Juntos por el Cambio se mostró muy firme en el rechazo del artículo 96 del proyecto de presupuesto nacional, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para subir retenciones, aunque con alícuotas que no podrán superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB.
Dura pelea por las retenciones en el proyecto de presupuesto
“No estamos dispuestos a convalidar la suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo así como está escrito”, advirtió Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura.
El santafesino Luciano Laspina advirtió que “este congreso debe de alguna forma clarificar qué está pasando en materia de retenciones a exportaciones, cuáles son las disposiciones firmes y las delegaciones; queremos garantizar que las retenciones no van a subir”, dijo el vicepresidente de la comisión de Presupuesto.
El PRO planteaba retrotraer las retenciones al campo al 10 de diciembre de 2019, que en el caso de la soja supone una alícuota del 30%. “En trigo y maíz el gobierno tiene márgenes”, advirtió Laspina, quien recordó que no alcanza con el compromiso del secretario de Agricultura, Ricardo Bahillo, para no subir los derechos de exportación a la agroindustria,
Carlos Heller reconoció ayer que, con las modificaciones introducidas al proyecto de Massa, el gasto se incrementó en $320.655 millones “y contando”, ya que habría más erogaciones a incorporar antes de que el texto llegue al recinto.
La oposición no quiere que el gobierno central opere en año electoral con mucho margen de discrecionalidad; esa es la razón por la que condicionaron el apoyo al proyecto al hecho de que -si hay más recaudación por inflación no prevista- el Ejecutivo mande un proyecto de ley complementaria.
Sin embargo, todo recurso “no previsto” en la ley que eventualmente se sancione, queda como gasto “a sola firma” del presidente. Eso y la fuerte presión del kirchnerismo -que amenaza no vomitar el proyecto y reclama más fondos para el distrito de Axel Kicillof- interpela no sólo a la oposición, sino también a los intereses del resto de las provincias.
Cabe recordar que -como bien indicó el informe del CES/BCSF- la provincia de Santa Fe aportó al gobierno central US$2.262,8 millones por retenciones sobre los 6 principales complejos agroindustriales de la provincia de Santa Fe. Cada punto de alícuota que suba la Casa Rosada, es menos para los actores económicos locales y más para la decisión por decreto del gobierno central.
