Discapacidad: piden que la obra social provincial respete el nomenclador nacional de prestaciones

(Por Mario Cáffaro) – “La ley que vamos a votar es una obviedad, pero pedimos que no se vaya contra la gente”, se sinceró el socialista Joaquín Blanco antes de que se votara un proyecto de ley ordenando al Iapos que reconozca las prestaciones básicas para personas con discapacidad. En la barra una docena de prestadores y algunos familiares de personas con discapacidades aplaudían a los sucesivos oradores que fundamentaban el voto a un proyecto de ley de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) al que Amalia Granata (Movimiento Integral Somos Vida) pidió agregar su firma.

Fue el primer proyecto votado y aprobado por unanimidad en la sesión de la Cámara de Diputados, la última previa a las Paso del 16 de julio. El texto apunta a establecer el mecanismo para la cobertura total de todas las prestaciones básicas de las personas con discapacidad afiliadas al Iapos con carácter de obligatoriedad. La clave está en el artículo 2 que dispone que “los aranceles que debe abonar el Iapos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, son determinados por el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, conforme el Convenio de Adhesión 1158 registrado en fecha 7 de marzo del año 2000, Folio 81, Tomo III, en el Registro de Tratados, Convenios y Contratos Interjurisdiccionales”. El último artículo ordena que esos aranceles deben ser pagados y liquidados en un plazo de entre 30 y 45 desde la prestación efectiva.

Palo Oliver fue el encargado de explicar las razones por las cuales llegaba al recinto una iniciativa presentada en octubre del año pasado y dictaminada por las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Recordó que, por el convenio de marzo del 2000, la provincia a instancias del entonces gobernador Carlos Reutemann sumó a la provincia al sistema de protección a personas con discapacidad dispuesto en la Ley Nacional N° 24.901. Eso fue ratificado por la Ley 11.814. Por las disposiciones, las obras sociales “tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas”.

Afirmó Palo Oliver que “por elementales razones de igualdad y no discriminación, un discapacitado en la provincia de Santa Fe no debe contar con una cobertura menor que la que tienen los adheridos al sistema nacional, atento a que el Estado Provincial adhirió a él y dictó normas propias tendientes a brindar idéntica protección”. Según el legislador, hoy Iapos paga un 30% menos que el nomenclador y con demoras de 90 a 120 días. “La obra social hace una interpretación caprichosa de la norma y pone en peligro las prestaciones al 2% de sus afiliados que son los que padecen alguna discapacidad”, acotó.

Enseguida Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) salió a apoyar el texto y remarcar que las demoras en los pagos a profesionales redundan en los niños y en los familiares que deben peregrinar para conseguir prestadores. “Se habla de integración, pero hay cada vez más barreras. Cambiemos la mirada sobre discapacidad. Las barreras las pone el Iapos cuando paga menos de lo que corresponde”, acotó la legisladora que tiene uno de sus hijos con un cuadro de discapacidad.

Granata además de pedir firmar el texto celebró que “la Cámara vote prioridades para lograr inclusión real”. Sobre el final Blanco afirmó que los avances y la jerarquización que hizo del área discapacidad el Frente Progresista se perdieron en estos tres años de gobierno. “Todo se perdió, no se puede reconocer una sola política para con este colectivo” , afirmó. Después el tablero electrónico reflejó el resultado de la votación: 36 votos positivos, ninguna abstención y ningún voto negativo.

Citación

Sobre tablas, la Cámara de Diputados votó la resolución por la cual citan a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, a concurrir al recinto para que brinde detallada información y estado de situación en relación al funcionamiento de la secretaría a su cargo.

La citación fue propuesta por la socialista Gisel Mahmud, votada por unanimidad, pero sin fecha por lo cual se haría después del receso invernal.

Tres leyes

La Cámara de Diputados completó la sanción de tres leyes siguiendo textos validados anteriormente por el Senado. Dos proyectos y la aceptación de un veto con texto alternativo propuesto por el Poder Ejecutivo.

Sobre tablas, la Cámara baja repitió los alcances de una ley que se viene repitiendo año y año. Se trata de autorizar a los municipios y comunas -excepto Santa Fe y Rosario- a utilizar hasta el 50% de los recursos que le corresponden por la ley de Obras Menores para gastos corrientes. La norma es reclamada por intendentes y presidentes comunales para llegar al fin de sus mandatos sin complicaciones a la hora de afrontar el período electoral.

También Diputados sancionó una norma eximiendo del pago del Impuesto Inmobiliario y la suspensión de juicios iniciados por deudas hasta el 31 de diciembre al fideicomiso Loteo Villa Don Carlos en Villa Constitución.

Finalmente, la Cámara de Diputados aceptó el veto y el nuevo texto escrito por el Poder Ejecutivo a una ley que preveía otorgar el 10% del cupo de la obra pública santafesina a cooperativas de trabajo. El mensaje de veto propositivo del Poder Ejecutivo prácticamente reescribe la norma sancionada en mayo. De 21 artículos del original, eliminó 4 y modificó otros 15. Las dos cámaras avalaron esos cambios y también es ley de la provincia.

Unanimidad

Como anticipara El Litoral, en la sesión de este miércoles, Diputados aprobó y giró en segunda revisión al Senado la adhesión santafesina a la llamada Ley de Talles sumándose al llamado Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria. También una norma para la prevención y el control de enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos con el fin de promover una estrategia de gestión integrada, objetivos sanitarios y acciones para evitar, contener y prevenir la multiplicación de casos de Dengue, Zika y Chikungunya. Finalmente votó la creación de formación en programación cuyo objeto es promover la educación en programación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.