Discapacitados: obligan a 734 beneficiarios a viajar hasta 430 kilómetros para un control médico

Con números precisos, copia de las cartas documento recibidas por los beneficiarios que pueden perder esas ayudas del Estado nacional y unos muy duros conceptos, el senador por el departamento 9 de Julio de la provincia de Santa Fe, Joaquín Gramajo (Unite), describió lo que ha desatado en varias localidades norteñas una decisión del gobierno nacional, "puesta en marcha desde algún escritorio en la ciudad de Buenos Aires muy ajena a la realidad del interior del país, por parte de este gobierno unitario".

El legislador explicó que fueron citados bajo riesgo de perder sus beneficios, telegrama de curso legal mediante, 473 ciudadanos que ya habían completado, mediante la declaración jurada y los trámites que se exigieron en gestiones anteriores lo necesario para poder tener una ayuda del Estado Nacional.

El envío estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad que ha iniciado un proceso de auditoría que le ha dado resultados: se otorgaron en el pasado miles de ayudas a quienes no lo necesitaban, lo que por supuesto, atenta contra el propósito de fomentar los derechos de las personas con discapacidad.

El senador Joaquín Gramajo reclamó que los controles sean en lugares accesibles y cercanos. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El senador no se opuso a que un nuevo examen médico (está claro que se han encontrado miles de pensiones truchas por discapacidad en todo el país) y se mostró partidario de que verifique si realmente se trata de personas que necesitan de esos recursos nacionales, pero advirtió que no ha tenido en cuenta algo elemental, que de Tostado a Rafaela hay 270 kilómetros, desde Villa Minetti, 350 km; Santa Margarita 400 km y de Gregoria Pérez de Denis 430 km.

Aclaró que según la carta documento que llegó a sus vecinos, "quien no se pueda presentar tendrá que ir a la Anses" pero advirtió que "solo hay una oficina en el departamento en Tostado".

"Indignante"

"Es una aberración este tipo de actitudes donde citan a personas que la mayoría está en una situación de extrema vulnerabilidad, de pobreza, no tenemos medios de transporte para poder llegar en forma directa. Los turnos son los días 14, 15 o 16 de abril y con el horario ya dispuesto.… Es decir que la gente ni siquiera tiene la posibilidad de determinar a qué hora pueda ir. Es indignante", expresó.

Se preguntó por qué motivos no se autorizan "a los efectos públicos provinciales de Salud que tenemos en el departamento para hacer los controles médicos correspondientes para verificar si existe o no un grado de discapacidad que requiere la ayuda estatal" y reclamó "esto escapa al sentido común". Y agregó: "en muchos, muchísimos casos, estas personas no se pueden mover si no es con un acompañante". Así, el costo de un traslado a Rafaela se duplica.

El reclamo apunta a una decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Crédito: Flavio Raina

"No son precisamente personas que se enriquezcan con estas pensiones, por eso mediante una comunicación cuya aprobación agradezco a mis pares, solicito al Poder Ejecutivo Provincial que pueda interceder ante este organismo para que se hagan los controles en un lugar accesible, en donde vive la gente. Tranquilamente pueden para ello usar todos los efectores de salud de la provincia, que tienen los médicos y la seriedad correspondiente", subrayó.

Las autoridades nacionales "no pueden tomar actitudes de esta naturaleza porque afectan al decoro y a los derechos humanos ", dijo.