Presentación penal ante el MPA
Denuncian torturas en Piñero y el gobierno dice "que dirima la Justicia"
Desde el gobierno provincial señalaron "Desde el 11 de diciembre, los presos ya no hacen más home office desde la cárcel y hay grupos que estas medidas no les gustan", y ampliaron: "El servicio penitenciario no avala hechos de tortura"
La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, confirmó a El Litoral la presentación de dos denuncias penales contra el Servicio Penitenciario por presuntas torturas y vejaciones ejercidas en el marco de requisas realizadas en los penales de Piñero y Pérez. Los escritos ingresaron formalmente el jueves ante la Unidad Fiscal de Violencia Institucional de Rosario. Varias carillas recogen testimonios de internos de alto perfil e informes de médicos forenses, sobre lesiones producidas y "tratos inhumanos" practicados en requisas hacia fines de febrero y principios de marzo. Estas últimas fueron a horas de la balacera producida contra un micro que transportaba agentes penitenciarios. Como se sabe, tras ese atentado, se produjeron cuatro crímenes de personas inocentes en Rosario.
"La denuncia por torturas y hurto agravado abarca hechos sucedidos en los pabellones 7 y 8 de Piñero. Contiene la descripción que han hecho algunas de las personas que estuvieron dispuestas a dar testimonio, además de los reportes del Instituto Médico Forense, cuyos profesionales han constatado todo tipo de lesiones en las personas allí alojadas", comentó. La funcionaria sostuvo que se ofreció al Ministerio Público de la Acusación "material fotográfico y certificaciones médicas, proponiendo medidas para que se investigue este hecho y se haga lo que corresponde cuando hay hechos de violencia institucional o tratos inhumanos degradantes", planteó. "En esos casos –sostuvo-, el Estado tiene la obligación de investigar de una manera oportuna, en plazos razonables, de manera exhaustiva, independiente e imparcial, garantizando el acceso a la justicia de las víctimas para, luego de la investigación, someter a proceso y eventualmente sancionar o condenar a quienes sean responsables de esos hechos. Nuestra postura fue pedirle al MPA que investigue", resumió.
- ¿Están justificadas estas prácticas en pabellones de alto perfil?
- No, no hay ninguna justificación en ningún caso. El uso de la fuerza y de todo trato inhumano, degradante y humillante está prohibido tanto por las normas legales, como constitucionales y convencionales. No hay justificación para ello.
- ¿Podría llegar a Santa Fe el Comité Nacional para la prevención de torturas?
- Es una posibilidad, sí.
Réplica
Desde el Servicio Penitenciario, su titular, Lucía Masneri, dijo a El Litoral que la eventual comisión de los delitos invocados en las denuncias es una cuestión que deberá determinar justicia.
- ¿Qué tiene para decir sobre las denuncias presentadas?
- Esto es parte de lo que venimos sosteniendo respecto de las requisas desde el 11 de diciembre, en el sentido de que los presos ya no hacen más home office desde la cárcel. Entonces, claramente, hay un grupo de ciudadanos a los que estas medidas de seguridad nos les gustan; por suerte, a la mayoría de los ciudadanos sí, porque la gente quiere vivir tranquila. Los presos están presos y en este contexto, y en virtud de algunos dichos vertidos por la Defensa, quiero aclarar que los presos están legítimamente presos a través de una orden judicial, y en el marco de un proceso en el que ellos (los defensores) han intervenido. Hay que poner las cosas en ese contexto. Es llamativo que molesten las requisas a los internos de alto perfil; no al resto. Estamos hablando de homicidas, de narcocriminales. Entonces, nuestro planteo es que las requisas están hechas como medidas de seguridad. Y a esto lo vamos a debatir en Tribunales, como corresponde, ante la Justicia. Nuestra postura es que las requisas van a seguir existiendo, al igual que las medidas de seguridad, porque tenemos muy presente que las órdenes (para delinquir) salen de las unidades penitenciarias.
- Las requisas son indiscutiblemente necesarias. La pregunta es si en ese marco se cometieron actos de tortura como los que se están denunciando… ¿Cuál es la respuesta?
- Hasta hoy, la Justicia no está de acuerdo con ese planteo, porque todos los Hábeas Corpus que tuvieron audiencia, fueron rechazados. Por eso digo que estamos y vamos a dirimir el tema en la Justicia.
- ¿Le consta como titular del Servicio que se hayan ejercido prácticas como las que se narran en la denuncia? Se habla de vejaciones, torturas, picanas…
- Se ve que ellos trabajan en un lugar donde la corriente eléctrica funciona mejor que en Piñero (sic). Incluso hay frases (en la denuncia) que ni siquiera sabemos a qué refieren. Por lo tanto, la discusión se está dando en la Justicia y en ese ámbito, los recursos (de Hábeas Corpus) se vienen rechazando. No es una cuestión que consideremos opinable; es una cuestión judicial.
- Precisamente, como no es opinable, la consulta es si los hechos existieron o no… ¿Hubo torturas al momento de las requisas? Porque la requisa es legal, no así la tortura...
- Eso es lo que se analiza judicialmente. Para la Defensa, tortura es que no ingresen más de un kilo y medio de comida por interno, o que las cárceles estén superpobladas. Esto es una discusión judicial, porque esos son sus planteos, pero nosotros no estamos de acuerdo. El punto está en la seguridad de las personas y en que vemos que las órdenes (para cometer delitos) salen de las unidades penitenciarias. Ayer se detectaron teléfonos en la Unidad Seis desde los que se hicieron amenazas a funcionarios y medios de comunicación. Eso sale de las cárceles; por eso las medidas de seguridad son extremadamente necesarias. ¿Hay grupos a los que no les gusta? Sí, los hay.
- ¿En el marco de esas requisas rigurosas, se permitieron desde el Servicio Penitenciario actos que no son legales?
- No no, de ninguna manera.
- ¿Le consta eso, al margen de lo que se dirima en la Justicia?
- Son dos cosas diferentes. Si la pregunta es '¿se permitieron'?, la respuesta es 'por supuesto que no'. Esto ya lo ha dicho incansablemente el gobernador. Ahora, si ocurrió lo que dicen los internos, eso es lo que está sujeto a una investigación judicial.
- ¿Ustedes avalan este tipo de prácticas, si la Justicia confirma los hechos?
- Por supuesto que no. Ya lo sostuvo el gobernador en campaña innumerable cantidad de veces.