Diputados nacionales podrían sesionar para tratar el proyecto de deudores UVA
Por César Rodríguez
La Cámara de Diputados de la Nación podría volver a reunirse para sesionar la semana próxima y en la agenda figura, como tema central, el proyecto de ley que busca aliviar la situación de los deudores hipotecarios de créditos UVA.
Además, se podría incorporar el debate de la ley “Olimpia” contra la violencia digital de género, el nuevo régimen de producción orgánica, la ley “Nicolás” de seguridad del paciente, el régimen especial previsional para brigadistas de incendios, la regulación del ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos, el proyecto de Trazabilidad de la Pesca y el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Son todos temas que tienen despacho de comisiones.
El uso del potencial tiene su razón de ser: si bien el Frente de Todos tiene la determinación de sesionar, surgen dudas a partir de los reparos que tiene la oposición respecto a algunos dictámenes impulsados por el oficialismo.
Por esa razón, se tantea como fecha posible de reunión el 5 de julio aunque “recién se está empezando a hablar”, admitió el jefe del bloque oficialista Germán Martínez.
Deudores hipotecarios
Respecto del primero de los temas, el proyecto consensuado entre el Frente de Todos y la UCR crea el nuevo “Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI”, el cual garantiza que la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomará en cuenta el índice mensual que de más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la “Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC que mide la inflación promedio.
Por otra parte, se dispone que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores.
En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1° de enero de 2023.
A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” que tendrá como finalidad compensar los descalces entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo.
En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.
En parte, dicho fondo compensador será financiado “con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”, detalla el dictamen de mayoría.
Encabezado por el diputado Martín Tetaz (Evolución), un sector de la oposición (que también incluye al PRO y la Coalición Cívica) firmó un dictamen alternativo con diferencias respecto al despacho de mayoría.
Violencia digital
La “ley Olimpia”, en tanto, surge de una síntesis de los proyectos de Mónica Macha (Frente de Todos) y Danya Tavela (Evolución) y busca modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26.485 para tipificar como delito la figura de la violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material sexual.
A su vez, la normativa habilita a los jueces a la remoción del contenido íntimo del entorno digital, y busca evitar interpretaciones de la ley que no favorezcan a las víctimas.
La iniciativa fue presentada en julio pasado con la presencia de la ex ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y está inspirada en la “Ley Olimpia” que se sancionó en México en 2021 en homenaje a una joven mexicana que fue víctima de “porno extorsión” y “porno venganza” por parte de una ex pareja.
El resto del temario
Otro proyecto que está listo para ser votado en el recinto es el que crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. Es un proyecto del oficialista Ramiro Fernández Patri que obtuvo dictamen las comisiones de Economías y Desarrollo Regional, y Presupuesto y Hacienda.
El bono de crédito fiscal es equivalente al 70% de la totalidad de las contribuciones patronales, y se puede utilizar para la cancelación de tributos nacionales, y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias.
En tanto, la ley “Nicolás” sobre Seguridad de Paciente tiene como finalidad mejorar la atención, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. La iniciativa, que tiene como autor al radical Fabio Quetglas, prevé la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.
El Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a ENOHSA alcanzará exclusivamente a créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos BID que no hayan sido cancelados al momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
También llegaría al recinto el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales o rurales cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Beneficiaría a casi 900 personas entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y brigadistas provinciales, que pasarán a gozar del 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese laboral.
Por último, el proyecto de trazabilidad de la pesca establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.
