Cuello Murúa y Majul sumaron planteos para fortalecer la justicia penal federal santafesina

El miércoles último se desarrolló una importante convocatoria en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, que consistió en una ronda de exposiciones sobre la necesidad de urgente aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal santafesina, el cual involucra la creación de los cargos básicos que hacen falta para poder implementar y aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado por Ley N° 27.063, que establece el sistema acusatorio adversarial y de juicio por audiencias orales, a fin de fortalecer la presencia de la Justicia Federal y brindar más herramientas en la investigación y la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

La escasa estructura de la Justicia Federal en Santa Fe resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes. Por eso, el proyecto propone la creación de cinco nuevos cargos de fiscales federales en Rosario, tres en Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.

Cabe destacar que la iniciativa se enmarca en la implementación del Código Penal Federal sancionado en 2014, que hasta el momento sólo se implementó en Salta y Jujuy. Es el resultado de más de seis meses de trabajo conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en la Legislatura nacional, que fueron convocados por el mismo gobernador Omar Perotti en diciembre con ese propósito.

Además de los legisladores que integran la comisión presidida por Rodolfo Tailhade, como el rafaelino Roberto Mirabella, diputados de otras comisiones y el senador nacional Dionisio Scarpin, participaron del encuentro -que se extendió por más de dos horas-, jueces federales (entre ellos el venadense Aurelio Cuello Murúa), fiscales federales, defensores públicos federales y, en representación de la Federación de Colegios de Abogados de Santa Fe, la venadense presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul.

 

Impacto en la tarea diaria

En su intervención, el juez federal Aurelio Cuello Murúa se refirió a la realidad que enfrenta en su actividad diaria y aludió a la Ley Nº 27.063, “legislación penal que en el último tiempo asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, y que responden tanto a compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como a la aparición de fenómenos criminales de alta relevancia social. En ese marco, el fundamento de la iniciativa establece que la organización de los recursos apunta a llevar adelante investigaciones más dinámicas, y esto es un punto central, porque con la instauración del sistema acusatorio, no hay duda de que la dirección de la investigación la tiene el fiscal federal. Sin embargo -continuó-, lo que hoy ocurre en Venado Tuerto y la amplia región que comprende la 3° Circunscripción Judicial, limítrofe con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, es preocupante, porque la actuación operativa de la Policía Federal -que lleva a cabo la mayoría de las investigaciones- se está desmembrando día tras día, al mismo tiempo que se verifica un fenómeno de descentralización delictiva. Bien sabemos que en Venado están operando las mismas bandas que están cometiendo los crímenes más atroces en la provincia, y al mismo tiempo nos enfrentamos con una centralización de las investigaciones judiciales, sobre todo con funcionarios con asiento en Rosario, conspirando contra esa dinámica pretendida”.

En consecuencia, “es correcto el objetivo de crear más fiscalías federales para que asuman la dirección de las investigaciones, pero además los fiscales van a necesitar recursos para esa misión. Y si bien es cierto que el fortalecimiento de la justicia federal tiene que ver con Rosario, la situación está desbordando y los problemas ya se trasladaron a Venado Tuerto y la región”, advirtió el magistrado que hoy actúa como subrogante en los juzgados federales de Rosario y Santa Fe.

Más adelante, observó que en base al nuevo paradigma de que los jueces y representantes del Ministerio Público se dediquen a “resolver el conflicto” y no se limiten al “castigo”, en busca de una salida alternativa al conflicto del ciudadano con la ley penal, “habrá que definir cómo se garantizará el cumplimiento, de la probation, suspensión de juicio a prueba, principio de oportunidad, porque hoy no tenemos ninguna herramienta para efectuar esos controles. Se hacen a través de juzgados y la gente no advierte que estos mecanismos logren el efecto buscado”.

Asimismo, Cuello Murúa apuntó a la situación carcelaria, dado que “en Santa Fe no tenemos un servicio penitenciario federal, así que a los detenidos hay que alojarlos en la jurisdicción local, con un cupo de 50, y hay más de 500. Entonces a las personas con prisión preventiva hay que alojarlas en el interior del país. A esto hay que normalizarlo porque sabemos que las principales bandas criminales están comandadas desde los servicios penitenciarios. Por eso se necesita un abordaje sistémico que también corresponde fortalecer”.

Otro aspecto que planteó el especialista en derecho tributario, magister en derecho penal y diplomado en litigación penal, fue el de los tratados internacionales de protección de la mujer y la problemática de mujeres y mujeres madres vinculadas con el delito, dado que “cuando ordenamos una detención domiciliaria hay que optimizar esos controles para saber qué hacen, de qué viven, y lo que vemos en general es la reincidencia en el delito de estas mujeres”, alertó desde un enfoque social, en tanto que renovó el llamado a “institucionalizar los barrios” en los que se desbarata el accionar de una banda criminal, dando participación a las iglesias y gobiernos locales, para que puedan ocuparse de esas familias y personas en conflicto con la ley penal.

Majul, por los abogados

La presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul, consideró indispensable aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado por la Ley N° 27.063, que establece el sistema acusatorio adversarial y de juicio por audiencias orales, que “desde los cinco Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe consideramos ajustado a la Constitución, más transparente y apto para brindar respuestas judiciales de calidad a los justiciables”.

Y amplió: “Dicho sistema, para poder ser implementado, requiere ineludiblemente reforzar y rediseñar la arquitectura institucional de la Justicia Federal santafesina, creando nuevos cargos y reasignando funciones. Sobre todos estos puntos expusimos en este encuentro en Diputados, resumiendo las necesidades de nuestra región y solicitando a los diputados nacionales del resto del país que apoyen este proyecto firmado por los 16 diputados santafesinos que representan a todas las fuerzas políticas de nuestra provincia”.

“Mi exposición fue realizada en representación de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia y en especial por el nuestro, y en este punto reclamamos que tengan presente que la provincia no termina en Rosario”, afirmó la dirigente sureña.

 

Mirabella, muy crítico

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, ratificó que “la situación de la Justicia Federal en Santa Fe es muy delicada. Su estructura no se modifica desde hace 40 años”, señaló el legislador.

“De los 34 cargos que posee la jurisdicción, nueve están vacantes. De los diez juzgados de primera instancia, sólo seis tienen titulares. Hace seis años que tenemos dos vacantes en la Cámara Federal. Hace siete años que está vacante el Juzgado Federal 1 y hace cuatro que está vacante el Juzgado Federal 2 de Rosario”, detalló.

“Este proyecto apunta a tener una Justicia federal mucho más ágil, eficiente y acorde para combatir un delito como es la narcocriminalidad. Espero que podamos finalmente darle dictamen y avanzar con la propuesta, que es resultado del trabajo conjunto de todos los legisladores y una política de Estado para Santa Fe. Agradezco los aportes que se expusieron en esta Comisión, porque nos permite tomar decisiones más acertadas”, concluyó Mirabella.