(Por Brian Mayer) – “Convoqué a Germán Martínez y Carolina Gaillard, presidentes respectivamente del Bloque de FdT y de la Comisión de Juicio Político, para entregarles el pedido de Juicio Político a miembros de la CSJN que impulsamos con gobernadores”, iniciaba el tuit escrito por el presidente de la Nación el 4 de enero. Concluía aclarado que les pidió “que inicien su pronto tratamiento legislativo”. Sobre el primer tramo, vale considerar que dicho proyecto podrá ser tratado en lo inmediato cuando el mandatario oficialice la convocatoria a sesiones extraordinarias, antes del 1 de marzo. En ese marco, la convocatoria -según él mismo dijo semanas atrás- incluiría otros temas. En el segundo aspecto, el tratamiento sería iniciado (si se cumplen las formalidades explicadas) a partir del lunes 16 del corriente en una sola comisión, la de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuáles son los temas que el oficialismo quiere tratar en las sesiones extraordinarias de enero
Según Gabriela Cerruti, a partir de la semana del 9 de enero se girará al Congreso el pedido de sesiones extraordinarias en ambas cámaras legislativas. La celeridad está motivada en un proyecto particular. Al respecto, la vocera indicó que “el Presidente y los gobernadores tomaron la decisión histórica de impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación, donde la Corte interviene sobre el accionar de otros poderes violando la Constitución”. A lo largo de su exposición del último jueves, la funcionaria dejó en claro las dos cuestiones que enfurecen al kirchnerismo: las determinaciones de la Corte en los casos del Consejo de la Magistratura y la coparticipación, con fallos que favorecen a la oposición.
El jefe de la bancada oficialista en Diputados, el santafesino Germán Martínez, dejó entrever en varias presentaciones a la prensa cuáles serían los demás temas a tratar, con una transversalidad económica: exteriorización de capitales, en línea con el intercambio de información fiscal con Estados Unidos; revisión del fallo de la Corte respecto a los fondos que Nación debe girarle a la Ciudad de Buenos Aires; estímulos a las actividades vinculadas al GNL y el hidrógeno; fomento de la agroindustria; deuda previsional y cuestiones vinculadas a la salud. También, dijo Martínez, podrían incluirse otros proyectos que nacieron en el ámbito legislativo y que fueron adelantados al Presidente para que pida su tratamiento en extraordinarias y evitar esperar hasta marzo.
Máxima tensión
Más allá de los anuncios y las intenciones, es importante destacar la situación de máxima tensión en la que la Cámara de Diputados cerró el 2022: las últimas tres sesiones convocadas no lograron quórum y los representantes se retiraban, tras los fallidos intentos, a gritos, insultos y acusaciones cruzadas. Todo tiene que ver con que Cambiemos y los bloques minoritarios de la oposición no contribuyen al número necesario para que se inicie una sesión, en represalia a la determinación unilateral de Cecilia Moreau de retirar los pliegos de los diputados opositores que deberían conformar el Consejo de la Magistratura. Tal es el fastidio en el sector enfrentado, que ni siquiera le permitieron regularizar su renovación como presidente del cuerpo parlamentario, en una situación histórica en la que Moreau sigue como presidente por una mera cuestión técnica que imposibilita que los diputados queden acéfalos y le da continuidad a su período anterior hasta tanto se logre una votación que la ratifique en su cargo por un año más o unja a alguien más en el puesto presidencial, que alguna vez ocupó Sergio Massa.
Lejos de los dos tercios
Así las cosas, la preocupación en el seno de Alberto Fernández es que la oposición siga trabando la posibilidad de sesionar -en tanto y en cuanto el oficialismo no cambie de postura en la cuestión Consejo de la Magistratura- y su mensaje de presión a la Corte caiga en saco roto. De todas formas, en caso de que logren el quórum necesario, también será difícil que prospere el procedimiento de enjuiciamiento. Para ello, es necesaria una mayoría agravada, es decir las dos terceras partes. En estas líneas queda claro que el oficialismo tiene serias dificultades para lograr unir a la mitad más uno de los diputados, lo que demuestra casi imposible que convenza dos tercios de acompañar la iniciativa de Alberto Fernández y algunos gobernadores. De esta forma, sólo podrían darse por seguras dos cuestiones: las iniciativas serán giradas en los próximos días y serán trabajadas en las comisiones respectivas; si consiguen despacho, llegarán al recinto en fechas a definir. A partir de allí, su tratamiento y aprobación demandan innumerables negociaciones.
