detalló sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con un enfoque especial en la crisis posterior a los comicios del 28 de julio pasado. En su reporte, la misión de investigación sobre el país caribeño, encargada por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU, denuncia violaciones de derechos como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas que responden al régimen chavista.

"En su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Durante el periodo que cubre este informe, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó los mecanismos más duros y violentos de su aparato de represión", agregan en el informe, que abarca hasta el 31 de agosto.

Dichas conclusiones se hacen eco de las preocupaciones expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres; el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken; Human Rights Watch y otros acerca del país y su democracia. Marta Valiñas, jefa del equipo de expertos independientes, reveló que entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas reconocieron la detención de más de 2.200 personas, según detalló el sitio Newsweek Argentina.

"Entre ellos, hemos confirmado el arresto de al menos 158 menores, algunos de ellos con discapacidad", precisó Valiñas en una conferencia de prensa este martes en Ginebra, añadiendo que algunos han sido acusados de delitos graves como terrorismo. La misión concluyó que algunas de las violaciones investigadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluidos encarcelamiento arbitrario, tortura, violencia sexual y actos inhumanos que "forman parte de una política estatal para silenciar a la oposición".