El Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay emitió este jueves una resolución que autoriza a los comités de gestión de riesgos de los centros educativos a revisar las mochilas y los bolsos de los estudiantes de escuelas públicas, privadas y concertadas.
El Gobierno de Paraguay autorizó a los centros educativos a revisar las mochilas de los estudiantes
La cartera educativa paraguaya consignó -a través de su sitio web- que la medida se fundamenta ante la creciente preocupación en torno a la seguridad en los colegios tras una serie de denuncias sobre un aumento de la presencia de armas y drogas en las instituciones educativas.
Cómo es el procedimiento
En caso de que los centros educativos se acojan a esta medida, deberán comunicar oportunamente a los padres de los alumnos que serán los encargados de realizar tal revisión y siempre ante la presencia del estudiante.
En caso de que durante la inspección se encuentren algunos de los objetos prohibidos, el centro educativo convocará a los padres del alumno en cuestión, se la comunicará la situación a la Policía Nacional e incluso se pondrá en conocimiento de la Fiscalía.
La medida intenta frenar la portación de armas
El ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Nicolás Zárate Rojas, señaló que la mesa de trabajo estará vigente hasta el 15 de agosto, fecha en que asumirá el próximo Gobierno, y que la revisión de mochilas y bolsos será evaluada en un plazo no mayor a 15 días.
Zárate Rojas subrayó que la cartera educativa paraguaya es el órgano rector que debe encabezar acciones en la búsqueda de consolidar la mayor seguridad en escuelas y colegios a nivel nacional.
El funcionario puntualizó que no buscan “crear un estado policíaco-militar ni mucho menos con todo esto, pero debemos escuchar a los docentes, a los alumnos, a los funcionarios, y necesitamos dar una respuesta contundente, clara, donde hemos empoderado a los padres para que ellos a través del Comité Educativo Institucional para la Gestión del Riesgo (CEIGR) puedan hacer las revisiones si la consideran necesarias. No hay una obligatoriedad en la resolución. El consenso es imposible, el ministro tiene atribuciones y las ha tomado”.