Diputados devolvió al Senado dos proyectos de ley sobre Seguridad para Santa Fe

La declaración de una nueva Emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario en la provincia deberá esperar algunas semanas debido a las discrepancias entre las Cámaras de Diputados y el Senado sobre los alcances que deberá tener el nuevo texto. La Cámara Baja votó este jueves -por unanimidad- un despacho que agrega más de una docena de artículos al dictamen aprobado por la Cámara Alta que había incorporado una docena de artículos al mensaje original del Poder Ejecutivo. Entre otros cambios, dispone la creación de 300 cargos para el Ministerio Público de la Acusación, destinando la mayoría de ellos al Organismo de Investigaciones.

Diputados votó sobre tablas y por unanimidad el tema y lo giró en forma inmediata al Senado para que se pronuncie. A esa hora, se daba por levantada la sesión de la Cámara Alta en medio de desacuerdos entre la mayoría justicialista y la minoría radical en habilitar o no el tratamiento sobre tablas -se necesitan mayorías especiales- de proyectos de ley como el cupo de participación de cooperativas de trabajo en obras públicas y una reforma a la orgánica de escribanos.

En tanto, el Poder Ejecutivo miraba con preocupación el dictamen de Diputados sobre Emergencia en Seguridad Pública. “Es más un programa de gobierno que una ley de Emergencia”, se quejaba un funcionario del Ministerio de Gobierno que seguía las alternativas en los pasillos de la Legislatura.

El dictamen final que llegó al recinto de Diputados fue el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hizo agregados al texto de la Comisión de Seguridad que este jueves anticipó El Litoral e incluyó -entre otras cosas- normas de protección para los trabajadores de delivery. Ese proyecto fue votado por los 42 legisladores presentes y solos la bancada justicialista y el bloque Igualdad pidieron abstenerse en los alcances temporales que tendrá. “Declárase el Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario en la Provincia de Santa Fe, en los términos y con los alcances establecidos en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2025. Queda facultado el Poder Ejecutivo a prorrogar su vigencia por el plaza máximo de un año, dictando un decreto a tales efectos”, reza el artículo primero.

No hubo discursos para fundamentar un tema sobre el cual la Cámara viene hablando desde hace tiempo. Ahora, el Senado deberá resolver si insiste con su texto o valida el reformado. En la Cámara Baja se demostró que tiene los dos tercios para insistir y hay dudas sobre si el justicialismo tendrá esa número en una eventual quinta revisión que establece la Constitución.

Uno de los artículos claves votados en la posible ley le otorga una serie de facultades al Ministerio de Seguridad para actuar durante la emergencia que van desde los salarios policiales, las refacciones edilicias, renovación del parque automotor y compra de tecnología. Más adelante crea el Centro de Análisis de Información Penitenciaria, “que tendrá como objetivo la recopilación de información planificada en forma objetiva, estratégica y operativa, para detectar la actividad de personas privadas de la libertad, de las visitas, del personal penitenciario y de las organizaciones que planean o se involucran en actividades delictivas que puedan considerarse una amenaza al orden y a la seguridad interna o externa de un establecimiento penitenciario y a la seguridad pública”. También ordenar formar el “Programa para el Fortalecimiento de Áreas Investigativas”, destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y habilita la creación de 250 cargos de planta permanente para reforzar el personal dependiente del Organismo de Investigaciones, y 50 cargos de planta permanente de categoría auxiliar para el MPA.

Una cláusula transitoria ordena también crear la Comisión Interinstitucional para el Fortalecimiento, Modernización y Reforma del Servicio Penitenciario para elaborar un conjunto de iniciativas orientadas a la modernización normativa, la generación de recomendaciones y protocolos de actuación del personal penitenciario; establecer lineamientos para la planificación estratégica del Servicio Penitenciario en materia de infraestructura, condiciones laborales del personal penitenciario, programas y acciones para resocialización de las personas en condiciones de encierro, entre otras.

Peligrosidad

Con dictámenes de comisión y con la sola abstención de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista), Diputados insistió con su proyecto original sobre la modificación de tres artículos del Código Procesal Penal referidos a la peligrosidad procesal de la portación, sin autorización, de armas de fuego. Es una iniciativa de Oscar Martínez (Frente Renovador) al cual el Senado introdujo algunos cambios que no aceptó la Cámara Baja. Ahora, el expediente volvió al Senado.