El kirchnerismo acude a la consulta popular para aprobar sus proyectos
A sabiendas de que en la Cámara de Diputados el oficialismo perdió en las últimas elecciones la mayoría para poder aprobar leyes que son rechazadas por la oposición, el kirchnerismo desempolvó proyectos de consulta popular vinculante con el objetivo de que sea la ciudadanía la que defina sobre temas trascendentales para la vida democrática.
Cada vez que el kirchnerismo logra aprobar una iniciativa en el Senado, luego choca de frente en Diputados porque allí no le alcanzan los votos propios, y ni siquiera sumando a los pocos aliados que le quedan de bloques minoritarios.
Por ejemplo, el 28 de agosto del 2020, en plena pandemia de coronavirus, el oficialismo aprobó en el Senado un proyecto de reforma judicial que apuntaba a reordenar la justicia penal federal y a crear juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias. Nunca llegó a tratarse en Diputados, donde quedó sepultado en el cofre de los recuerdos.
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, aprobado el 7 de abril pasado, no tuvo mejor suerte y también quedó cajoneado.
Lo mismo podría esperarse del proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para que el Estado recupere una parte de los dólares por bienes no declarados en el exterior, y hacerse de esos recursos para destinar a la cancelación de la deuda con el FMI. El proyecto consiguió el jueves pasado 37 votos afirmativos contra 31 negativos en el Senado.
El problema es que no hay tierra fértil en Diputados para que avance, a raíz del rechazo del interbloque Federal, un actor clave que en muchas ocasiones vota en línea con Juntos por el Cambio.
La excepción fue a fines del año pasado con la ajustadísima aprobación de la reforma del impuesto a los Bienes Personales en Diputados, donde el Frente de Todos logró imponerse por un solo voto, aprovechando el faltazo de tres legisladores de Juntos por el Cambio. En condiciones normales, eso no habría sucedido.
Bajo la manga
Por eso, Parrilli reflotó el proyecto que había presentado en noviembre pasado para flexibilizar los requisitos para habilitar las consultas populares vinculantes, y le pidió al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, que arbitre los medios para avanzar con la iniciativa.
Según el texto de la reforma planteada por el neuquino, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Cámara de Diputados “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.
La propuesta de Parrilli incluye un cambio en la mayoría necesaria para convocar a consultas populares vinculantes: “Deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presente en cada una de las Cámaras”, en lugar de la “mayoría absoluta” que prevé la legislación actual.
En los fundamentos de su iniciativa, el senador kirchnerista de Unidad Ciudadana recuerda que “lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha sido sometida a la opinión popular”.
Con las elecciones
La jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, también presentó un proyecto similar, con la particularidad que establece que la fecha de la consulta popular, cuya participación es optativa- coincida con la de las elecciones nacionales, que son obligatorias.
Según sostiene la senadora kirchnerista, esta modalidad permitirá transparentar el pensamiento de los candidatos sobre los temas de trascendental importancia que se pongan en consideración en la consulta popular, de manera tal que la ciudadanía pueda tener esa información a la hora de votar.
Aborto y piquetes
La posibilidad de hacer una consulta popular vinculante fue planteada en un proyecto de 2018, para destrabar el debate sobre el aborto. Actualmente hay un proyecto de Martín Tetaz, firmado por otros legisladores (entre ellos Mario Barletta) para regular la protesta social, permitiendo la circulación.
De qué se trata
Una consulta popular es un mecanismo de democracia semidirecta incorporado a la Constitución nacional en la reforma de 1994 (artículo 40) y reglamentado en 2001 por la ley 25.432, aunque hasta ahora no se aplicó.
La ley 25.432 estableció dos tipos de consulta:
1) La vinculante, que es convocada por el Congreso para someter al pueblo un proyecto de ley y cuyo resultado obliga al Gobierno.
2) La no vinculante, que puede ser promovida por el Congreso o el Poder Ejecutivo.
La Constitución precisa que la consulta popular es vinculante (las autoridades deben acatar su resultado) sólo si nace de una convocatoria de la Cámara de Diputados, no así si fue propuesta por el Senado o por el Poder Ejecutivo.
A través de la consulta popular se le pide la opinión a la sociedad sobre una determinada ley o política (en esos casos se denomina referéndum), o bien sobre cuestiones de Estado excepcionales (conocido como plebiscito), como, por ejemplo, la anexión o la cesión de determinado territorio al país.
Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional reconoce además la iniciativa popular, que le otorga a todos los ciudadanos el derecho de presentar proyectos de ley ante el Congreso, pero para eso se le exige respaldarlos con las firmas del 1,5% del padrón electoral nacional, distribuidas al menos en seis provincias del país.
Sólo luego de un proceso de verificación de firmas, el proyecto llegará al Congreso, que dispondrá de un año para aprobarlo o rechazarlo.
El plebiscito del Beagle
En la Argentina sólo se utilizó una vez el plebiscito, para aprobar la celebración de un tratado con Chile por el conflicto del Canal de Beagle, en el año 1984.
En aquella ocasión, el presidente Raúl Alfonsín argumentó: “Queremos que todos los argentinos participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que constituye un elemento de tensión con Chile hace un siglo. Es un problema territorial, no una ley más”.
El uso del plebiscito fue reprobado por el justicialismo, no obstante que el 25 de noviembre de 1984 el “Sí” obtuvo el 81,13% de los votos.
Los cancilleres Dante Caputo (Argentina) y Jaime del Valle Alliende (Chile) firmaron el Tratado de Paz y Amistad, el 29 de noviembre, en el Vaticano.
Argentina reconoció la soberanía chilena sobre las islas al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, salvo las situadas al norte del Canal de Beagle, y el Estrecho de Magallanes. A cambio, Chile, gobernado por el dictador Augusto Pinochet, limitó la proyección hacia el Atlántico que el derecho internacional le otorgaba a su archipiélago austral.
