El gobierno nacional define otra quita de subsidios para tarifas de gas y electricidad

El gobierno nacional tomará decisiones relevantes para las tarifas de los servicios vinculados al consumo de energía, tanto sobre electricidad como gas natural en redes. Sobre este último sector existe una audiencia pública prevista para el 8 de enero que discutirá aumentos pedidos por las empresas tanto para establecer el precio del combustible en boca de pozo como para la distribución. Y los reclamos van del 350 al 700%. Por otra parte, la Secretaría de Energía de la Nación tiene por delante también que definir con el Ministerio de Economía qué proporción del atraso tarifario heredado y de su propia devaluación trasladará al valor del megavatio, en el sector eléctrico.

En números, el Tesoro Nacional aportó 9.500 millones de dólares en 2023 para subsidiar las tarifas de los usuarios residenciales. En 2022 fueron 12.000 millones de la misma moneda. Se desconoce aún en qué medida el gobierno de Javier Milei reducirá esos aportes del Estado a los hogares.

Todo indica que mantendrá la segmentación tarifaria para otorgar esas ayudas, pero habrá que ver en qué proporción. Obviamente, contra lo que sucede con otros cambios de fondo impulsados por la gestión de La Libertad Avanza, en el caso de los servicios públicos esas decisiones tarifarias no necesitan acuerdo del Congreso. Además, ya son privadas la distribución de la energía eléctrica en el área de la concesión del Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires) que pertenece a la Nación, lo mismo que las concesiones de la distribución del gas por redes que operan compañías privadas por regiones desde los '90.

A esta altura, además, conviene aclarar que aquí se busca comprender cuál será el impacto en las tarifas de los santafesinos de esos dos servicios, gas y luz, sin tener presente lo que suceda con la Empresa Provincial de la Energía. En rigor, la suba ya dispuesta a fines de 2023 es solo el inicio y fue del 9% de acuerdo con la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese. Había margen para subir hasta un 20%, de acuerdo con una resolución de la gestión provincial anterior.

¿En tres años?

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dijo tiempo atrás que esperaba que en tres años se complete la quita de subsidios a la energía en ambos subsectores. Los 9.500 millones de dólares aportados por el Estado nacional representan el 1,7% del PBI argentino.

El objetivo para 2024 es lograr un recorte de aproximadamente 3.500 millones de dólares y bajar así 0,7 puntos del PBI los subsidios.

Esa decisión implica en Santa Fe impactos fuertes entre los hogares sin subsidios, que pertenecen al Nivel 1 que representan el 33,2% de los clientes de la EPE. Se trata de los sectores de mayor nivel de ingresos que en mayo de este año cumplirán un año sin ayudas oficiales para pagar sus consumos eléctricos.

En el Nivel 2 se encuentra la franja más amplia de la población, el 50,5% de los usuarios residenciales de la Epe tiene los más bajos ingresos de la segmentación y cuenta con el mayor nivel de subsidios. En verano, por tratarse de una zona cálida (según un decreto del gobierno nacional anterior aún vigente) se les subsidian los primeros 600 kilovatios por hora de cada mes.

Finalmente, en el Nivel 3 están los minoritarios sectores medios que alcanza al 15% de los usuarios residenciales de la EPE, que mantienen el subsidio menor para el mismo margen de consumos que el N2.

Para cada sector el impacto será diferenciado, pero aún no hay datos. En general se estima que los hogares sin subsidios en el Amba (con tarifas eléctricas más bajas) pagarán unos 50 mil pesos entre luz y agua a mediados de febrero o marzo.

Otra forma de ver el tarifazo que se viene es que hoy en promedio los usuarios residenciales alcanzan a cubrir apenas el 33% del costo de abastecimiento eléctrico, mientras el restante 67% son subsidios del Estado nacional, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires que pertenece a la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet.

La misma fuente sostiene que en el caso del gas, la cobertura de costos del gas natural no alcanza al 100% en ningún segmento de usuarios. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas es del 62% para los usuarios N1, mientras que los usuarios N2 y N3 pagan el 18% y 23% del costo de abastecimiento, respectivamente.

Continuidad hasta de funcionarios

El retiro de los subsidios se inició en el gobierno anterior, "con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía el gobierno comenzó a descongelar tarifas, que hasta ese momento se habían movido muy poco y muy por debajo de la inflación. La implementación de la postergadísima segmentación tarifaria permitió reducir hacia principios de 2023 el nivel de subsidios, llevando las tarifas de gas y energía eléctrica a niveles que permitían cubrir los costos para industrias y usuarios de nivel socioeconómico alto. Los usuarios de sectores medios recibieron subas de tarifas muy acotadas y por debajo de la inflación, y los de sectores populares, o tarifa social, quedaron con las tarifas casi congeladas en términos nominales. La segmentación se conjugó con menores costos de importación de gas, mayor disponibilidad de generación hidroeléctrica, y mayor abastecimiento de gas nacional, permitiendo que el volumen de subsidios pasará del orden de los 12.000 millones de dólares en 2022 a unos 9.500 millones de dólares en 2023", destacó en su balance de gestión Esteban Kiper, el ex gerente general de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, al repasar la gestión energética del Frente de Todos.

En varios artículos en distintos medios, Kiper ha criticado con dureza la ilusión liberal de que habrá inversión privada en infraestructura sin dirección estatal y por el mismo razonamiento destaca especialmente el gasoducto Néstor Kirchner para el futuro energético, que llevó adelante el gobierno anterior. Sin embargo, también ha señalado que el rumbo con el sinceramiento de las tarifas se comenzó a marcar en la gestión pasada.

De hecho, fue Claudia Royón, la ex secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecutora del plan de segmentación tarifaria desde mediados de 2022. Se trata del plan que reclamó poder poner en marcha el ex ministro de Economía Martín Guzmán, y que sí pudo llevar a cabo Massa. Hoy Royón es la secretaria de Minería del presidente Milei.