El gobierno provincial no está dispuesto a ceder la deuda por el traspaso de rutas

El gobierno de Santa Fe no aceptará transigir en sus reclamos por deudas a la Nación, a cambio del traspaso de rutas, que se había comenzado a negociar como una alternativa para hacerse cargo de las reparaciones que necesitan y no se llevan a cabo.

Así lo definió de manera categórica el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de que los funcionarios nacionales añadieran ese condicionamiento a las conversaciones en curso.

En declaraciones formuladas este domingo en una visita a la localidad de Serodino, en el marco de los festejos por los 138 años de su fundación, Pullaro dejó en claro que esa pretensión no es aceptable y, fundamentalmente, que Santa Fe continuará adelante con sus reclamos.

"No está bien que nos quieran cambiar la deuda que tiene Nación por el traspaso de las rutas. No haríamos ningún tipo de negocio. A las rutas no las tendría que agarrar yo, porque me compro un problema. Porque lo que no arreglan ellos lo tendré que arreglar yo. Pero como no lo hacen, alguien lo tiene que arreglar. Porque por allí transitan santafesinos", afirmó el mandatario, en un breve diálogo con la prensa.

Escenario incierto

Tal como informó El Litoral, el pasado miércoles 13, los ministros Lisandro Enrico y Pablo Olivares volvieron a reunirse con funcionarios del gobierno central para avanzar en un convenio que permitiese el traspaso de rutas nacionales a la provincia, ante la decisión de la Casa Rosada de no ejecutar obras ni hacer reparaciones porque "no hay plata" y porque la consigna es no incrementar el déficit fiscal. El encuentro estaba pactado con Martín Maccarone, secretario de Infraestructura de la Nación, y en el devenir de las conversaciones habían intervenido, incluso, el propio ministro de Economía, Luis Caputo; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las rutas que la provincia pretende incorporar como propias y sostenerlas mediante un sistema de peaje son la A012, la ruta 11 y la 33.

Pero para sorpresa de los funcionarios santafesinos, las autoridades de Nación plantearon que el traspaso de los corredores debía ser en simultáneo con la decisión de la provincia de negociar con el gobierno central sus acreencias. Concretamente, que Santa Fe ingrese al Régimen de Compensación de Deudas y Acreencias dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.

Desde la provincia advirtieron de inmediato a este medio que ingresar a esa suerte de "clearing" implicaría que Santa Fe renuncie a la demanda judicial iniciada contra la Nación por la deuda que mantiene Anses con la Caja de Jubilaciones. Pero además, genera un escenario demasiado incierto en términos de plazos.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que durante el anterior encuentro el acuerdo estuvo cerca de concretarse, pero que en esta última reunión surgió el conflicto de la deuda que mantiene la Nación con Santa Fe. Pero "esto puede demorar uno, dos, tres, cuatro años o no darse nunca" aclaró el ministro. En este sentido, remarcó la urgencia de la problemática, "reparar las ruta es urgentes" y aseguró que si Nacion firma el decreto de concesión la provincia cuenta con las condiciones para comenzar en marzo -previa aprobación legislativa- a licitar obra para poner en condiciones las rutas en algunos puntos críticos, "lamentablemente no tuvimos respuesta todavía".

Para la provincia, según confiaron a El Litoral fuentes de la Casa Gris, el precio a pagar es "demasiado alto". En el "paquete" que Santa Fe debería negociar si ingresa al Régimen de Compensación, se incluyen las deudas de Nación por fondos previsionales pero también, los que debe el Ministerio de Seguridad por el mantenimiento de presos federales, y el reclamo para que Santa Fe vuelva a tributar al fondo que se propone para financiar a la AFIP.

"No está bien"

El propio gobernador Pullaro lo expresó públicamente ahora, en la visita a Serodino: "No está bien que nos quieran cambiar la deuda que tiene la Nación con la provincia por el traspaso de las rutas nacionales. No haríamos ningún tipo de negocio. Nos tomamos un problema que es de ellos para resolverlo nosotros y encima nos dicen que la deuda no la tenemos más".

El gobernador también explicó que, aunque la provincia está dispuesta a hacerse cargo de las rutas nacionales debido a la falta de mantenimiento por parte de la Nación, "esto no debe ser a costa de condonar la deuda", como propuso el gobierno nacional. "Vamos a reclamar y vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Bajo ningún concepto vamos a entrar en un toma y daca por la deuda. La deuda nos la tienen que pagar", afirmó.

Durante su discurso, Pullaro hizo varias referencias específicas a las rutas nacionales que pasan por Santa Fe y los problemas asociados con ellas. Sobre las RN 11 y 33 mencionó que "fueron prometidas como autovías durante años", pero ninguna de las dos se concretó.

El reclamo por el estado de las rutas santafesinas mereció una serie de manifestaciones de los pobladores, e incluso un fallo de la Justicia Federal. Según esa disposición, dictada en los últimos días de octubre, "en un plazo de tres meses", Vialidad Nacional deberá ejecutar las "reparaciones completas", junto con la implementación de señalización de seguridad y desvíos para prevenir accidentes en la ruta nacional 11, cuya traza, paralela al río Paraná, une Rosario con Reconquista, según lo dispuesto por la jueza Federal subrogante de Reconquista, Zunilda Niremperger. La resolución atañe al tramo Vera-Malabrigo, de la ruta nacional 11, el considerado crítico por quienes transitan por esa vía, entre los kilómetros 724 y 752 .

El gobernador explicó que Santa Fe tiene un plan para hacerse cargo de las rutas nacionales mediante un sistema concesionario de peaje. Este sistema permitiría realizar las obras necesarias y mantener las rutas, similar a lo que se hace en otros países del mundo.

Respecto a las finanzas provinciales, dijo que Santa Fe logró un equilibrio fiscal y que está invirtiendo en obras públicas con recursos propios. Mencionó que el presupuesto para el próximo año incluye 1.500 millones de dólares en obras públicas, el más alto de los últimos 20 años.