Discapacidad: el Concejo venadense pide informes y apoya la emergencia

En su sesión ordinaria de este miércoles al mediodía, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad dos importantes proyectos de resolución que buscan visibilizar y atender la delicada situación que atraviesan las personas con discapacidad en todo el país y, en particular, en la ciudad.

Ambas iniciativas, impulsada por el septeto oficialista Unidos, fueron consensuadas entre los distintos sectores y reflejan una preocupación compartida por la falta de respuestas concretas por parte de organismos nacionales, así como por las consecuencias que están generando los recientes procedimientos de revisión de pensiones no contributivas y el congelamiento de los aranceles que perciben los prestadores de servicios en discapacidad.

Auditorías: piden explicaciones a Anses

El primero de los proyectos aprobados en Sarmiento y Alem pone el foco en las auditorías iniciadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad. Las mismas comenzaron a aplicarse en este mes de abril y ya generaron múltiples inquietudes entre los usuarios del sistema en Venado Tuerto.

Según se detalla en los considerandos de la resolución, muchas personas recibieron cartas documento exigiendo la actualización de su información clínica, pero en numerosos casos estos documentos no pudieron ser entregados por errores en los domicilios registrados. Esta situación no solo ocasiona demoras, sino también una gran confusión entre los beneficiarios, quienes en muchos casos no cuentan con la orientación necesaria para cumplir con el procedimiento.

“Además del estrés que implica este tipo de revisión, muchas familias no tienen acceso a la documentación médica o desconocen cómo presentarla, y esto puede derivar en la pérdida del beneficio sin una causa justa”, señalaron los ediles durante el debate.

Frente a este escenario, el Concejo resolvió solicitar de manera formal a la delegación local de Anses de Lavalle y 25 de Mayo -a cargo de Javier Mellano- un informe pormenorizado que incluya la cantidad de beneficiarios auditados, los criterios de evaluación utilizados, el personal y los equipos técnicos responsables, los plazos establecidos y la modalidad de acompañamiento prevista. Asimismo, se remarcó que el propio Mellano había sido invitado previamente a brindar explicaciones ante el cuerpo deliberativo, pero no asistió.

Respaldo al proyecto de emergencia nacional

La segunda resolución aprobada fue impulsada por la concejala del Partido Socialista (Unidos), Micaela Meinero, y plantea un respaldo explícito al proyecto de ley nacional que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

El texto hace un fuerte diagnóstico de la situación: "Las pensiones están en riesgo, los aranceles de los prestadores están completamente desactualizados, el empleo protegido no recibe respuestas y los servicios e instituciones esenciales para el colectivo de personas con discapacidad están al borde del colapso", resume.

De acuerdo a lo señalado, desde diciembre de 2024 no se realizaron actualizaciones en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, y la última suba fue de apenas un 0,5%. Esto deterioró notablemente las condiciones económicas de quienes trabajan en el área y afecta la calidad de las prestaciones.

El proyecto de emergencia, impulsado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya cuenta con dictamen favorable en las comisiones de Salud y Discapacidad del Congreso Nacional. Además, este miércoles 23 de abril está previsto su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, paso clave para su avance legislativo.

Entre las medidas propuestas se incluyen la actualización mensual de los aranceles conforme al índice de inflación, la protección del financiamiento de las pensiones y programas de atención integral, y la participación activa de organizaciones del sector en el diseño de políticas públicas inclusivas.

Exigencia de acción y compromiso

Ambos proyectos fueron aprobados sin objeciones, reflejando un consenso legislativo local sobre la necesidad de actuar de forma urgente. “Estamos frente a una situación límite. No se trata solo de números o estadísticas, sino de personas que ven vulnerados sus derechos fundamentales”, expresó Meinero durante la sesión.

Por su parte, otros ediles remarcaron la importancia de acceder a información clara para poder cumplir el rol de control y acompañamiento que les compete como representantes de la ciudadanía. “El Estado debe ser garante de derechos, no una fuente adicional de angustia para quienes ya enfrentan condiciones difíciles”, concluyeron.